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Publicado el 8 octubre, 2020

Gastón Escudero: Nueva Constitución: Un grave riesgo para las libertades

Empresario y Doctor en Gobierno de Organizaciones Gastón Escudero

Cuando el 15 de noviembre pasado el Gobierno y los partidos políticos —ambos dueños del Estado— anunciaron el Acuerdo por una nueva Constitución, lo que en el fondo hicieron fue ponerse de acuerdo para modificar los límites a su propia acción para regular nuestras libertades.

 

Gastón Escudero Empresario y Doctor en Gobierno de Organizaciones
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Uno de los aspectos de toda Constitución es que establece los límites a las facultades del Estado para regular las libertades (o derechos) de las personas. La Constitución chilena de 1833 reconocía 7; la de 1925 extendió la lista a 15; y la de 1980 (actualmente vigente) la extendió a 26. Esto se explica porque el crecimiento experimentado por el Estado en facultades y medios lo transforma en un peligro para las libertades individuales.

La importancia del listado de derechos en la Constitución radica en que todo el ordenamiento jurídico le está sometido, por lo que los agentes del Estado deben respetarlos y, en caso de no hacerlo, los particulares pueden activar mecanismos de defensa que la propia Constitución prevé. Cualquier vacío contenido en la normativa constitucional se transforma en un espacio de discrecionalidad que puede ser llenado con atropellos a nuestros bienes fundamentales.

Cuando el 15 de noviembre pasado el Gobierno y los partidos políticos —ambos dueños del Estado— anunciaron el Acuerdo por una nueva Constitución, lo que en el fondo hicieron fue ponerse de acuerdo para modificar los límites a su propia acción para regular nuestras libertades. Porque, dado que es prácticamente imposible que un independiente resulte electo, los miembros de la Convención (sea Constituyente o Mixta) provendrán de los partidos políticos y obviamente sus representantes restringirán nuestras libertades para ampliar el poder del Estado, esto es, el suyo.

Agrava la situación la regla de los dos tercios: cada norma de la nueva Constitución deberá ser aprobada por dos terceras partes de los constituyentes para que quede incluida; a la inversa, basta que un tercio más uno se oponga a una norma para que quede excluida. Por ejemplo, cuando se discuta el derecho preferente de los padres para educar a sus hijos (que la actual Constitución recoge), a los partidarios del Estado les bastará un tercio más uno de los votos para dejarlo fuera y, dado que se parte de una hoja en blanco, el derecho de los padres simplemente quedará fuera y perderá el rango constitucional del que goza hoy. Una vez aprobada la nueva Carta Fundamental, cualquier proyecto de ley que desconozca el derecho de los padres o que lo supedite al Estado podrá ser aprobado en el Congreso por mayoría simple (la mitad más uno de los parlamentarios).

En la práctica, el eventual proceso constituyente significa que los propios detentadores del poder establecerán los límites a su acción. Y no cabe hacerse ilusiones: en los último tiempo varios de ellos han dado muestras de desprecio a bienes tan fundamentales como la vida de los más indefensos, la libertad de expresión y de emprender, la propiedad privada y el ya mencionado derecho de los padres para educar a sus hijos.

Cuando una Constitución es redactada por un grupo de hombres sabios e independientes, es una oportunidad para aumentar la protección de los ciudadanos. Pero esta vez la tarea será encargada a personas designadas por los propios partidos políticos que han hecho del Estado su propiedad privada y cuyos dirigentes han gritado a los cuatro vientos que quieren restringir nuestras libertades.

Con el famoso Acuerdo por una Nueva Constitución los políticos dejaron a los gatos cuidando la carnicería y dieron nuestras joyas a los cerdos. Y como en la novela de Orwell, los cerdos son ellos mismos.

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