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Publicado el 29 de junio, 2017

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Se ha producido un gran manto de duda acerca de la gestión de algunos servicios básicos por empresas particulares, lo cual puede relacionarse con pretensiones de crecimiento del Estado.
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En recientes debates de candidatos a las primarias, se ha planteado varias veces y de distinto modo si debe haber “más Estado”, un “Estado más robusto” o incluso si el Estado debe hacer uso de herramientas expropiatorias o nacionalizadoras respecto de empresas y/o sectores estratégicos.

Por otra parte, diversas inclemencias climáticas han enfrentado a los ciudadanos a cortes y limitaciones de servicios básicos, que han forzado a infinitos reclamos y esperas. Ello ha producido un gran manto de duda acerca de la gestión de estos servicios por empresas particulares, lo cual puede relacionarse con pretensiones de crecimiento del Estado.

En efecto, Chile experimentó un proceso de privatizaciones fundamentado en la necesidad de incentivar la iniciativa privada, criterios de competencia y eficiencia de estas empresas en lugar de la primacía del Estado que había imperado en otros períodos, por ejemplo, de los servicios de agua y luz en las décadas de 1980 y 1990. Hoy estas empresas tienen regulaciones muy específicas respecto de generación, distribución, relaciones con los usuarios/clientes y criterios infraccionales, confiadas a las superintendencias respectivas y con posibilidades ciertas de sanción, así como de presentación de acciones ante los tribunales.

Si esto es así, ¿por qué parece haber en los que usan estos servicios y, por cierto, los pagan, un convencimiento de que funcionan mal, lo cual genera abuso e indefensión? Mi impresión es que eso se corresponde con tres elementos.

Primero, hemos experimentado eventos climáticos serios (lluvias copiosas en zonas desacostumbradas, inundaciones, aluviones, deshielos, vientos, marejadas), los que, a diferencia de incendios y terremotos, suelen anunciarse de modo claro y con anticipación. Sin embargo, no ha habido capacidad de hacerles frente, sino excusas de lo desmedido o lo estadísticamente poco usual del caso, en vez de dar explicaciones aceptables sobre lo que se podía hacer y no se hizo, y sobre cuál es el plan para que no vuelva a suceder (por cierto, sin necesidad de multas o demandas). Hablar de inversiones para tres años más poco ayuda a quienes sufren estas situaciones ahora.

Segundo, la naturaleza de las comunicaciones. No es posible que ante el corte de agua por contaminación de afluentes, la respuesta de las sanitarias sea que “hay que preguntarle al río” cuándo se podrá reponer el servicio. No es posible que haya familias con la luz cortada o bajas sostenidas de voltaje hasta cuatro días después de un temporal. No es posible que los teléfonos de emergencia no contesten y que postes caídos o tendidos en cortocircuito sean problemas de Carabineros o de servicios municipales de seguridad ciudadana. No es posible: no es el modo de tratar a los usuarios, no es una forma digna de afrontar sus problemas por quien tiene que solucionarlos.

Tercero, los organismos de específico control aparecen lentos en su actuar, poco efectivos y diligentes. A ojos de las víctimas estiran la situación hasta que no haya más remedio y ex post de lo sucedido, dejándonos la interrogante de por qué las exigencias no se hacen en forma preventiva y oportuna.

Ello genera cierta simpatía con cambios radicales para que el Estado nos salve de la negligencia, pero no es la solución: la situación fiscal no permite en lo práctico asumir tales actividades o intervenirlas, ni por recursos ni por capacidades; pero sobre todo la actividad empresarial tiene un especial deber de diligencia y responsabilidad, puesto que se está haciendo explotación de un servicio público, el cual debe cumplirse.

Así, más que un Estado más grande, uno más efectivo; más que descartar la actividad privada, exigir que cumpla sus fines; más que excusas, acciones efectivas.

Tomemos conciencia de que los usuarios no son simples “consumidores de servicios”, sino ciudadanos con derechos, respecto de los cuales es imperioso restablecer la confianza y dar soluciones reales antes que la marea de indignación se transforme en un camino sin regreso.

 

Ángela Vivanco Martínez, profesora de Derecho Constitucional, Pontificia Universidad Católica de Chile

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

 

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