Cuando en 1943, en plena guerra, Winston Churchill se dirige al pueblo inglés y propone un plan para los siguientes cuatro años, no promete nada. Habla de trabajo, de educación, de política internacional, de demografía, y lo hace de un modo transparente y concreto, sin un ápice de paternalismo. Dibuja un panorama de la situación que enfrentarán tras el conflicto, ofrece las grandes líneas para la reconstrucción y apela a la colaboración de todos. No subestima a su gente: no oculta las dificultades ni promete imposibles. Los trata como a adultos. Queda claro a qué se enfrentan y que todos son responsables.

Las circunstancias políticas han variado significativamente desde entonces, pero no nos vendría mal mirar por un momento el talante de figuras de esa envergadura. Es obvio que nuestros políticos están lejos de ser Churchill, pero el punto al que me refiero es sencillo. Nuestra crisis sigue viva y lo último que necesitamos de las autoridades son novelas rosa sobre el futuro o la actitud asistencialista de reducir a los ciudadanos a simples destinatarios de políticas sociales, a ciudadanos-clientes, usuarios de un sistema. 

Lejos de ese trato infantilizante, uno esperaría la verdad sobre las dificultades que tenemos por delante: el golpe de la inflación y la recesión económica que viene; nuestro severo problema de pensiones tras los retiros sistemáticos de fondos (y al responsabilidad política de quienes los promovieron); el drama en educación, agudizado por la pandemia, por el que una abrumadora mayoría de los niños en edad de leer no lee; la cuestión constitucional que, aunque ha perdido interés para la ciudadanía, de no resolverse será una herida abierta por décadas… 

No se trata de fomentar el pesimismo, sino un mínimo sentido de realidad: ¿o resulta creíble, por ejemplo, prometer un aumento inmediato de las pensiones tras la reforma del sistema, en circunstancias en que más de un tercio de los trabajadores ya no tiene ahorros previsionales y que la inflación destruye a una velocidad inédita el valor de los ahorros de los otros dos tercios? Es difícil pensar que conseguiremos mejores pensiones sin instituciones simultáneamente legitimadas y eficientes, y sin sacrificios por parte de los trabajadores, como el aumento de la edad de jubilación y de las cotizaciones (que, aunque se planteen como cargo al empleador, indirectamente termina recayendo sobre el empleado). ¿Por qué no decírselo a los chilenos? ¿Por qué simular que podemos resolver un problema de esta magnitud como si fuera una dificultad técnica, de mera redistribución? E incluso en su dimensión redistributiva, ¿cómo pretender una recaudación suficiente sin apuntar a la necesidad de sacrificio colectivo?

Apelar a la verdad y al esfuerzo de los ciudadanos supone agallas ⎯no da réditos de corto plazo⎯ y requiere de un compromiso fuerte con la propia tarea, capaz de inspirarlo en otros. No es fácil, pero es posible que sea de las pocas vías disponibles para sanar la desconfianza en las instituciones que ha trizado al país en la última década. Mientras las palabras y quienes las emiten se desgastan en las promesas vanas, cobrarían nueva fuerza si hablaran de lo real. La madurez que se reveló en el plebiscito del 4 de septiembre muestra que Chile está preparado para ese lenguaje. 

Duele decirlo, pero ni Boric ni Piñera han sido capaces de articular las palabras justas en estos momentos de crisis. No han pedido nada a los chilenos. Los han tratado como consumidores o, en el mejor de los casos, como niños. Pero solo a quienes se trata como adultos se los considera iguales. Y quizás solo desde ahí la palabra emitida, la palabra política, pueda tornarse eficaz. 

*Francisca Echeverría es investigadora de Signos, Universidad de los Andes.

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