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Publicado el 14 febrero, 2021

Germán Concha: Legítima defensa y uso legítimo de la fuerza

Abogado constitucionalista y profesor de Derecho UC Germán Concha

Si se estima que quien actúa por mandato legal para defender el Derecho es en principio un agresor, entonces lo que está en entredicho, en último término, es la legitimidad del orden institucional en su conjunto. Y ese, como enseña la historia, puede ser el principio del fin del Estado de Derecho.

Germán Concha Abogado constitucionalista y profesor de Derecho UC
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Imagine que una persona, llamémosle Juan, está en su casa una noche, y un grupo de sujetos ingresa a ella para robar. Juan, que tiene un arma de fuego a su disposición (debidamente registrada, por cierto), la emplea para defenderse y evitar que se cometa el delito. A consecuencia de ello, uno de los asaltantes fallece en el patio de la casa.

Imagine también que, más o menos a la misma hora, pero en otro lugar de la ciudad, una persona que es policía, llamémosla María, se enfrenta a un grupo de sujetos que se resisten a ser detenidos. Para cumplir con su deber, María hace uso de un arma de fuego (su arma de servicio), y hiere a uno de los sujetos, quien, más tarde, fallece en el hospital.

Tal como usted podría esperar, ambos hechos forman parte de las noticias que destacan los medios de comunicación el día siguiente. Y, más allá de las opiniones que rápidamente circulan al respecto en redes sociales (la mayoría categóricas y radicales, tal como se ha ido haciendo costumbre en dicho ámbito), la pregunta que se instala en el análisis de lo ocurrido apunta a la forma en que corresponde juzgar el comportamiento de Juan y el de María: ¿Se trata de situaciones similares en lo fundamental a las que corresponde aplicar la misma regla, o existen diferencias que justifican revisarlas empleando parámetros distintos?

La respuesta, que probablemente usted ya ha intuido, es que el ordenamiento institucional entiende que, más allá de las similitudes que puedan existir, se trata de situaciones distintas que no pueden ser juzgadas aplicando exactamente la misma regla: en el caso de Juan se tratará de determinar si existió o no legítima defensa, mientras que en el caso de María la cuestión apuntará a si se ha usado o no la fuerza de la manera que correspondía.

En efecto, una consideración fundamental en el caso de Juan es que él ha usado un instrumento (la fuerza) que, en principio, le estaba vedado en su calidad de particular. De ahí que la discusión en su caso se centre en determinar si ese empleo de la fuerza que él hizo se justificaba en carácter excepcional. Dicho en otras palabras, si la convivencia civilizada supone que todas las personas renuncian, en principio, al uso de la fuerza para resolver sus diferencias, entonces lo obrado por Juan sólo puede ser validado en calidad de situación excepcional. 

La situación es distinta en el caso de María. Ella ha actuado, en principio, en cumplimiento de un deber, puesto que la fuerza pública (que ella integra), existe para dar eficacia al Derecho (hacer que se cumpla lo que él establece), y, por ende, supone, por definición, la autorización para hacer uso de la fuerza. En este caso, entonces, la discusión se centrará en si ella se empleó en el marco de la normativa correspondiente.

Si se atiende al contenido de las declaraciones que suelen emitir algunas autoridades y líderes de opinión en esta materia, queda la impresión que se tiende a considerar la actuación de la fuerza pública, per se, como una forma de agresión. Tal distorsión no sólo afecta la eficacia de su labor (la evidencia muestra que un elemento clave para el éxito de las políticas de combate a la delincuencia es el compromiso y respaldo efectivo de la autoridad), sino que, en último término, refleja una opinión muy grave respecto de la legitimidad del orden institucional en su conjunto. En efecto, si se estima que quien actúa, por mandato legal, para defender el Derecho (y, por ende, la convivencia pacífica que él busca garantizar), es, en principio, un agresor, entonces lo que está en entredicho, en último término, es la legitimidad del orden institucional en su conjunto. Y ese, como enseña la historia, puede ser el principio del fin del Estado de Derecho.

  1. Pedro Mujica Figueroa dice:

    Toda la razón, clarísima y precisa la columna.

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