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Publicado el 28 enero, 2021

Gabriel Berczely: Un Poder Judicial enfermo

Presidente de Horizontal Gabriel Berczely

¿Puede considerarse justo un sistema que tarda décadas para resolver un caso, cuyos fallos son una verdadera tómbola, con inocentes que deben declararse culpables, y con claros infractores que son dejados libres por interpretaciones judiciales fuera de todo sentido común (caso San Antonio)?

Gabriel Berczely Presidente de Horizontal
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En varias columnas he criticado al Poder Judicial. Hoy lo vuelvo a hacer como consecuencia del fallo de la novena Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que revocó la sentencia de primera instancia del juez Alejandro Madrid, absolviendo a las seis personas que sentenció en enero de 2019.

El juez Madrid asumió el caso Frei Montalva en el 2005, dedicando gran parte de su tiempo al mismo, especialmente a partir del 2009 cuando fue designado como ministro con dedicación exclusiva, y a tiempo completo, para causas de derechos humanos. A pesar de esa “dedicación” y exclusividad, requirió nada menos que doce años para dictar una acusación en contra de seis implicados, que recién se tradujo en un fallo de primera instancia dos años después, el 30 de enero de 2019. Posteriormente se perdieron otros dos años en la Corte de Apelaciones. Y falta aún el probable involucramiento de la Corte Suprema. En total, se requerirán más de dos décadas para resolver un caso. Es otras palabras, tenemos un sistema que es más lento que babosa con asma.

La primera arista de este caso es la increíble e injustificable lentitud para emitir un fallo de primera instancia. ¿Cómo es posible que un juez, con dedicación exclusiva, tarde 13 años para acusar, y luego dos años más para redactar la sentencia? En cualquier institución eficiente ese personaje sería despedido por ineficiente e incapaz, y claramente no hubiese durado 15 años calentando una silla, pero en nuestro Poder Judicial no solo no se lo castiga, sino más encima se lo premia, promoviéndolo a Presidente de la Corte de Apelaciones, cargo que asumirá en marzo de este año, a pesar de tener una denuncia penal por haber extraído fojas de un expediente, y falsificar una resolución, en otro caso.

Una segunda arista del caso es la tremenda falta de justicia que se deriva del tiempo transcurrido, no solo porque justicia lenta simplemente no es justicia, sino porque es difícil esperar un fallo ecuánime de alguien que comenzó a acusar diez años antes de emitir sentencia. ¿Podía esperarse un fallo distinto después de tener a 6 acusados en el banquillo durante 15 años? Obviamente que no le quedaba otra que fallar en contra, pero como no pudo probar la existencia de órdenes directas, alevosía, uso de veneno o premeditación, simplemente falló en base a una supuesta muerte deliberada.

Una tercera arista del caso es el fallo unánime de la Corte de Apelaciones revocando la sentencia de primera instancia del juez Madrid, precisamente por falta de pruebas, absolviendo a los seis acusados y resolviendo que el exmandatario “falleció como consecuencia de complicaciones médicas”. Si después de quince años investigando, una Corte de Apelaciones revoca en forma categórica y unánime el fallo, es para pensar seriamente sobre la capacidad profesional del juez. Sería como que un gerente general definiera un camino a seguir para que posteriormente el Directorio, en forma unánime, revirtiera la decisión. Ese gerente se tendría que ir.

Pero lo más increíble del caso es que no se le mueve un pelo a ningún miembro del Poder Judicial. Me imagino que será porque ya todos nos acostumbramos a fallos que requieran décadas, y que más encima terminan siendo una verdadera tómbola en función de la sala donde son asignados, tal como afirmó el diario La Tercera en un artículo publicado el 10 de diciembre del 2018, con el título contundente “El Zigzag de la Corte Suprema”. En materia de injusticia, el 23 de junio del 2019 El Mercurio publicó un artículo en el cual sostenía que el actual sistema penal promovía que imputados inocentes optaran por declararse culpables para evitar un juicio que demoraba décadas con fallos basados en criterios cambiantes e inciertos.

¿Puede considerarse justo un sistema que tarda décadas para resolver un caso, cuyos fallos son una verdadera tómbola, con inocentes que deben declararse culpables, y con claros infractores que son dejados libres por interpretaciones judiciales fuera de todo sentido común (caso San Antonio)?

Es evidente que al Poder Judicial le está pasando lo que le pasó a la rana que se iba cocinando a fuego lento. A diferencia del Poder Ejecutivo, que está estudiando y promoviendo la modernización del Estado, no vemos a nadie del Poder Judicial preocupado por el tema. Pareciera como si esa institución estuviera masivamente infectada por Covid, porque quienes la dirigen son incapaces de percatarse del olor a podrido que hace rato emana de ella.

Ojalá que la Convención Constituyente logre reparar el enorme daño que se nos está provocando. La solución no pasa por remover a uno que otro funcionario, o introducir cambios cosméticos, sino por hacer una cirugía mayor al sistema. El principal rol de la Suprema debiera ser uniformar el derecho en lugar de actuar como tercera instancia y de ocuparse de la administración, disciplina y evaluación, temas que debieran delegarse en otra instancia. Entre varias otras cosas, urge cambiar la forma en que los jueces son nominados, y la duración en sus cargos, temas que la futura Constitución debiera considerar si queremos tener un país donde impere la justicia oportuna.

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