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Publicado el 22 de julio, 2020

Francisco Orrego: Degradación de la política

El diagnóstico es claro: nuestro sistema democrático adolece de un serio problema de moralidad pública, o más bien, de ausencia de ella. El síntoma de esta enfermedad es la degradación moral de la mayoría de nuestros parlamentarios. Y ello no lo corrige ni la mejor Constitución del mundo.

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Mientras los parlamentarios -de izquierda y derecha- celebran la votación que aprobó, en su primer trámite constitucional, el proyecto de reforma constitucional que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, la política (esa con mayúscula) chilena, esa misma que extrañamos con nostalgia, se desangra trágica y lentamente frente a nuestros ojos.

Junto con recurrir a un subterfugio o resquicio constitucional, los parlamentarios optaron por ignorar la abundante y concluyente evidencia de expertos nacionales e internacionales, que aconsejaban -transversalmente- rechazar el proyecto por sus desastrosos efectos en las futuras pensiones y en la economía del país. En simples palabras, optaron por la demagogia y el populismo, al anteponer sus fines políticos-electorales personales por sobre los intereses generales del país.

Recordemos que Aristóteles consideraba a la democracia como una de las tres formas “puras” de gobierno (junto a la monarquía y la aristocracia), y que la degeneración de la democracia, tal como la entendemos, resultaba en la temida demagogia. Y explicaba que cuando se reemplaza el interés general por el interés particular de quienes gobiernan (o legislan en este caso), la democracia deriva inevitablemente en demagogia (como una forma “impura” de gobierno).

Nuestra historia política nos recuerda, lamentablemente, que estos episodios han sido recurrentes. Casualmente me encontré con un discurso de Enrique Mac-Iver (abogado y parlamentario), pronunciado el 1 de agosto de 1900, donde él llama la atención sobre lo que denomina “una falta de moralidad pública” que afecta a la sociedad chilena de aquella época. Aclara, por cierto, que no se refiere a esa falta de moralidad que se relaciona con la apropiación indebida de dineros o fondos públicos, sino que a algo mucho más profundo. A una moralidad mucho más alta que la corrupción. Se trata de una moralidad que, en sus palabras, es hija de la educación intelectual y hermana del patriotismo.

A juicio de Mac-Iver, se trata de una “moralidad que consiste en el cumplimiento de su deber y de sus obligaciones por los poderes públicos y los magistrados, en el leal y completo desempeño de la función que les atribuye la carta fundamental y las leyes, en el ejercicio de los cargos y empleos, teniendo en vista el bien general y no intereses y fines de otro género”.

Continúa hablando de la “moralidad que da eficacia y vigor a la función del Estado y sin la cual ésta se perturba y se anula… todo en daño del bienestar común, del orden público y del adelanto nacional”. Y remata en que ha sido “la falta de moralidad pública, ha sido el olvido del deber por el funcionario y el abandono de la función pública para dar paso a las ambiciones personales, al odio, a la venganza, a la codicia y al interés de la bandería”, lo que apartaba al país del camino del progreso.

Por otra parte, recurrir al uso de un subterfugio o resquicio constitucional para presentar un proyecto de reforma constitucional que permitiera modificar y saltarse la iniciativa exclusiva del Presidente de la República en materias propias de la seguridad social y gasto público, nos remonta también a un período de lamentables consecuencias para los chilenos. Muchos recordarán el uso y abuso de los resquicios legales en el período 1970-1973. En aquella época, bajo la supuesta apariencia formal de legalidad de los actos de gobierno, el Ejecutivo pretendió gobernar al margen del Congreso y de la Constitución. Ahora, casi 50 años después, es al revés. Estamos frente a un Congreso que, recurriendo a maniobras o prácticas legislativas fraudulentas, pretende gobernar al país saltándose a la Constitución y sometiendo al Ejecutivo.

Por eso, solo podemos calificar la votación del 8 de julio como un grave atentado al orden constitucional, quizás el más grave de los últimos 40 años, pero muy especialmente será recordado tristemente como el día en que nuestra Cámara de Diputados, motivada por intereses personales, dio inicio a un proceso declinatorio de la política difícilmente reversible. Solo resta esperar la actuación del Senado, en la votación de hoy, para ver cuán profunda es la crisis, pero todo indica que tampoco estará a la altura, apartándose de su rol histórico. Seguramente optarán por ese camino del que Mac-Iver nos advirtió un siglo atrás.

El diagnóstico es claro: nuestro sistema democrático adolece de un serio problema de moralidad pública, o más bien, de ausencia de ella. El síntoma de esta enfermedad es la degradación moral de la mayoría de nuestros parlamentarios. Y ello no lo corrige ni la mejor Constitución del mundo. Su solución, si acaso la tiene, pasa por una nueva clase política que encarne el valor de la responsabilidad y el interés superior del país.

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