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Publicado el 20 de junio, 2019

Gemán Concha: No sé lo que quiero, pero lo quiero ya

Abogado Germán Concha

La pretensión de inmediatez y la limitación del pensamiento al umbral de los 200 caracteres conspiran contra el razonamiento serio y, por ende, la elaboración de soluciones efectivas.

Germán Concha Abogado
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La frase no es original. La cantaba hace más de 30 años esa extraordinaria banda de rock llamada Sumo. Hoy ella resulta útil para graficar un cierto modo de entender la relación con el poder público que parece irse extendiendo entre nosotros.

En efecto, si se atiende a la forma en que algunos requerimientos son expuestos en los medios de comunicación, pareciera que lo que interesa a quienes los plantean no es tanto que se alcance una solución adecuada para un problema concreto, sino más bien que se genere una respuesta virtualmente inmediata que incluya el reconocimiento de la legitimidad de la causa de los reclamantes. El peligro radica en que esa lógica desconoce que la realidad es compleja, y que, por lo mismo, intentar encontrar la solución a un problema público no es sólo empatizar rápidamente con una parte del mismo, sino oír también a los demás involucrados, comprender las distintas opciones y sus efectos, y considerar los derechos e intereses comprometidos. Además, y aunque ello se suela dejar de lado, tener en cuenta cómo se puede coordinar esa posible solución con los demás problemas y necesidades públicas que se deben afrontar. En una palabra, pensar. Y, según es sabido desde muy antiguo, pensar requiere tiempo y esfuerzo.

No se trata de abogar por una especie de olímpica indiferencia respecto de los problemas de la vida diaria de las personas, sino de recordar que la pretensión de inmediatez y la limitación del pensamiento al umbral de los 200 caracteres, conspiran contra el razonamiento serio y, por ende, la elaboración de soluciones efectivas. Se ha venido haciendo usual el tildar las reglas de procedimiento de burocracia inútil y a los representantes políticos de intermediarios innecesarios, olvidando que, más allá de los defectos que pueden encontrarse en unas y otros (y que, por cierto, pueden dar lugar a reformas), en conjunto constituyen parte de los esquemas de control del poder público y de protección de los derechos de las personas que Occidente ha desarrollado a lo largo del tiempo.

El recurso a asambleas deliberantes, vanguardias conscientes o líderes iluminados, dejados a su voluntad para reemplazar la institucionalidad tradicional, que algunos planteamientos actuales parecen acariciar, no es tampoco muy original. Ha existido en el pasado. Tanto, que desde la antigua Grecia se ha destacado la importancia de ser gobernado por las leyes y no por voluntades cambiantes. Eso es lo que modernamente llamamos Estado de Derecho y lo que, más allá de sus imperfecciones, constituye una garantía fundamental de nuestra libertad.

De ahí que resulte tan importante que quienes ocupan cargos públicos (y aquellos que aspiran a hacerlo) tengan presente que ofrecer lo que saben que es imposible no es una manera de tratar de lidiar con una sociedad acostumbrada a la instantaneidad, sino poner en serio riesgo el presente y el futuro de todos quienes la integran.

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