El sistema político requiere un viraje significativo en la forma en que financia sus campañas electorales. Las condiciones formales e informales en este ámbito anticipan lo que más temprano que tarde será una tormenta perfecta.
¿Cuáles son estas condiciones? Muy simple: tenemos un sistema con bajos niveles de transparencia, altos incentivos para que las grandes empresas coopten a los actores políticos, y nulos mecanismos de control. La sumatoria de cero transparencia + cero control es la combinación perfecta para cometer irregularidades, y con ello generar condiciones para que un escándalo de magnitud pueda configurarse.
Transparencia cercana a cero significa que nosotros, los electores, ni antes ni después de las elecciones conocemos quién o quiénes financian las campañas políticas. La ley actual permite donaciones anónimas, reservadas y públicas; pero como las empresas tienen fuertes incentivos para realizar donaciones (al obtener rebajas de impuestos), entonces la mayoría de ellas lo hacen en forma reservada y/o anónima. Un ejemplo de las elecciones de 2013 fue la candidatura de Evelyn Matthei que, del total de donaciones privadas a su campaña, el 100% fueron reservados (leyó bien, ¡100%!). Para el caso de Michelle Bachelet, del total de donaciones privadas, el 67,6% fue de carácter reservado y/o anónimo.
Control cero implica que el Servicio Electoral sólo verifica que los ingresos declarados por las distintas candidaturas y los gastos presentados cuadren. Se trata de un ejercicio simple de contabilidad y nada más. No existen supervisiones en terreno, como tampoco se realizan auditorías aleatorias a las diferentes campañas. Como el control es meramente formal, los candidatos y partidos deben preocuparse simplemente de hacer cuadrar ingresos y egresos y declarar como gasto lo que permite la ley.
A lo anterior se suma una serie de perversos incentivos: se premia la donación de las empresas por la vía de descuento de impuestos; se permiten elevadísimos límites a los gastos de campaña, lo que incentiva a las candidaturas a aceptar donaciones reservadas y anónimas; sólo se permite publicidad gratuita en televisión, dejándose en libertad de acción a la publicidad en radios y prensa escrita; no se penaliza en términos prácticos la colocación de publicidad en las calles; y existen sanciones exclusivamente monetarias por la eventual superación de los límites permitidos en la ley.
Así, la ausencia de transparencia y control unido a una serie de incentivos han generado un cuadro que estimula que Ud. vea en las calles una irracional venta de candidaturas en años electorales, pero que además se produzcan cada cierto tiempo escándalos asociados a donaciones de grandes empresas a candidaturas políticas.
La solución es relativamente conocida: primero, se requiere fortalecer los mecanismos de control por parte del Servicio Electoral para fiscalizar los gastos electorales; segundo, se necesita eliminar los aportes anónimos y reservados de modo de transparentar el origen de las donaciones; tercero, se necesita establecer un periodo de recolección de recursos para campañas en un periodo prudente antes de las elecciones de modo que la ciudadanía pueda emitir un voto informado. Cuarto, se necesita emparejar la cancha de competencia estableciendo acceso a radio y prensa escrita gratuita; y quinto, se requiere promover incentivos efectivos para promover partidos políticos transparentes y que se transformen en aportes al fortalecimiento de la democracia.
Mientras la política dependa económicamente de las empresas para subsistir estaremos arriesgando nuestra democracia. La tormenta perfecta del sistema político está frente a nosotros y se llama financiamiento de la política.
Claudio Fuentes, Director de las Escuela de Ciencia Política Universidad Diego Portales. Doctor en Ciencia Política.
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO