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Publicado el 29 septiembre, 2020

Fredy Cancino: Derecho de los invisibles

Profesor Fredy Cancino

Existe una firme relación entre el principio de igualdad y el derecho a la reinserción social de los penados, toda vez que a la luz de este principio, y de su especial condición de privado de libertad, deriva el derecho a oportunidades de realización personal y de enmendar errores, a la par de las personas que viven en libertad. Y que necesita de garantías formales que permi­tan su pleno ejercicio.

Fredy Cancino Profesor
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Un condenado en libertad condicional que asesina atrozmente a una adolescente y una no prosperada acusación constitucional contra la jueza que decretó ese beneficio carcelario, provocó el preocupante clima de cuestionamiento de la libertad condicional y, de paso, las políticas de reinserción social de quienes sufren privación de libertad por delitos cometidos.

Un clima acorde con los tiempos de populismo, en este caso penal.

La reinserción social del condenado debe ser vista como un derecho propia­mente tal, que no ha de ser negado y que necesita de garantías formales que permi­tan su pleno ejercicio. Esa finalidad, que ha de ser clara y asumida por todos, se alza como el más eficaz y poderoso intento de abatir las posibilidades de que el condenado vuelva a delinquir.

Este propósito de la pena carcelaria podría, con razón, definirse estrechamente utilitaria para la sociedad, en la medida en que contribuye a la seguridad pública sustrayendo even­tuales delitos en cuanto reincidencia delictual. Sin embargo, también hay otras lectu­ras que conviene considerar a la hora de valorar la reinserción social en las cárceles chilenas. Una de ellas es la que considera la reinserción como un derecho del conde­nado, entendido como la prerrogativa ética de contar con otra oportunidad de volver a vivir sin conflictos con la comunidad libre que transitoriamente lo expulsó de ella. Pero, ¿sólo es un derecho ético?

Creo que no.

Existe una firme relación entre el principio de igualdad y el derecho a la reinserción social de los penados, toda vez que a la luz de este principio, y de su especial condición de privado de libertad, deriva el derecho a oportunidades de realización personal y de enmendar errores, a la par de las personas que viven en libertad. Y que necesita de garantías formales que permi­tan su pleno ejercicio.

Al respecto, elevar ese derecho y la finalidad rehabilitadora de la pena al rango constitucional agregaría un valor superior a la labor pública que de ello deriva, y que ya forma parte de la misión de Gendarmería. El ordenamiento constitucional, como sabemos, no es neutro y concierne, con su fuerza jurídica, a la tutela de los derechos de las personas. De hecho, en otras constituciones ya se le ha consagrado mediante el solo enunciado de la finalidad de la pena. Citamos por ejemplo el Art. 27, inciso 3° de la Constitución italiana:

Las penas no pueden consistir en tratamientos contrarios al sentido de humanidad y deben tender a la reeducación del condenado”.

De acuerdo a este precepto, la actividad de reinserción en la cárcel no sería una “gracia” o un solo acto de buena voluntad de un determinado Gobierno o autoridad penitenciaria: sería el ejercicio de un derecho emanado de la potestad constitucional.

Ahora bien, independientemente del status legal que se otorgue a la reinserción, es esencial asumir cultural y políticamente el compromiso de evitar que la pena sea un factor de desocialización que ofrezca más obstáculos a la reintegración del recluso en el tejido comunitario, generando otros acicates para nuevos delitos. Si la reinserción social de las personas condenadas por los Tribunales es una necesidad primaria para la sociedad, la misma sociedad debe hacerse cargo de ella, en lugar de inmovilizarse en prejuicios punitivos, refugiándose en la sola efectividad de la condena.

Claro, lo expresado hasta aquí no iría más allá de un enunciado de buena voluntad y de manifestación de lo políticamente correcto, si no se contempla la posibilidad de materializar este derecho a la reinserción en forma efectiva, a través de una adecuada oferta de recursos, servicios y programas que den cuenta de ello.

La reinserción social del condenado es un derecho que vale la pena garantizar como sociedad y como Estado; en ella se conjugan el alto valor humanista de la recuperación de la persona extraviada en el delito y la seguridad ciudadana como pilar de liber­tad y democracia.

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