La mayoría de los iluminados de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional siguen tomando decisiones que generan amplio rechazo entre los chilenos. Aunque no es patrimonio exclusivo de esta comisión, sus integrantes están elaborando un verdadero “mamarracho” constitucional, como advirtió el convencional Felipe Harboe. En esta ocasión, decidieron aprobar la iniciativa popular de norma que establece la nacionalización -o estatización, para ser correcto- de las empresas de la gran minería del cobre, del litio y del oro, junto con terminar todas las concesiones mineras vigentes, de pequeños, medianos y grandes mineros. Ahora, las propuestas aprobadas pasarán a la deliberación del pleno de la Convención. 

¿Debe sorprendernos la actuación de la referida comisión? A decir verdad, bien poco. Ya desde mucho antes del inicio del proceso constituyente, el sector minero se convirtió en el blanco de los sectores radicales y extremos, como el Partido Comunista (PC) y el Frente Amplio (FA). No es primera vez que ellos o algunos de sus representantes o socios recurren a este tipo de propuestas, abiertamente inconstitucionales, irresponsables y populistas, para promover iniciativas que afectan al sector privado. Aunque nuestro país parecía haber puesto coto a este afán intervencionista en la economía, ahonda esta preocupación la insistencia de algunos sectores de la Convención, como el PC y el FA, por realizar profundos cambios políticos, sociales y económicos, a través de la nueva Constitución. No sólo pretenden cambiar el régimen político, sino que, además, se busca debilitar y erosionar el derecho de propiedad, que es uno de los pilares fundamentales del orden público económico en Chile.

En el actual contexto politico-institucional, el principal desafío que tenemos para cuidar a la minería chilena es salvaguardar los derechos mineros en la nueva Constitución, de manera que la percepción internacional de la minería chilena siga siendo valorada y destacada por los inversionistas. Esto, que parece una perogrullada, es muy real. La drástica caída de Chile en el ranking minero internacional del Instituto Fraser, desde el puesto 17 (año 2019) al 30 (año 2020), es un buen indicador del aumento en las percepciones negativas de los inversionistas sobre las amenazas que se ciernen sobre el sector. Hoy, más que nunca, se necesitan señales claras en materia de estabilidad y certeza jurídica en las reglas del juego para este importante sector de la economía nacional. Si se aprueba la propuesta de la comisión, la Convención estará aniquilando a la gallina de los huevos de cobre, litio y  oro. A partir de ese momento, el Estado de Chile estará a un paso de desfilar por los tribunales nacionales e internacionales con el letrero de “culpable”. 

La propuesta de la Comisión corresponde una visión añeja de la minería, cargada de ideología y que ya creíamos abandonada. Sorprende que en pleno siglo XXI, existan convencionales que insistan en desmantelar una institucionalidad minera que no sólo permitió convertir a Chile en el principal país minero del mundo, sino que, además, es ampliamente destacada por los especialistas e inversionistas como un modelo exitoso. No olvidemos que nuestro sistema minero es una combinación virtuosa de minería publica y privada, que solo acapara elogios en el extranjero. El éxito que ha tenido el régimen minero vigente en Chile y la importancia que tiene la minería para el país, son precisamente las principales razones para mantener una adecuada regulación a nivel constitucional. Pero también hay otras razones igualmente importantes: la necesidad de tener certeza jurídica a través de una regulación estable y segura; nuestra tradicional constitucional minera a partir de 1970, que se reitera y fortalece en la Constitución de 2005; entre otras.

Los recursos naturales, en general, y la minería, en particular, son parte del debate en el marco de la elaboración de la nueva Constitución. Más que por razones técnicas o económicas, lo son por razones políticas e ideológicas. Hay sectores políticos que ven en el trabajo constituyente una oportunidad para hacer un ajuste de cuentas en contra de todo aquello que está considerado en la Constitución de 2005. Son los ánimos refundacionales que inspiran fundamentalmente a sectores de la izquierda radical. 

*Francisco Orrego es abogado

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