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Publicado el 25 marzo, 2021

Fredy Cancino: La muerte como rédito político

Profesor Fredy Cancino

La pena de muerte es un acto de barbarie social en contra de los principios que forman parte de la civilización avanzada de la humanidad, en particular de la vida social en democracia. Como señala Amnistía Internacional, la ejecución es la forma más extrema de violencia física hacia una persona: “…no puede ser cuantificada, ni puede serlo el sufrimiento mental causado por la previsión de la muerte que vendrá por mano del Estado”.

 

Fredy Cancino Profesor
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Antes que la buena gente se olvide de un reciente twitter de la diputada Jiles, un tanto alarmados queremos exponer una breve reflexión. En el raudo mensaje (como se usa en las redes), la diputada declaraba “responsablemente” ser partidaria de la pena de muerte en los casos de crímenes contra niños y adolescentes. Un claro guiño a sus “nietecitos” y al sentimiento de indignación masiva por la muerte de Tomás Bravo y de otros tres niños fallecidos en balaceras delictuales. El twitter, tan oportunamente subido, convenientemente fue borrado luego de variadas reacciones críticas, entre ellas las de su propia tienda, el Partido Humanista que, coherentemente con su nombre, desde siempre ha sido contrario a las condenas a muerte.

Usamos el término “alarma” respecto de este arranque de populismo punitivo, como se llama a esta tendencia de opinión social y política. No es una inquietud infundada. En encuestas de años recientes ha habido porcentajes de más del 60% de los chilenos y chilenas a favor de reponer la condena a muerte en el ordenamiento penal de Chile. La encuesta Pulso Ciudadano de Activa Research, correspondiente a la primera quincena de agosto de 2020, reveló que el 67% de los chilenos restablecería la pena de muerte en el país. Según el sondeo, a la pregunta “¿Qué tan de acuerdo o en desacuerdo estás con que en Chile se restablezca la pena de muerte?”, el 67% se inclinó por estar ‘de acuerdo’ o ‘muy de acuerdo’ con la medida. Y aún tenemos en nuestra memoria los horribles comentarios en internet a propósito de la muerte de los 81 presos en el incendio de la cárcel de San Miguel en diciembre de 2010: “Debieron ser muchos más”, fue la frase recurrente en esas glosas de la noticia. Estamos mal.

La pena de muerte fue abolida en Chile el año 2001, bajo la presidencia de Ricardo Lagos, uniéndose el humanismo laico y cristiano en una medida altamente civilizatoria. Habían pasado 126 años desde su establecimiento en el país. Según cifras de Amnistía Internacional, desde siempre impulsora de su abolición, durante 2019 las ejecuciones efectuadas por los Estados disminuyeron un 5% respecto de 2018, hasta descender a la cifra de 657 ejecuciones distribuidas en 20 países, la más baja registrada en una década. A ese año, 106 países habían derogado la pena de muerte para todos los delitos (en Chile aún persiste en la justicia militar en tiempos de guerra). China (657), Irán (251) y Arabia Saudí (184), en ese orden, son los tres países con mayor número de ejecuciones en el mundo, siempre cifras de 2019. Podrían ser más ejecuciones debido a la falta de transparencia de dichos regímenes.

La pena de muerte es un acto de barbarie social en contra de los principios que forman parte de la civilización avanzada de la humanidad, en particular de la vida social en democracia. Como señala Amnistía Internacional, la ejecución es la forma más extrema de violencia física hacia una persona: “…no puede ser cuantificada, ni puede serlo el sufrimiento mental causado por la previsión de la muerte que vendrá por mano del Estado”.

Pero tampoco es efectiva desde el punto de vista estrechamente utilitario, como disuasivo del delito, como escarmiento anticipado a los nuevos criminales. En los países y estados que aún la mantienen, no ha habido prueba alguna de disminución de los delitos más graves (aunque en algunos países se aplica por opiniones y actos políticos); por el contrario, han aumentado los crímenes violentos en el juego del “todo o nada” al cual se enfrenta el hechor.

Hay otro lado terrible de la pena de muerte: su irreversibilidad. Es una condena irremediable, la vida no se restituye. No hay error reparable ni rehabilitación social. En el mundo son incontables los casos de errores o manipulaciones judiciales, acusaciones falsas y pruebas insostenibles. En Chile hay numerosas situaciones de inocencia que han resultado en excarcelación inmediata y eventual indemnización del Estado; baste recordar el caso de W.B., condenado el año 2010 a diez años de prisión por la supuesta violación de la hija de su conviviente, la que después de se retractó y absolvió al condenado. ¿Y si hubiese sido ejecutado bajo el impulso de la indignación popular? Famoso es el caso de Carlos De Luna, ejecutado en Texas en 1889 con un cóctel de veneno directo a las venas. Quince años después, una investigación periodística revelaba que se había ejecutado al hombre equivocado: De Luna no era asesino y su único error fue el de estar en el momento y en el lugar equivocados. Afortunadamente, en Chile ha habido un paso adelante con la creación, en el año 2013, del Proyecto Inocentes, que depende de la Defensoría Penal Pública. A la fecha suman 82 casos de inocentes condenados que han debido soportar a veces largos periodos de cárcel.

El populismo punitivo debe ser detenido, contrastado con las razones superiores del respeto y valorización de la vida. Ante los asomos de invocación de la muerte, la humanidad depositaria de los valores morales superior convivencia civil, sin importar fe ni color político, debe alzar escudos en defensa de la sociedad civilizada en la que afortunadamente nos tocó vivir.

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