Hace pocos días, la Convención aprobó el artículo que asegura el aborto sin límites en la nueva Constitución, un hecho sin precedentes a nivel internacional: de aprobarse el texto en el plebiscito, nos transformaríamos en el primer país que establece el aborto como derecho fundamental en su carta fundamental. No es una vanguardia de la que enorgullecerse. El mismo texto que busca ser reconocido como una “Constitución ecológica” y consagrar incluso los derechos de la naturaleza, incluirá a reglón seguido la prerrogativa de terminar con la vida humana en gestación hasta el día mismo del parto, estableciendo la autonomía radical de unos individuos de la especie por sobre otros y sus derechos fundamentales. Aunque la tensión entre ecologismo y aborto no siempre es evidente —de hecho, suelen presentarse como parte de un mismo movimiento progresista—, la inconsistencia de este proyecto es inmensa.
En el núcleo de la perspectiva ecológica se encuentra la necesidad de recuperar la idea de límite: en lo que respecta a la acción humana sobre la naturaleza, no todo lo que se puede hacer se debe hacer. Dicho de otro modo, la crisis ambiental es la demostración más patente de lo problemática que resulta la lógica instrumental que considera al mundo como una materia totalmente disponible para satisfacer nuestros deseos e intereses. En contraste, el pensamiento ecológico busca, con razón, propiciar formas de organización social e instituciones que favorezcan actitudes de cuidado, a partir del reconocimiento del valor intrínseco (y no solo instrumental) de todos los seres naturales. Lo anterior implica comprender que la autonomía individual no es ilimitada: en palabras del sociólogo Hartmut Rosa, se trata de recuperar de algún modo el sentido de lo indisponible en nuestra relación con el mundo, la conciencia de que no todo puede ser utilizado o manipulado sin que eso se vuelva contra nosotros mismos. Porque no es digno del ser humano tratar a otros solamente como objetos, y hacerlo no solo atenta contra esos otros, sino que también denigra de alguna forma a quien actúa.
Una manera particularmente grave de desconocer lo anterior es proponer el aborto como derecho fundamental garantizado constitucionalmente. Al tiempo que el resto de la naturaleza se considera indisponible —en algunos casos, literalmente intocable— la vida humana es vista con indiferencia, como materia sobre la que cabe decidir. La contradicción interna del “aborto con sensibilidad ecológica” es no comprender a los humanos como parte de aquella naturaleza que requiere ser custodiada. En el fondo, se los considera afuerinos, sin ninguna semejanza con la realidad que los circunda, depredadores en relación antagónica con el mundo (¿una curiosa vuelta especista de los antiespecistas?). La tolerancia generalizada de las élites políticas y culturales respecto del aborto parece fundarse en esa idea separatista, que concibe a las personas y el mundo natural como polos contrapuestos. Se intenta superar el antropocentrismo, pero paradójicamente se llega a una nueva forma de supremacía humana sobre la naturaleza: la del descarte de seres vivos —también sintientes— por parte de otros humanos, por garantizar formas ilimitadas de autonomía.
La auténtica acción ecológica implica superar la lógica instrumental y el voluntarismo del sujeto que se impone a todo lo demás. Pero no es posible promover esa mentalidad a nivel colectivo con políticas que apuntan exactamente en la dirección contraria. La radicalización de la idea de autonomía individual difícilmente puede conciliarse con una cultura del cuidado ecológico. Cuando se intenta, termina arrasando con las personas mismas: no solo con aquellas que ven directamente vulnerados sus derechos, sino también con quienes se alienan a sí mismos al tratar de un modo indigno la vida de otros. También en estos casos, la naturaleza llora.
*Francisca Echeverría es investigadora en Signos, Universidad de los Andes.