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Publicado el 29 de junio, 2019

Francesca Zaffiri: El debate sobre la descentralización

Cientista político, investigadora Fundación P!ensa Francesca Zaffiri

No es fácil delegar poder político para que surjan nuevos actores tomadores de decisión. De ahí que, más que la fecha de elección de gobernadores, lo importante es una ley corta que se haga cargo de la autonomía de las regiones.

Francesca Zaffiri Cientista político, investigadora Fundación P!ensa
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Siempre es difícil delegar el poder, más aún cuando es político. El monopolio de la toma de decisiones, de una u otra manera, ha sido la bandera de lucha entre grupos que tratan de legitimar su visión de cómo debiese ser la vida en sociedad. En el último tiempo, hemos sido testigos de esta pugna en una de las legislaciones más innovadoras para el estado: el proceso de descentralización.

Es claro que existen posturas a favor y en contra para elegir a los gobernadores regionales del próximo año. Será una ley mal aplicada, no están las competencias necesarias para el cargo y las regiones no están preparadas para la responsabilidad son algunos argumentos para evitar el curso de la descentralización chilena. Y en efecto, son válidos, pues es evidente que las leyes aprobadas tienen un diseño estructural que, a largo plazo, podrían perpetuar las condiciones desiguales de las regiones versus la capital.

Por ejemplo, la actual legislación dispone que en el proceso de traspaso de una competencia –esto es, poder tomar decisiones en materias específicas- la solicitud es aceptada, finalmente, por el/la Presidente de la República, sin necesidad de justificar su posición. A priori, este diseño tiene por consecuencia que el traspaso quede a completa discreción del jefe de estado y gobierno, dejando la puerta abierta para que la solicitud dependa de (1) que el gobernador de la región sea o no del mismo partido o coalición del gobierno nacional y (2) exista una negociación cuyo resultado esté sometido al “favor” de conceder la solicitud.

Ahora bien, no es baladí que sea el Presidente quien determine si la competencia se traspasa o no. Detrás de esta nueva ola descentralizadora subyace una visión política en el que las regiones y el centro político tienen una relación de subordinación. Dicho de otra manera, las unidades territoriales dependen del poder central a la hora de tomar decisiones y definir sus caminos de desarrollo.

Si a todo lo anterior agregamos que el gobierno no ha tomado la descentralización como uno de sus sellos de gestión, podemos afirmar que el proceso de descentralización actual está sujeto a una relación de poder de tilde paternalista. Es decir, una relación asimétrica en la que, por un lado, tenemos a un proveedor de servicios y, por otro, a un receptor que se encuentra bajo la tutela de esta suerte de padre. Si lo llevásemos a la arena familiar, los hijos están supeditados a sus padres hasta que tienen las herramientas suficientes para independizarse.

La diferencia es que la descentralización es propia de lo político, porque la relación padre-hijo se replica en la concepción de región-país y esto genera grandes consecuencias. Una de ellas vendría siendo el inmovilismo, porque coarta las oportunidades que las personas tienen en regiones versus las que podrían tener de vivir en el centro político. Por lo mismo, no hablamos de una suerte de emancipación regional, sino que simplemente de generar las herramientas necesarias para que cada territorio pueda llevar a cabo su desarrollo. En esta línea, la descentralización política, administrativa y fiscal es el camino adecuado.

¿Es un camino difícil de lograr? De cierta manera lo es, porque no es fácil delegar poder político para que surjan nuevos actores tomadores de decisión. Favorablemente, vivimos en un sistema político que permite que estos problemas sean llevados a la mesa por actores que, si bien no son políticos, influyen en la toma de decisiones, como los grupos de interés. Canalizadores de demandas, éstas son llevadas a quienes efectivamente toman dichas decisiones, como los congresistas. De esa forma, una ley concebida con mecanismos centralistas tiene posibilidad de mejorar cuando think tanks cumplen el rol de tecnócratas hacia los poderes de estado. Subsanando así, por ejemplo, la excesiva discrecionalidad del Presidente de la República a la hora de delegar una competencia a alguna de las quince regiones.

He ahí la importancia que tiene una ley corta, y no el cambio de fecha de la elección de gobernadores regionales. Acciones concretas que ya se encuentran en la mesa, como las siete medidas propuestas por Fundación P!ensa, que se hacen cargo de algunos problemas de la ley –como el exceso de discrecionalidad– actual. El ingrediente faltante es la voluntad política para cambiar el status quo y, así, comenzar a repartir el poder político en miras del desarrollo regional.

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