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Publicado el 06 de abril, 2019

Germán Concha: Si no está roto, no lo arregle

Abogado Germán Concha

Eliminar los derechos de propiedad no hará que de pronto pasemos a enfrentar una situación en la que “sobra el agua”, ni la convertirá en un bien libre. Sólo servirá para aumentar el poder del Estado, otorgándole el control sobre un recurso fundamental para la vida.

Germán Concha Abogado
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La frase, cuyo origen se suele asociar con la política estadounidense de las últimas décadas del siglo pasado, ha sido empleada en distintos lugares para graficar la crítica a una cierta tendencia, extendida entre algunas autoridades públicas, a intervenir en actividades que están funcionando adecuadamente afirmando que ellas requieren correcciones relevantes. Hay quienes han sostenido que esta inclinación a “arreglar lo que funciona” es una forma de tratar de distraer la atención para que no se pueda apreciar del todo la incapacidad de la respectiva autoridad pública para buscar soluciones a los problemas que efectivamente existen. Algo así como cambiar de tema cuando no se tiene una buena respuesta para la pregunta que se acaba de recibir.

No parece extraño, en consecuencia, que esta frase vuelva a la memoria cuando se considera la discusión del proyecto de ley, en actual tramitación en el Congreso, que modifica la regulación vigente en materia de derechos de agua, a raíz de la cual han aparecido voces que plantean la urgencia de terminar con los derechos de propiedad en la materia (y reemplazarlos por esquemas sujetos al control del Estado), para, según han afirmado, resolver los problemas que existen. La verdad es que no se termina de apreciar cuál podría ser el problema que se resuelve eliminando los derechos de propiedad en materia de agua (salvo, por cierto, el que se defina que el problema es la sola existencia de la propiedad privada). Como es sabido, el agua es un recurso escaso que tiene múltiples usos alternativos que compiten entre sí. Frente a eso, y tal como confirma la historia, el reconocimiento de derechos de propiedad claros y sólidos constituye la mejor manera de buscar su uso más eficiente, no sólo en un momento determinado, sino a lo largo del tiempo.

Eliminar los derechos de propiedad no hará que de pronto pasemos a enfrentar una situación en la que “sobra el agua”, ni la convertirá en un bien libre. Sólo servirá para aumentar el poder del Estado, otorgándole el control sobre un recurso fundamental para la vida. Se podría decir, parafraseando a Rousseau que quienes propician estas modificaciones confían en que vendrá un “buen burócrata” quien, superando cualquier defecto propio de los seres humanos, logrará organizar el uso del agua de la mejor manera posible. La historia muestra de qué manera (y mucho más allá de las buenas intenciones que se puedan declarar), estos burócratas suelen terminar generando más daños (y de mayor duración), que aquellos que pretendían resolver.

Parece importante tener presente estas consideraciones en la actual discusión legislativa para evitar que, en el futuro, nos arrepintamos (una vez más), de haber insistido en arreglar lo que no estaba roto.

FOTO: AILEN DÍAZ/AGENCIAUNO

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