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Publicado el 24 de septiembre, 2019

Felipe Castro Azócar: La (in)justicia de regular el precio de la vivienda

Confiar a la legislación la regulación de los precios no solamente sería injusto, sino que además constitutivo de un ineficiente paternalismo al no permitir a los agentes económicos maximizar su utilidad y aprovechar excedentes, desperdiciándose así una cantidad no menor de recursos.

 

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Un fuerte debate se ha instaurado en Chile las últimas semanas sobre la necesidad de regular el precio de la vivienda y la rentabilidad de la industria inmobiliaria. Así, la discusión sobre la necesidad de regular en pos de alcanzar ‘justicia’ en los precios en éste y otros rubros ha ido creciendo en la opinión pública, generando fervientes adeptos a la idea de que el legislador intervenga aplicando este tipo de medidas que supuestamente “beneficiarían a todos”.

Cabe decir que las fijaciones de precios no son (ni serían) algo nuevo en Chile. Por sólo mencionar algunas posteriores al año 1980, se pueden contar aquellos regímenes de precios en materia de telecomunicaciones, agua potable y alcantarillado, electricidad y gas. Sin ir más lejos, y haciendo el enfoque a la noción de un ‘justo precio’ que hoy se trae a la palestra, el mismo Código Civil que entró en vigor el año 1857 se refiere a ella en su artículo 1889 a propósito de la institución de la lesión enorme, sin decir en qué consiste, pero no obstante haciendo de la aplicación de dicho estatuto en el derecho local algo excepcional. Esto con toda razón de ser, pues, como explicaron en su época los juristas Marcel Planiol y Georges Ripert, al ser el valor de las cosas esencialmente relativo, además de variable, cada persona es libre de contratar según se le dé la gana.

Esta última idea expresada es importante, toda vez que al no haber definición legal de lo que es un ‘justo precio’, ha existido consenso en la doctrina jurídica y los tribunales en que para su entendimiento “habrá de estarse al valor normal, común y corriente o de mercado de la cosa al tiempo de celebración del contrato” (Corte Suprema, Rol N° 1797-2015). Lo anterior, coindice con la idea hayekiana que sostiene que exclusivamente puede considerarse como justo el precio natural que sólo puede darse en un mercado competitivo sin ser impuesto o determinado por la autoridad, razón suficiente para evidenciar la contradicción económica e intelectual en hablar de justicia en los precios y a la vez exigir al poder político que intervenga en la fijación de estos.

La justicia en este contexto dice relación con la libertad para contratar atendiendo a las características propias del mercado. El profesor norteamericano Alan Schwartz afirmaba que “los resultados justos son los que surgen cuando se permite a los individuos hacer lo mejor que pueden dadas sus circunstancias” en virtud de que son las mismas personas “los mejores jueces de aquello que maximiza su propia utilidad”. En tal entendido, confiar a la legislación la regulación de los precios no solamente sería injusto al desconocer los principios ya mencionados, sino que además constitutivo de un ineficiente paternalismo al no permitir a los agentes económicos maximizar su utilidad y aprovechar excedentes, desperdiciándose así una cantidad no menor de recursos.

Un precio será justo cuando nazca de un intercambio libre y voluntario entre oferente y demandante. Fijar precios sobre la base de una escueta idea como la de ‘justicia social’, en definitiva, no tiene justificación. Más aún cuando su aplicación tendría efectos nocivos que, desde la teoría económica, se traducirían al corto plazo en un escenario en el que la demanda aumente y la oferta se reduzca, trayendo aparejada una situación de escasez en la cual no sólo se vería afectado el rubro regulado, sino que también ocasionaría perjuicio a todos los consumidores y a la economía nacional.

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