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Publicado el 03 de junio, 2020

Francisco Orrego: ¿Tirar la casa por la ventana?

Lo que partió hace algunos años en temas educacionales, ahora se extiende a la salud, a las pensiones, a los servicios sanitarios, a la vivienda; y más adelante, lo hará al transporte público y a la energía, entre otros. La consigna no es generar un debate sobre el Estado de Bienestar sino que imponerlo, para que el Estado juegue un rol más fuerte, desplazando al sector privado, amputando la mano invisible.

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Desgraciadamente no es el nombre de una película de terror. Es la realidad. Ex ministros, economistas y parlamentarios de oposición sugieren “tirar toda la carne a la parrilla” o “tirar la casa por la ventana” y otras expresiones análogas, para explicar sus propuestas de aumentar el gasto fiscal para enfrentar la crisis sanitaria y económica, sea a través de utilizar todo el saldo del Fondo de Estabilización Económico y Social (FES), de emitir más deuda pública, de gravar con un impuesto al patrimonio al 1% más rico de Chile, entre otras medidas populistas. Si no fuera porque estamos en Chile, juraría estar escuchando a Pablo Iglesias de Podemos (España), que no tiene siquiera el encanto ni voz del gran Julio.

Pero no debemos sorprendernos. Hace rato que andan con el cuento del tío. Es un hecho que la oposición en este país necesita politizar esta crisis al extremo, en especial teniendo un gobierno de centroderecha. Para los críticos de la entrega de cajas de alimentos, la reciente encuesta Cadem fue un balde agua fría: un 81% está de acuerdo con la medida del Gobierno. No puedo disimular mi sonrisa imaginándolos “mojados como diuca”. Ante el fracaso de la campaña, los políticos de oposición esperarán la próxima medida para intentar boicotearla.

Pero esto no es simple casualidad, sino que obedece a una concertada planificación de algunos sectores de izquierda progresista, siguiendo los pasos del compañero Alberto. Son los vientos de estatización que se nos vienen como el viento Puelche cordillerano. Conceptos como “nacionalización”, “declaración de interés nacional”, “derogación” de leyes, “rescatar” a empresas “estratégicas” tomando su control, entre otras, son todas acciones quirúrgicamente planificadas. A medida que salgamos de la crisis -y la unidad ya no sea tan necesaria- y enfrentemos la “nueva normalidad”, esta campaña se incrementará con un solo objetivo: tomar el poder y aumentar el tamaño del Estado, sin que al mismo tiempo se adopten medidas para hacerlo más eficiente. La eficacia estatal -y no la eficiencia- justifica engordar al Estado a cualquier costo. Si no me creen, pregúntenle a Alberto.

El conflicto será clave en esta estrategia. Está claro que una crisis sanitaria y económica en simultáneo son pasto seco para exacerbar el ambiente político y explotar situaciones de desigualdad. No es casualidad que la izquierda procure responsabilizar al modelo de libre mercado frente a la crisis, aduciendo su incapacidad de responder a la situación. A pesar de que la pandemia no tiene afiliación política, está claro que la izquierda progresista quiere flamear sus banderas -y no la de Chile- en el regreso a la nueva normalidad, pero no a cualquier normalidad, sino que a la suya. A los incrédulos, les sugiero mirar al otro lado de la Cordillera de Los Andes.

Lo que partió hace algunos años en temas educacionales, ahora se extiende a la salud, a las pensiones, a los servicios sanitarios, a la vivienda; y más adelante, lo hará al transporte público y a la energía, entre otros. La consigna no es generar un debate sobre el Estado de Bienestar sino que imponerlo, para que el Estado juegue un rol más fuerte, desplazando al sector privado, amputando la mano invisible. No hay que jugar con la mano invisible, les advierto. Es muy fuerte; al menos más fuerte que la mano de varios políticos, incluyendo el Gobierno.

Pero la estrategia no se agota ahí. La prohibición de distribuir utilidades a las empresas que se acojan a leyes de ayuda estatal o la aplicación de impuestos a la riqueza, también forman parte del discurso progresista. Se busca más que un Estado protector; se quiere un Estado interventor. Aunque la imprudencia de algunos empresarios no ayuda a la causa, lo cierto es que la ignorancia e irresponsabilidad de nuestros políticos tampoco lo hace. Juego de suma cero. Todos pierden. Menos ellos, que siempre ganan.

Muchos parecen no advertir, a causa de una aguda miopía, que la inusitada violencia y daño que acompañó el estallido social, generó una profunda crisis económica y política. En efecto, los impactos económicos del estallido social fueron de gran magnitud. El más claro fue sobre el PIB, donde el costo de la violencia en la economía fue cerca de US$9.000 millones (Banco Central). Y si a ello agregamos los daños en infraestructura pública y privada, incluyendo el Metro, que tuvieron un costo aproximado de US$5.000 millones (CCHC), llegamos a un costo total de US$14.000 millones (LyD). ¡Sí, leyó bien! No son sus cataratas. Pero hablando de cataratas, ¿sabe cuántos embalses se podrían haber construido con eso? Alrededor de 60 embalses. ¡Chúpense esa!, como decía un tío muy querido.

Pero los efectos de la crisis social no se agotan en la incertidumbre económica. Hay un factor adicional: la incertidumbre política e institucional, que se abrió a partir de la discusión de una nueva Constitución, proceso que además requerirá de cuantiosos recursos públicos. Solo ambos plebiscitos -de entrada y salida- podrían costarnos a los chilenos una módica suma de $60.000 millones, sin incluir los costos de funcionamiento de la Convención Constituyente. Todo ello para darle en el gusto a aquellos que quieren tirar por la borda décadas de progreso, para construir “su casa”. Y esto solo el comienzo. Afírmense los dientes -o la placa- cuando empecemos a ver las propuestas de nueva Constitución. ¡Eso si que será tirar la casa por la ventana!

Convengamos en que solo pensar en todo lo que se podría financiar con esos recursos nos debería llamar a reflexionar sobre la responsabilidad y seriedad de las propuestas de seguir incrementando el gasto público a destajo. Afortunadamente el ministro de Hacienda parece estar consciente de esta situación y ha sido enérgico en cuanto a que “no podemos quemar todos los cartuchos” en estos momentos. Pero, ¿cuánto le durará la “encachá”? Solo espero que más que la última reforma tributaria.

Es de esperar que el gran acuerdo nacional convocado por el Presidente de la República siga el mismo principio rector y se aleje de toda clase de medidas populistas, demagógicas e irracionales. Cualquier esfuerzo contrario significará “botar” -y no solo tirar- la casa por el precipicio. En tal caso, anticipo desde ya mi decisión: declararé el acuerdo nacional como “insanablemente nulo”, al mas puro estilo albiceleste. Cualquier reclamo, favor diríjase a la FIFA.

¿Le pareció muy larga esta columna? Bueno, solo espere ver su cara después de esta crisis. ¡Ahí hablamos!

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