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Publicado el 16 diciembre, 2020

Francisco Orrego: Indultos, Andrés Bello y Navidad

La propuesta es una clara intromisión e invasión del Poder Legislativo en las esferas de competencia del Poder Judicial, como es administrar y aplicar justicia.

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No podemos menos de unir nuestra voz a las de otros defensores de las leyes y de la verdadera humanidad para reclamar contra los indultos del Congreso, cuando salen de aquellos limitados casos, a que por la constitución del estado y por la naturaleza de las cosas, debe ceñirse el ejercicio de esta prerrogativa importante”.

Esta frase no pertenece a cualquier persona. Tampoco a un chileno común y corriente, sino que a un personaje excepcional de nuestra historia: don Andrés Bello. Su contribución al desarrollo del derecho, a la educación y a la historia en Chile, entre otros tantos méritos, difícilmente puede ser igualada. Pero al igual que otros grandes próceres de nuestro país, don Andrés debe estar revolcándose en su tumba. Razones tiene de sobra. En esta oportunidad, se trata del proyecto para indultar a 232 personas privadas de libertad o condenadas por delitos contra el orden público ocurridos en el marco del 18 de octubre, presentados por un grupo de senadores de oposición, entre ellos, ni más ni menos, que la presidenta del Senado.

No es primera vez que nuestro Congreso Nacional perturba el eterno descanso de don Andrés por similar razón. La primera vez fue con ocasión de la aprobación de la reforma constitucional, en 1991, que autorizó al ex Presidente Aylwin a indultar a los llamados “presos políticos” por hechos acaecidos con anterioridad al 11 de marzo de 1990, bajo cuya aplicación fueron beneficiados 306 condenados por delitos terroristas. No hace falta recordar que el discurso pronunciado por el ex senador Jaime Guzmán, anunciando su rechazo a tal reforma, fue su certificado de defunción. El asesinato del ex senador no solo enlutó al país y a su democracia, sino que también develó cuán injustificada e inoportuna fue la reforma.

El proyecto de los senadores Muñoz, Provoste, Allende, Latorre y Navarro resulta cuestionable desde varios puntos de vista. Sin entrar al análisis específico del proyecto, en términos de su constitucionalidad y técnica legislativa, la propuesta es una clara intromisión e invasión del Poder Legislativo en las esferas de competencia del Poder Judicial, como es administrar y aplicar justicia. Bien nos recuerda don Andrés que no debe confundirse la clemencia generosa del Monarca con “la debilidad antisocial que sustrae los delincuentes al castigo que han merecido. Detener el brazo de la justicia que vindica los crímenes cometidos contra los particulares, es un atentado contra la sociedad: no es una prerrogativa, sino un abuso de poder, una verdadera tiranía”.

No cabe duda que la intervención legislativa en la administración de justicia tiene serios reparos e inconvenientes. Don Andrés, como ferviente partidario y promotor de la independencia del Poder Judicial, nos recuerda algunos de ellos: “se prolongarían las causas; el Congreso se convertiría en un tribunal de apelación: se multiplicarían sus atenciones con detrimento del servicio público; y se echaría por tierra la independencia constitucional de los juzgados. No hay para qué detenernos en manifestar la incompatibilidad de las funciones judiciales con las legislativas y con la organización de un Congreso”.

Por otra parte, la señal que entregan los parlamentarios de izquierda con una medida tan extraordinaria como es un indulto general, resulta, a lo menos, contradictoria. En el combate a la violencia y defensa de la democracia, con ocasión de los graves actos delictuales cometidos a partir del 18/O, el rechazo y la condena deben ser enérgicos e inequívocos. Pero este proyecto apunta precisamente en la dirección contraria. Es una muestra más del escaso compromiso de estos parlamentarios con el orden público y la convivencia nacional. A través de este proyecto, se justifica la violencia como método de acción política y la impunidad como respuesta colectiva a la violencia. Don Andrés ya nos advertía que “en un país como Chile, donde son tantas las causas que contribuyen a multiplicar los delitos atroces y algunas de ellas están fuera del alcance de la legislación, esta piedad mal entendida es funesta, y al Congreso es a quien menos toca autorizarla con su ejemplo”.

El intento de sus autores por instalar la idea de que se trata de un proyecto que busca favorecer a supuestos “presos políticos”, en base a cuestionables “razones humanitarias”, al aludir a la normativa internacional sobre derechos humanos, es un burdo esfuerzo por victimizar a quienes hoy están imputados o privados de libertad por graves actos delictuales. Junto con ello, los parlamentarios tratan de apropiarse nuevamente del patrimonio de los derechos humanos, como si fuera exclusivo de un solo sector -el de ellos, por cierto-, desconociendo por completo los derechos humanos de los demás y olvidando que en Chile existe un Estado de Derecho. A estas alturas, don Andrés, que era un eximio jurista internacional, debe estar dándose saltos mortales en su Mausoleo del Cementerio General.

Considerando que nos acercamos a Navidad, ¿cómo les digo a estos senadores que el Viejito Pascuero no existe? Mientras pienso en una sensata y convincente explicación, me propongo escribirle al Viejo Pascuero mi tradicional carta de final de año, rogándole que la Alameda vuelva a ser el lugar donde los santiaguinos se reunían a celebrar la Noche Buena a partir de 1850 y no un espacio, como es hoy, donde unos cuantos cientos de ellos se congregan a generar violencia, caos y destrucción. Me costaría imaginar a don Andrés celebrando la Navidad en las actuales condiciones, circulando entre aquellos delincuentes y pensando en que algunos parlamentarios pretenden beneficiarlos con el indulto.

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