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Publicado el 09 de noviembre, 2018

Francisco Vicencio: Reformas al mecanismo de urgencias legislativas, una discusión pendiente

Cientista Político Francisco Vicencio

El Ejecutivo puede entregar un plazo determinado –de 30, 15 o 6 días- para que la respectiva Cámara, sea la de Diputados o el Senado, conozca y despache un respectivo proyecto. A pesar de que esta atribución resulta útil para agilizar y en casos destrabar iniciativas prioritarias para el gobierno, presenta problemas.

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En los últimos meses ha habido acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición: los primeros, acusan de obstrucción a las iniciativas del Ejecutivo e incumplimiento de urgencias, mientras los segundos, de sequía legislativa y excesiva intromisión en los asuntos propios del Congreso. En ese sentido, es que en julio del presente año se presentaron dos proyectos relacionados con esta atribución –Boletín 11902-07 que limita esta prerrogativa y le entrega mayores atribuciones al Congreso sobre la misma y Boletín 11990-07 que sanciona el incumplimiento de los plazos- los cuales se suman a las otras trece mociones ingresadas desde 1991 a la fecha que buscan introducir cambios al mecanismo.

 

Si bien en Chile los tres poderes del Estado se encuentran separados, el Presidente de la República cuenta con al menos dos facultades que lo convierten en un gran colegislador: la posibilidad de enviar urgencias al Congreso en la tramitación de proyectos de ley y la iniciativa legislativa exclusiva en proyectos que impliquen cualquier tipo de carga al erario fiscal.

 

Mientras la Constitución de 1925 entregaba al Congreso la potestad de evaluar los plazos de cada urgencia – la propia discusión sobre la urgencia podía tardar días-, la Carta Magna de 1980 se lo entregó al Ejecutivo para destrabar la discusión. Esta potestad se encuentra consagrada en el Artículo 74 de la Constitución, e implica que el Ejecutivo puede entregar un plazo determinado –de 30, 15 o 6 días- para que la respectiva Cámara, sea la de Diputados o el Senado, conozca y/o despache un respectivo proyecto.

 

La limitación en los tiempos impide en ciertos casos, la deliberación en profundidad, que no se produce tan solo en sala, sino que principalmente en las respectivas comisiones permanentes.

 

A pesar de que esta atribución resulta útil para agilizar y en casos destrabar iniciativas prioritarias para el Ejecutivo, es indispensable hacer notar tres aspectos. En primer lugar, la escasa discusión que puede propiciar el envío de urgencias. En segundo lugar, el posible abuso del mecanismo, y en tercer lugar que en la práctica el Congreso puede alargar los plazos.

 

La limitación en los tiempos impide en ciertos casos, la deliberación en profundidad, que no se produce tan solo en sala, sino que principalmente en las respectivas comisiones permanentes. Estas últimas, se encuentran en teoría especializadas en sus temáticas, y es en este marco en el que se exponen, debaten y discuten las diferentes posiciones, no solo de parlamentarios sino que también de expertos y otros grupos de interés. De este modo, es que esta limitación resulta especialmente crítica cuando los proyectos de ley con urgencias son referidos a reformas importantes o también llamadas “estructurales”. Más aún, el manejo de la tabla por parte del presidente traba las mociones parlamentarias. De acuerdo a estimaciones de Ciudadano Inteligente, una vez ingresadas, las mociones parlamentarias tardan en promedio cerca de 30 meses –más de la mitad de un período de un diputado- en ser discutidas y votadas.

 

El segundo aspecto detectado es el inescrupuloso abuso que en casos particulares se le da al mecanismo. Al finalizar su segundo mandato, la presidenta Bachelet ingresó 28 urgencias en lo que se llamó “el frenesí legislativo” y el presidente Piñera el día lunes calificó con suma urgencia -6 días- tres proyectos, incluyendo el controvertido “Aula Segura”. Si bien es inherente a la facultad el uso político de la herramienta –ya sea para dar un golpe comunicacional, aprovechar una alta tasa de apoyo presidencial para plegar a toda una coalición o dar respuesta a una coyuntura crítica en boga-, el envío de un alto número de iniciativas con urgencias copa la agenda del Congreso y atenta contra la propia autonomía legislativa al hacer uso de sus tiempos.

 

El mecanismo genera controversia y se ha intentado cambiarlo en reiteradas ocasiones.

 

Un tercer punto corresponde a una nota de precaución: los parlamentarios pueden amenazar al Presidente con rechazar las iniciativas si no les otorgan más plazo para discutirlas. Cuando el Ejecutivo de turno vislumbra que la iniciativa no contará con suficiente apoyo para su aprobación, suele modificar el tipo de urgencia y entregarle más tiempo a los parlamentarios.

 

El mecanismo genera controversia y se ha intentado cambiarlo en reiteradas ocasiones. Gran parte de los 15 proyectos de reforma desde 1991 a la fecha –10 en tramitación, 3 archivados y 2 rechazados- han buscado limitar esta atribución, restringiendo en número, temática y plazos la calificación de urgencias y aumentando la injerencia del propio Congreso en la materia. En la misma línea, un recientemente ingresado boletín (11902-07) busca que un número determinado de parlamentarios pueda por sí mismo, y sin necesidad del ejecutivo, calificar una urgencia. Otras propuestas –como una moción de agosto (11990-07)- establecen multas a los parlamentarios que no cumplan con los plazos que entrega el mecanismo.

 

Dado el carácter de ley orgánica constitucional, cualquier cambio requiere de los votos de al menos 3/5 de los parlamentarios en ejercicio. A la fecha, el apoyo ha sido dispar, sin consenso ni dentro ni entre coaliciones. Incluso, para uno de los primeros proyectos presentado en 1991 y rechazado en 1995 a pesar de la mayoría relativa el actual Presidente Sebastián Piñera declararía estar a favor de la restauración de la metodología de 1925, ya que a su juicio el mecanismo fijaba “la tabla legislativa de todo el Congreso”.

 

Los antecedentes anteriores muestran que es necesario modernizar este mecanismo. Un buen punto de partida sería limitar en número y tipo esta atribución presidencial. Por ejemplo, restringir el total de discusiones inmediatas a 1, las sumas urgencias a 2 y las urgencias simples a 5. De este modo, se evitaría el colapso repentino del trabajo de las comisiones y el uso exclusivo de la tabla de las salas, y se daría espacio a la discusión de las propias mociones.

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

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