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Publicado el 21 de febrero, 2019

Gabriel Olave: Excesos en la vigilancia gubernamental

Investigador IdeaPais Gabriel Olave

Los gobiernos necesitan de mecanismos de obtención de información para llevar a cabo estrategias con el fin de garantizar la seguridad al interior del país, pero casos como el de SenseNets nos hacen reflexionar sobre los límites que deberían considerar con respecto al uso de la información privada de sus ciudadanos, y su manera de proceder en términos de la vigilancia y la detención de personas.

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Manuel Castells afirmaba hace bastante tiempo que las tecnologías de la información pueden estar al servicio de la vigilancia, el control y la represión de los aparatos del Estado. En la actualidad, esto sigue ocurriendo y se han sumado nuevas complejidades. Solo por colocar un ejemplo, este miércoles la BBC publicó un artículo donde un experto en seguridad informática asegura tener evidencia de que una empresa china llamada SenseNets entrega al gobierno información detallada de 2,5 millones de personas. El banco de datos que gestiona esta empresa incluye información personal como el nombre, la dirección de residencia y trabajo, qué lugares visitan, entre otros.

Para complejizar aún más el asunto, gran parte de los datos se registraron en la región autónoma de Xinjiang. En este contexto, es razonable sospechar que el Estado de China está utilizando esta información para vigilar a esta población. No hay que olvidar que el gobierno chino ha impuesto un estricto control sobre los uigur y otros ciudadanos musulmanes, bastante cuestionado por instituciones de Derechos Humanos que han denunciado detenciones masivas y arbitrarias de musulmanes en esa región, sometiéndoles a prácticas abusivas de adoctrinamiento.

Por otro lado, en el mismo artículo de la BBC se comenta que este tipo de prácticas de recolección de datos es implementada también en otros países como Estados Unidos, Reino Unido o India, lo cual genera preocupación por la posibilidad de que se viole la privacidad y se facilite la persecución de disidentes y minorías. Por ende, está claro que no ha cambiado significativamente la situación desde que Castells diagnosticó este panorama.

Evidentemente los gobiernos necesitan de mecanismos de obtención de información para llevar a cabo estrategias con el fin de garantizar la seguridad al interior del país, pero casos como el de SenseNets nos hacen reflexionar sobre los límites que las organizaciones gubernamentales deberían considerar con respecto al uso de la información privada de sus ciudadanos, y su manera de proceder en términos de la vigilancia y la detención de personas.

Con respecto a lo primero, es cuestionable que obtengan datos personales sin el consentimiento de los individuos y de manera poco transparente. En este sentido, es fundamental avanzar en desarrollar un marco ético consensuado y compartido a nivel internacional que asegure el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas en relación a sus datos privados. Es valorable la iniciativa de la Unión Europea de implementar un reglamento de protección de datos que resguarda, entre otros asuntos, el derecho de dar consentimiento activo para compartir información personal con una organización, el derecho de solicitar y recibir información que detalle qué datos personales se procesan y con qué fines, entre otros. En Chile, una ley de similares características fue aprobada por el Congreso Nacional.

Asimismo, todos los individuos merecen un debido proceso judicial y que no se les detenga arbitrariamente. Es fundamental fiscalizar en todo el mundo que se cumplan las normativas en esta materia. Los objetivos perseguidos por los gobiernos no justifican cualquier medio.  

FOTO: FRANCISCO CASTILLO D./AGENCIAUNO

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