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Publicado el 30 de diciembre, 2019

Francisca Reyes: ¿Crisis social, institucional o moral?

Abogada, Magister en Bioética PUC, Investigadora Res Publica Francisca Reyes

La crisis chilena se enmarca en el contexto de una crisis latinoamericana, y esta, a su vez, en una crisis cada vez más extendida y globalizada a nivel mundial. Entonces, ¿se trata de una crisis institucional universal? ¿O será que el factor común que subyace a este fenómeno es en realidad una crisis moral?

Francisca Reyes Abogada, Magister en Bioética PUC, Investigadora Res Publica

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Al cumplirse poco más de dos meses desde el denominado “estallido social”, varias son las consignas que aún permanecen en las calles, como fiel reflejo de las disgregadas demandas sociales que han protagonizado las revueltas ciudadanas. Al igual que las consignas, varios también han sido los diagnósticos que diferentes especialistas han hecho sobre la situación, no obstante, ninguno lo suficientemente clarificador o concreto, como para englobar y sintetizar de manera uniforme las posibles causas del conflicto. En lo que sí concuerdan la gran mayoría, es en que la raíz del problema pareciera encontrarse en una profunda crisis institucional, producto de la pérdida de confianza que ha venido incrementándose exponencialmente durante los últimos años.

Ahora bien, lo que no muchos se han detenido a considerar es que esta crisis chilena se enmarca en el contexto de una crisis latinoamericana, y esta a su vez en una crisis cada vez más extendida y globalizada a nivel mundial. Entonces, ¿se trata de una crisis institucional universal? ¿O será que el factor común que subyace a este fenómeno es en realidad una crisis moral?

Bastaría un breve recorrido a la manzana de alguna cuadra céntrica de la capital para encontrarse con consignas que en su mayoría plasman violentos mensajes que incitan toda clase de odio, principalmente hacia el Estado y las fuerzas de orden público. No es entonces paradójico que, impulsando demandas que –bajo su lógica– deben ser suplidas por el Estado, quieran al mismo tiempo destruirlo. No es tampoco paradójico que, condenando toda clase de violencia, inciten los atentados contra las fuerzas de orden público, instigando a su perjuicio. La violencia entonces pareciera legitimarse para algunos, y condenarse tajantemente cuando se dirige contra otros.

Esto no pareciera ser otra cosa que un evidente síntoma de una crisis moral, una de la cual todavía no somos conscientes, una enmarcada en el relativismo de las acciones morales, donde lo correcto es sencillamente lo que parece bueno para uno, independiente del bienestar del resto. Un resultado del individualismo imperante durante los últimos años, donde el concepto de bien común se perdió de las fronteras de la sociedad.

Lo más alarmante es que al parecer ya ni siquiera existe una verdadera comprensión de los conceptos que tanto se pregonan. Se ha concebido una justicia impregnada de igualitarismo, una libertad mal entendida como libertinaje, y una democracia consignada como el mandato de los más vociferantes. La tesis del lenguaje performativo –que construye realidad– es más evidente que nunca, no obstante, se trata de una realidad distorsionada e idealizada, y por tanto difícil de abordar.

En este contexto, la solución no se limita a modificaciones de tipo estructural, ni mucho menos ideológicas –como pareciera ser el caso de la nueva constitución–, sino que pasa por una conversión moral, aquella que nos permita valorar y re-valorar los pilares que sustentan la base de una convivencia social armónica, entre los que se cuentan como rectores el bien común y la solidaridad, pero también la tolerancia y el respeto, especialmente por quienes piensan diferente, pues solo así se construye la verdadera democracia.

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