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Publicado el 07 de enero, 2020

Felipe Álvarez: Juan Ignacio, el Magistrado y el derecho a reunión

Abogado, MPP, Coordinador Legislativo de Clapes UC Felipe Álvarez G.

Esta es la historia de un juez de la República que no sancionó a un joven manifestante que aparentemente agredió a Carabineros y utilizó dicha situación para eclarar que Carabineros y el Gobierno, a través de su Intendente, Felipe Guevara, violaban el derecho a reunión.

Felipe Álvarez G. Abogado, MPP, Coordinador Legislativo de Clapes UC
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El 22 de diciembre de este año, muy cerca de Navidad, el manifestante Juan Ignacio Yantén fue detenido en el centro de Santiago por efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros. ¿La causa? Según el parte policial, lanzarles piedras con una honda. Portaba en su mochila piedras para el efecto y un martillo (los que son utilizados para moler veredas y usar sus restos como proyectiles). Todo lo anterior en el contexto de la comisión flagrante del delito de desórdenes públicos tipificado en el artículo 269 del Código Penal.

El magistrado Daniel Urrutia, del Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, resolvió declarar ilegal de detención del joven Juan Ignacio. Tras ello, y previa solicitud del INDH, ofició a Carabineros de Chile solicitándoles que explicaran las razones por las cuáles intervinieron en el derecho de las personas –es decir, de Juan Ignacio– a manifestarse contemplado en el artículo 19 N°13 de la Constitución Política de la República (CPR).

¿Violó el Estado de Chile el derecho de José Ignacio Yantén a reunirse libremente? No. El artículo 19 N°13 de la CPR garantiza “El derecho a reunirse pacíficamente sin permiso previo y sin armas” y agrega que “Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público, se regirán por las disposiciones generales de policía”. Yantén habría estado lanzando piedras con una honda a Carabineros. Si esto es efectivo, la CPR no cautelaría en ningún caso el accionar de Yantén, ni justificaría la resolución del Magistrado, pues ésta expresa que el derecho a reunión debe ejercerse pacíficamente y sin armas. Lanzar piedras con una honda no es pacífico y la honda y sus proyectiles son armas según lo dispuesto en Decreto Supremo N°1086 de 1983 del Ministerio del Interior (“disposiciones generales de policía”).

La historia termina el 31 de diciembre con el magistrado declarando que ni la Intendencia ni Carabineros le enviaron la información solicitada, aun cuando consta en el expediente que Carabineros respondió el oficio con fecha 30 de diciembre de 2019. La respuesta le reitera al magistrado que el joven Yantén no fue detenido por manifestarse, sino por tirar piedras con una honda. A pesar de ello, el juez resolvió decretar “el sobreseimiento temporal de la presente causa (…) mientras no se asegure constitucional y convencionalmente los derechos del imputado a ejercer sus derechos constitucionales…”.

En sencillo, ¿qué hizo el juez Urrutia? Señaló que Carabineros y la Intendencia violaron el derecho constitucional y humano de Yantén y otros manifestantes a reunirse libremente. Secundariamente, dejó tranquilo a Juan Ignacio y señaló que Carabineros y la Intendencia eran unos incumplidores. Además, y siendo víspera de año nuevo, aprovechó de advertirle al Gobierno que debía “… garantizar el derecho de protesta de hoy en la Plaza de La Dignidad, en donde las Fuerzas de Orden deben proteger a los manifestantes y no atacarlos indiscriminadamente”. Probablemente Juan Ignacio quería celebrar el año nuevo en la Plaza Baquedano.

Así termina la historia de cómo un juez de la República no sancionó a un joven manifestante que aparentemente agredió a Carabineros y de cómo ese juez utilizó la situación del joven para manifestar su opinión respecto de la extensión del derecho a reunión y declarar que Carabineros y el Gobierno, a través de su Intendente, Felipe Guevara, violaban dicha garantía constitucional.

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