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Publicado el 04 de junio, 2019

Felipe Lyon: ¿Justicia en el espacio universitario?

Director Área Servicio Público Fundación Jaime Guzmán Felipe Lyon

¿No es parte de los deberes de las autoridades de un espacio educativo, como es una universidad, velar por el mínimo orden y justicia? ¿No debiese preocuparles y hacerlos actuar que a un grupo de alumnos se les esté funando violentamente a diario?

Felipe Lyon Director Área Servicio Público Fundación Jaime Guzmán
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Hace unos días Cristián Warnken, columnista de El Mercurio, se preguntaba si no estábamos presenciando una verdadera inquisición operando de facto en las universidades chilenas. Lo hacía a propósito del caso de José Ignacio Palma, el ex candidato a la FEUC falsamente acusado de abuso sexual que ha conmocionado al país estas últimas semanas.

El punto es interesante, porque en general el análisis de este caso se ha limitado a hablar de los alumnos involucrados, ya sea desde el punto de vista del autor del hecho, de la víctima (Palma), o de los demás candidatos que se aprovecharon burda y oportunistamente del hecho. Pero poco se ha hablado del rol de la Universidad, y en concreto de sus autoridades.

Hay miedo en las autoridades a apartarse de lo políticamente correcto, a aparecer en la prensa por haber afectado a los grupos de interés de turno, de haber pecado contra la santa inquisición del feminismo radical o del lobby gay.

En la Pontificia Universidad Católica de Chile no sólo se cometió un delito contra uno de sus alumnos, acusándosele falsamente de abusar a una compañera. Palma fue objeto de reiterada violencia contra él y sus compañeros de movimiento, viéndose obligados a aguantar que les dijeran violadores, los echaran de los patios, les hicieran sacarse sus poleras, y les recordaran reiteradamente que los querían “ver arder”. Todo esto ocurrió ante los ojos impávidos de las autoridades de la PUC, que no hicieron absolutamente nada por evitarlo o reprenderlo. Por eso, Palma acudió a fiscalía a autodenunciarse, y fue gracias a ese proceso que hoy sabemos que fue una mentira.

Sinceramente, dudo que haya mala intención alguna de la PUC, sus Decanos y Rector, pero sí hay miedo. Miedo a apartarse de lo políticamente correcto, a aparecer en la prensa por haber afectado a los grupos de interés de turno, de haber pecado contra la santa inquisición del feminismo radical o del lobby gay. Pavor de ver afectado sus impecables resultados en rankings internacionales por no cumplir con sus pautas impuestas. Y es ese temor lo que más preocupa, puesto que paraliza a las autoridades y las hace olvidar los conceptos más mínimos de justicia.

El caso de Palma no es aislado. En la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, por ejemplo, sucedió que ante la renuncia de una Consejera Superior la Federación decidió contrariar el estatuto y llamar a nuevas elecciones, en lugar de que asumiera la siguiente mayoría, el estudiante de Derecho José Manuel Valdivieso (del movimiento opositor). Él decidió interponer un recurso de protección contra su Federación, sabiendo que la Universidad se lavaría las manos.

La sana autonomía que pueden tener los alumnos para organizarse y participar ha sido cómodamente confundida por la pasividad y la inacción.

La pregunta de fondo es: ¿No es parte de los deberes de las autoridades de un espacio educativo como es una universidad velar por el mínimo orden y justicia? ¿No debiese preocuparles y hacerlos actuar que a un grupo de alumnos se les esté funando violentamente a diario? ¿Cómo no va a ser tarea de la Rectoría de una universidad velar por un mínimo de justicia en la organización de sus estudiantes? La sana autonomía que pueden tener los alumnos para organizarse y participar ha sido cómodamente confundida por la pasividad y la inacción. Eso no puede ser, y menos en el que debiese ser espacio por antonomasia de la reflexión y el debate.

Espero que la resolución de lo que ocurrió en la UC abra los ojos de las autoridades universitarias.

Hilando más fino aún, casos similares vienen ocurriendo hace un tiempo y no sólo en nuestro país. Profesores y alumnos que optan por autocensurarse o pedir disculpas antes que ver sus carreras o su imagen pública deterioradas, puesto que saben que no cuentan con el apoyo de quienes lideran la universidad. La comunidad académica (profesores y alumnos) ha dejado de confiar en sus autoridades y procesos internos. Las ven subyugadas a lo políticamente correcto, a lo que una minoría interesada pautea. Las ven incapaces de resolver con justicia, de garantizarles seguridad o de proteger la más mínima libertad de expresión. Por eso acuden directamente a lo que debiese ser la última ratio: los tribunales, ahorrando tiempo y consiguiendo un resultado probablemente más justo.

El asunto es complejo y estas líneas no bastan, pero espero que la resolución de lo que ocurrió en la UC abra los ojos de las autoridades universitarias. De lo contrario, se acercan tiempos en que se multiplicarán los recursos judiciales en su contra, y en que las universidades corren el peligro de ir perdiendo su carácter de espacios de reflexión, respeto y libertad para crear y pensar.

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