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Publicado el 14 de diciembre, 2019

Francesca Zaffiri: Derechos y deberes

Cientista político, investigadora Fundación P!ensa Francesca Zaffiri

En un contexto plebiscitario como el del próximo año, es muy probable que, si mantenemos un mecanismo desigual de representación como el voto voluntario, el resultado final del referéndum pierda legitimidad. Y en la crisis actual en la que estamos, es un lujo que no nos podemos permitir.

Francesca Zaffiri Cientista político, investigadora Fundación P!ensa
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La actual crisis social nos ha mostrado que hay una serie de desigualdades que debemos resolver en provecho de nuestro país. Sueldos, acceso a la salud e impunidades son solo algunas aristas del conflicto. Sin embargo, un nuevo pacto social fue en su momento el más escuchado y acogido por nuestra clase política. A raíz de ello, seremos partícipes de uno de los comicios más importantes de los últimos 30 años. En abril del 2020, se realizará el plebiscito de entrada para saber si queremos tener una nueva constitución.

Esto es, si es que nos presentamos a votar. A pesar de que hay cabos sueltos por definir sobre el diseño del referéndum –cuotas, listas, escaños reservados, entre otros-, poco se ha dicho que se realizará bajo voto voluntario, siendo que ésta debiese ser la primera discusión, sino una de las más importantes ¿Por qué?

En principio, porque desde inicios de siglo que nos enfrentamos a la ausencia de los ciudadanos a las urnas. Si bien no es un fenómeno exclusivo de Chile, una de las manifestaciones de la crisis de confianza y representación es que las personas están cada vez menos interesadas en participar en las elecciones. Hay bastantes motivos para creer aquello, estudios académicos y encuestas nos han mostrado que la participación no logra superar el 50% del padrón. Y es que además nos enfrentamos a preguntas tales como ¿para qué votar si son los mismos de siempre? ¿y si no cambian las cosas? O bien, ¿esto soluciona mis problemas?, que forman parte de nuestro imaginario colectivo y nos hacen pensar que desde un buen tiempo hay un vacío en materia de representación.

Este fue uno de los principales argumentos para implementar el voto voluntario cuando se discutía el 2008. Se creía que, eliminando la obligatoriedad de éste, los partidos políticos buscarían maneras de representar mejor a su electorado y ellos, a cambio, irían a las urnas por convicción, fomentando así la participación política. Sin embargo, lo que terminó ocurriendo fue que cambiamos el ethos de uno de los modos formales de participación más conocidos. Pasamos de pensar en el voto como un derecho y deber, a verlo como un bien de consumo. Porque al final de un día electoral, terminamos yendo a votar siempre y cuando nos convenga. Y si bien esto no parece una idea inconexa –porque el voto refleja nuestros intereses en uno o más gobernantes-, lo que ha ocurrido es que terminamos de perder una valiosa forma de asociación.

Porque si bien el acto de votar no es una panacea, es uno de los pocos mecanismos que tenemos para realizar decisiones colectivas. Votar no es solamente ir a las urnas, es un punto de encuentro con la comunidad y es inalienable con la representación. Porque como bien indica Adam Przeworski, sin uno, no hay lo otro. Sin embargo, ¿qué pasa cuando, a pesar de que el voto existe, no se usa?

Una respuesta vendría siendo que la desigualdad aumente. No cualquiera, sino la de clase. Porque la representación no termina de cumplir su rol, puesto que dejamos de ejercer un derecho que no sabíamos que teníamos. El voto voluntario genera un sesgo que, en la práctica, hace que quienes acuden por su cuenta a las urnas sean personas de niveles socioeconómicos, educación y edad más altos. Esto es un gran problema para nuestra democracia, porque la representación termina siendo desigual e incluso medio vacía, porque hay grupos que quedan subrepresentados y, por lo tanto, hay demandas que no son absorbidas por uno de los mecanismos más legitimadores. Al final del día, las elecciones libres y periódicas se transforman en un punto de encuentro entre quienes siempre votan, y no entre los distintos grupos que conforman nuestro país.

Si a todo lo anterior añadimos la ausencia de la educación cívica como mecanismo para promover valores democráticos, entonces podemos concluir que el voto voluntario no supo cumplir su misión. Si bien con el voto obligatorio no hay garantías de que se solucione la crisis social y política que estamos viviendo, como mínimo va a devolverle a la ciudadanía un derecho cuya responsabilidad es ejercer.

En un contexto plebiscitario como el del próximo año, es muy probable que, si mantenemos un mecanismo desigual de representación como el voto voluntario, el resultado final del referéndum pierda legitimidad. Y en la crisis actual en la que estamos, es un lujo que no nos podemos permitir. Porque, a fin de cuentas, cuidar de nuestra democracia no solo depende de las elites, sino también de que como ciudadanos ejerzamos nuestros derechos y deberes.

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