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Publicado el 03 de diciembre, 2019

Felipe Ignacio Pereira: Reajuste y aumento de sueldos en el sector público

El denominado “reajuste del sector público” ha sido una política pública regresiva, en el sentido de que no ha contribuido a disminuir la desigualdad en la sociedad chilena. Lo anterior no significa que los sueldos de ese sector  deban permanecer inalterados, pero sí exige distinguir claramente entre reajuste y aumento de sueldo.

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El pasado viernes 29 de noviembre, los representantes del sector público se reunieron con el ministro de Hacienda Ignacio Briones y la ministra del Trabajo María José Zaldívar. En dicha oportunidad, reiteraron el petitorio efectuado en octubre de 2019, en el cual solicitan un reajuste nominal de 7%. Sin pretensión de agotar la discusión, quisiera en esta oportunidad plantear una reflexión de justicia sobre la solicitud.

Según las estadísticas elaboradas en 2018, el promedio de las remuneraciones en el sector público y privado es de $808.900 y $561.200, respectivamente. En términos de ingreso mediano, el ingreso del sector público y del sector privado es $603.532 y $399.656, es decir, un 51% más en el primer segmento. Al mismo tiempo, mientras en el sector privado sólo el 12.2% de los trabajadores percibe más de un millón de pesos al mes, dicho porcentaje se eleva a un 50% en el sector público.

Sin temor a exagerar, uno entonces podría concluir que las remuneraciones en el sector público son sensiblemente mejores que en el sector privado. Lo anterior, si bien es consecuencia de una multiplicidad de distorsiones del mercado laboral privado chileno, que bien convendría corregir, no puede ser desatendido.

A efectos de dimensionar la magnitud del reajuste solicitado por los representantes del sector público, es menester destacar que, según los datos entregados por el Gobierno, un reajuste nominal del 7% de las remuneraciones del sector público equivale a un mayor gasto público de 4.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, elevar el ingreso mínimo garantizado propuesto por el Gobierno a $ 550.000 equivale a un mayor gasto público de 1.270 millones de dólares.

Como el lector podrá imaginar, subyace a la argumentación precedente la tesis de que históricamente el así denominado “reajuste del sector público” ha sido una política pública regresiva, en el sentido de que no ha contribuido a disminuir la desigualdad en la sociedad chilena. Lo anterior no significa que los sueldos del sector público deben permanecer inalterados, pero sí exige distinguir claramente entre reajuste y aumento de sueldo. Mientras el primero comprende sólo la variación del IPC, el segundo comprende toda cantidad que supere la variación precedente. Cabe indicar que la inflación registrada en 2018 fue de en 2,6%. Asimismo, la inflación acumulada en Chile hasta de octubre de 2019 es de 2%.

Como consecuencia, si bien un reajuste de sueldos equivalente a la variación del IPC para todos los trabajadores públicos puede ser razonable, un aumento único de sueldos para todos los trabajadores del sector público es discutible. Si verdaderamente estamos comprometidos con una sociedad más justa y más igualitaria, una política pública razonable de reajustes y aumentos de sueldo en el sector público exige, desde mi punto de vista, diferenciar entre los distintos trabajadores públicos y aumentar los esfuerzos respecto a los salarios de los trabajadores del sector privado. ¿Por qué no proponer un reajuste equivalente a la inflación o ligeramente inferior para aquellos empleados con mayores ingresos, y al mismo tiempo ofrecer un reajuste + un aumento de sueldo para aquellos trabajadores con menos ingresos, proponiendo al mismo tiempo un aumento del ingreso mínimo garantizado? El resultado de tal política es simple: primero, aquellos que ganan menos ganarán más y, segundo, la diferencia entre aquellos que ganan más y aquellos que ganan menos será menor.

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