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Publicado el 14 de septiembre, 2019

Felipe Pereira: Si aceptamos 40 horas, ¿por qué no 20?

Se ha correctamente concluido que los proyectos de ley que directamente generen gasto fiscal son de iniciativa exclusiva del presidente. La pregunta crucial es, por tanto, si la rebaja de la jornada laboral genera o no gasto fiscal.

 

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La discusión pública ha sido monopolizada, sin duda alguna, por la moción parlamentaria que propone reducir la jornada laboral de 45 a 40 horas. Sus promotores argumentan, entre otros, que la rebaja horaria mejoraría la salud psicológica y física de los trabajadores, representaría un aumento en el bienestar familiar de los mismos y que, incluso, podría crear puestos de trabajo. Esta columna no pretende discutir la veracidad o justificación de las afirmaciones que se han realizado sobre las bondades o perjuicios de la iniciativa, sino que, en cambio, busca abordar la discusión sobre su eventual inconstitucionalidad.

Como hemos escuchado reiteradamente en los medios de comunicación durante los últimos días, el artículo 65, inciso tercero de la Constitución chilena establece que corresponde al Presidente de la República la iniciativa exclusiva de los proyectos de ley que tengan relación con “la administración financiera o presupuestaria del Estado”. Sobre la base de dicha disposición, se ha correctamente concluido que los proyectos de ley que directamente generen gasto fiscal son de iniciativa exclusiva del presidente. La pregunta crucial es, por tanto, si la rebaja de la jornada laboral genera o no gasto fiscal. Los defensores de la moción parlamentaria sostienen que no, argumentando simplemente que la aprobación de este proyecto no obliga al Estado a aumentar el gasto público, sino que su única consecuencia es que los empleados, entre los cuales obviamente se encuentran aquellos del sector público, trabajarán cinco horas menos a la semana.

El simplismo de tal razonamiento es, según mi opinión, evidente. Imaginemos que un funcionario público, con la actual jornada laboral, realiza 100 operaciones en un día normal. Con una jornada menor el Gobierno debiese debatirse entre las siguientes opciones: primero, aceptar que el funcionario público realizará menos operaciones por día, con lo cual los usuarios (todos nosotros) recibirán un peor servicio; segundo, contratar a otro funcionario bajo una jornada parcial para mantener el nivel del servicio; o tercero, pagar horas extras al funcionario que ya estaba contratado a efectos de mantener el nivel del servicio. El dilema del Gobierno será evidentemente complejo: o incurrir en gasto fiscal o aceptar una disminución en la satisfacción de los usuarios, lo cual podría generar descontento social. ¿Cuántos Gobiernos aceptarían esta última alternativa? Pareciera fácil imaginar que la mayoría de los Gobiernos preferiría la primera opción: incurrir en gasto fiscal.

Existe un ulterior argumento que, desde mi punto de vista, permite visualizar la imposibilidad de aceptar la constitucionalidad de la moción en cuestión, y se relaciona con la propia estructura del artículo 65. La regla contemplada en el inciso tercero de la disposición citada es binaria, toda vez que se refiere a materias y no a proyectos de ley en específico. Esto significa que la pregunta no es si un proyecto de ley que rebaje la jornada laboral de 45 a 40 horas es o no constitucional, sino que la pregunta consiste en responder si un parlamentario tiene o no la facultad constitucional para, por sí y ante sí, presentar un proyecto de ley sobre esta materia.

Si se aceptase la constitucionalidad de la moción parlamentaria presentada, forzosamente se debiese también admitir la constitucionalidad de una moción parlamentaria que rebajase la jornada laboral a 38 horas, así como otra que lo hiciera a 30 horas. ¿Y qué sucedería con otra que la rebajase a 20 horas?  Pareciera evidente que una moción parlamentaria que rebajase la jornada laboral de los funcionarios públicos a 20 horas genera gasto fiscal. Si ello es evidente, también debiese serlo que una rebaja de 5 horas también genera gasto fiscal. Indudablemente uno menor, no quisiera exagerar. Pero de nuevo, la pregunta a responder no es cuanto gasto fiscal, sino que si se genera o no algún gasto. Si la respuesta es afirmativa para una moción insólita de 20 horas, misma suerte debiese correr una de 40.

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