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Publicado el 08 de marzo, 2019

Gabriel Olave: Ley de Accesibilidad Universal: Aprendizajes para el Estado  

Investigador IdeaPais Gabriel Olave

Luego de tres años, aún persisten graves falencias en las condiciones estructurales para asegurar el acceso y desplazamiento de personas en situación de discapacidad física o visual, como rampas y señalética.

 

Gabriel Olave Investigador IdeaPais
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En la actualidad, es común escuchar en el debate público la idea de que el Estado es el garante de los derechos y libertades individuales de las personas. Para llevar a cabo esta misión, el tamaño del aparato estatal ha crecido bastante en el último tiempo, contando, en teoría, con las herramientas necesarias para resguardar los derechos de sus ciudadanos. Lo cierto es que, si bien el Estado ha crecido en su número de ministerios y funcionarios públicos, al menos en nuestro país su capacidad de intervenir y fiscalizar es limitada para hacer cumplir ciertas directrices emitidas por él mismo que apuntan a velar por los derechos de los individuos.

El vencimiento del plazo para que los edificios de uso público adapten su infraestructura a la Ley de Accesibilidad Universal ilustra bien este punto. De hecho, lo que vemos es que luego de tres años, aún persisten graves falencias en las condiciones estructurales para asegurar el acceso y desplazamiento de personas en situación de discapacidad física o visual, como rampas y señalética.

Ante este escenario, la directora del Servicio Nacional de la Discapacidad dijo que su entidad no tiene facultad fiscalizadora. Por otro lado, el presidente de la asociación de directores de Obras municipales –los cuales tienen la atribución de fiscalizar el cumplimiento de esta normativa de Accesibilidad Universal– afirmó que aún no tienen lineamientos claros para poder llevar a cabo su función y se quejó de que necesitan una circular del Ministerio de Vivienda que precise el procedimiento, solicitado a fines de 2017. Al parecer, más que servidores públicos responsables atentos a las necesidades de la ciudadanía, en este caso a las personas con alguna discapacidad física, es más común encontrarse con una burocracia lenta para actuar, conformada por funcionarios guiados más por sus intereses particulares que por el sentir de la gente a las que en teoría deberían servir.

Por el contrario, lo que necesitamos es un Estado más eficiente, con menos burocracia y más diligente en servir a los ciudadanos si en verdad queremos asegurar los derechos de las personas sustentados en su dignidad inviolable. Asimismo, debemos entender que el aparato estatal no es la única institución que puede hacerse cargo de las problemáticas sociales, sino que existen un sinnúmero de organizaciones en la sociedad civil que contribuyen a esta tarea. En el caso de la Ley de Accesibilidad Universal comentada, es recomendable que el Estado trabaje de la mano con instituciones que tienen bastante experiencia en discapacidad e inclusión, como Fundación Nacional de Discapacitados, Fundación Luz y Corporación para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual y Sordociegas. También es fundamental que involucre a la ciudadanía en la fiscalización del cumplimiento de la ley.

En definitiva, todo lo anterior supone replantearse la idea liberal de que por un lado existe el Estado, y por el otro, individuos, siendo el primero el que tiene la atribución exclusiva de asegurar los derechos y libertades de las personas, y tomar en serio la contribución que la sociedad civil y una ciudadanía organizada pueden hacer en esta materia, permitiendo al aparato estatal desempeñar sus funciones con mayor prolijidad e impacto.

Foto: VÍCTOR SALAZAR M. /AGENCIAUNO.

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