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Publicado el 5 junio, 2021

Germán Gómez: La educación, un derecho natural antes que social

Filósofo y educador Germán Gómez Veas

Al estar la educación sostenida en la naturaleza humana y entendiendo que ella es la herramienta con la que cada persona puede florecer, crecer, desarrollarse y alcanzar la prosperidad o felicidad, entonces primeramente cabría reconocer que educar es un acto eminentemente personal.

Germán Gómez Veas Filósofo y educador
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No deja de ser llamativo que una de las consignas menos fundamentadas que han divulgado varios constituyentes tenga tanto eco en los medios de comunicación, como ocurre con la idea de consagrar, en la nueva constitución política, a la educación como un derecho social.

Si se mira con atención, se podrá advertir con facilidad que muchos de estos constituyentes se han limitado a expresar una consigna vacua, sin la correspondiente argumentación que permita comprender cabalmente la propuesta en esa dirección. Este impulso de que la nueva constitución explicite que la educación debe ser un derecho social, es sostenida también por algunos candidatos a la presidencia del país, como es el caso del candidato Gabriel Boric. Este ha venido manteniendo desde hace tiempo una definición respecto a la conveniencia de entender la educación como derecho social, lo que implicaría, en su visión, otorgarle al Estado la responsabilidad de garantizar los atributos que debería tener todo el sistema educativo. “En la literatura jurídica -ha sostenido Boric-, este tipo de derechos se llaman derechos fundamentales, pues cristalizan normativamente los valores y fines más importantes de una sociedad en un tiempo determinado y lo hacen, generalmente, a través de normas constitucionales”. Son derechos sociales -ha puntualizado- “aquellos derechos que le son exigibles al Estado para asegurar que todos y todas tengamos acceso a las mismas condiciones materiales de apoyo para nuestra realización tanto física como psicológica (salud, educación y vivienda, por ejemplo), pues ello haría posible un desarrollo digno e igualitario de la sociedad en su conjunto y, por ende, una sociedad más libre”. Esta especie de sermón que vendría a explicar la consigna es muy descuidado, insuficiente, ambiguo, y oscuro.

En primer lugar, convendría que se especificara el alcance que esa definición proyecta, particularmente en lo relativo al objetivo o propósito de los derechos sociales, como sería el caso de la educación, hacia ese denominado ‘desarrollo igualitario’; y en simultáneo, se debería aclarar cómo ello incidiría en una sociedad más libre, sin conculcar la dignidad de cada persona. Además, es preciso advertir que el reconocimiento del carácter social que la educación contiene en cuanto derecho de las personas, tiene en sí mismo, un fondo insuficiente. Ese fondo es deficiente y escaso porque dicha exigibilidad al Estado paradójicamente se diluye o se totaliza en torno a una abstracción difícil de particularizar en los individuos cuando estos sientan que no se les respeta convenientemente su derecho a la educación. Pero la insuficiencia es más profunda si la legítima aspiración de cada ciudadano no se encuentra antes anclada en la naturaleza misma de las personas. Así, antes de pensar la educación como un derecho social, es necesario que se considere que es un derecho natural.

En efecto, es inevitable e ineludible precisar que la educación es un derecho natural que posibilita a cada persona el cumplimiento de sus fines existenciales.

De tal forma, al estar la educación sostenida en la naturaleza humana y entendiendo que ella es la herramienta con la que cada persona puede florecer, crecer, desarrollarse y alcanzar la prosperidad o felicidad, entonces primeramente cabría reconocer que educar es un acto eminentemente personal. Quizás por esta razón la actual Constitución que nos rige estableció en su momento que “La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida”.

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