A diferencia de años anteriores, la discusión sobre el presupuesto de la nación 2023 se dará en un contexto de crisis económica y política, que pone en un escenario de incertidumbre el proceso de discusión. 

En lo macroeconómico, tanto el FMI como el Banco Mundial concuerdan que Chile será la economía de peor desempeño de la región, con una tasa de crecimiento de no más allá del 1%, donde países como Venezuela, Nicaragua o Argentina crecerán más que nosotros. Mientras que en lo político, el contexto de discusión presupuestaria se dará en medio de una crisis institucional donde el Congreso busca resolver el problema constitucional luego del triunfo del Rechazo el 4-S. 

Ambas variables resultan relevantes, pues en lo económico el Gobierno buscará intentar contener la crisis mediante un aumento del gasto público, el que se refleja en un incremento de un 4,2%, dejando atrás la caída histórica proyectada de un 24,1%. Y si bien los ejes del presupuesto -seguridad, protección social y reactivación económica- parecieran estar alineadas con las demandas ciudadanas, resulta llamativo que no se vislumbran espacios de gestión pública para el rediseño de programas y políticas mal evaluadas, sobre la base de un gasto con mayor eficiencia y eficacia. 

En ese sentido, ha sido la Dirección de Presupuesto la que por años, mediante la Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG) y la Evaluación del Gasto Institucional (EGI), entre otros instrumentos, ha puesto la alarma sobre el mal desempeño de muchos de ellos, los que en su conjunto representan más de un 4% del PIB y que no parecieran cambiar mucho en el comportamiento de su enfoque y gasto a pesar de las señales de dicha institución. 

A modo de ejemplo, los Programas Despega MIPE, Hospital Digital, Inserción de Investigadores y el Programa de Capacitación y Transferencia Tecnológica Pequeña Minería Artesanal (PAMMA), entre otros, obtuvieron un bajo o mal desempeño durante la ejecución presupuestaria del 2022. Las correcciones y cambios de criterios que puedan tener dichos programas, dependerá en parte de la capacidad de discusión que tengan nuestros parlamentarios, con el fin de mejorarlos o bien, disminuir los recursos en las partidas correspondientes.

Así, se hace evidente la necesidad de contar con una mejor institucionalidad, ya sea una Oficina de Presupuestos dependiente del Congreso, como también una Agencia Nacional de Evaluación de Políticas Públicas que permita generar y mejorar las metodologías de evaluación de éstas, como también, orientar el proceso de discusión presupuestaria de nuestros representantes en el proceso legislativo.

En momentos en que Chile atraviesa una compleja crisis económica y política, la discusión presupuestaria año 2023 representa una oportunidad para aprovechar cada espacio mediante herramientas de gestión pública con la finalidad de tener un Estado más eficiente en los objetivos que persiga.

Hacerse cargo de los problemas complejos exige ver más allá de la contingencia observando como horizonte el mediano plazo en materia presupuestaria.

 *Felipe Mancilla – Concejal La Florida

 

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