Con el término del debate de las normas de fondo, la entrega de un primer borrador, y las últimas comisiones funcionando (de armonización y de normas transitorias), el proceso constituyente ha entrado en la recta final. Y lamentablemente el escenario no es esperanzador: el procedimiento ha sido una chacra —algunos lo han calificado incluso de “circo constituyente”—, el resultado ha sido técnicamente deficiente, y gran parte de ese 78% que se la jugó por iniciar este proceso considera que se perdió una oportunidad de oro para ofrecerle al país una Constitución sólida, consensuada y que logre generar paz social. “Una que nos una”, como reza una de las tantas campañas que desde el mundo moderado y la sociedad civil han inundado las redes sociales en los últimos meses.

Así, hoy, a pocas semanas de la clausura de la Convención y el comienzo oficial de las campañas, estamos al borde de la cornisa. Y el vértigo se siente, ya que hemos llegado a este punto sin arnés, y sin saber bien cómo salir de esta… casi a punto de caer.

Por cierto, la neblina de la montaña impide que todos puedan ver la cornisa. Esta bruma —que no es más que una versión montañista del velo de la ignorancia de Rawls— puede ser fácilmente disipada si logramos estar de acuerdo con dos premisas: la primera es que el texto de la Convención es nefasto, y lejos de conducirnos al desarrollo, generará más división y desigualdad entre los habitantes de esta tierra; y la segunda es que Chile necesita sí o sí una Nueva Constitución. La razón de esto último no se encuentra en el derecho sino en la sociología: quienes se aferran a la Carta Magna actual no han logrado entender la fuerza de los movimientos sociales. Y no ha habido movimiento más potente que el de esas casi 6 millones de personas que, con un lápiz y un papel, demostraron que esta Constitución carece de legitimación social. No entender eso es no entender nada.

Así, se pueden distinguir claramente tres grupos: a un lado, los que se aferran al texto constituyente tal como está quedando, y que quieren “aprobar sin reformar”, para mantener incólume la obra de estos constituyentes cegados por su pasión y sus causas personales. Al otro, los que apuestan por mantener el status quo, es decir, “rechazar sin reformar”. Eso sí, entre ambos grupos hay una diferencia numérica no menor. Mientras este último grupo se ha ido apagando —ya sea por convicción o conveniencia—, el primero mantiene su hinchada intacta, la que por supuesto es fuerte en los constituyentes y probablemente en Twitter, pero con dudosa relevancia en el “mundo real”.

El tercer grupo, finalmente, está formado por la inmensa mayoría de personas que, despejando la neblina de la ignorancia, hemos llegado a la convicción de Chile necesita una Nueva Constitución, pero una buena Constitución. Y, por supuesto, nos resistimos a optar entre dos malas soluciones. La Constitución de un país no es sólo un texto jurídico; son los principios para asegurar la convivencia nacional, y por tanto, tenemos que mantener el legítimo derecho a una buena solución, y no dos malas alternativas, que evidentemente nos mantendrán en este estado de divisiones y desavenencias.

¿Qué podemos hacer, entonces, los moderados, los que estamos al medio de esta trifulca? Algunos plantean rechazar y exigirle a las autoridades un nuevo proceso. Otros se la juegan por el “apruebo para reformar”. Pero esta última alternativa tiene mucho de ingenuidad: la aprobación, en el Pleno, de la norma transitoria para modificar la Nueva Constitución con un quórum altísimo durante los primeros años la ha convertido en una Carta Magna absolutamente pétrea, propia de sistemas autoritarios, y por tanto, es completamente ilusorio hacer cambios de fondo al nuevo texto por cuatro años. Y sabemos que cuatro años es tiempo suficiente para hacer bolsa el país.

El temor al desmantelamiento de la obra pudo más que la cordura, lo que es estratégicamente miope, ya que una gran masa de votantes querría aprobar, pero únicamente si se le asegura cirugía mayor al texto. Por ello, la mejor estrategia consiste en rechazar y exigir, a las autoridades políticas y sociales del país, un nuevo proceso. Si la Convención no logró unir al país, tendrá que hacerlo la sociedad civil. Por eso, parafraseando a Marx, hoy decimos: moderados del mundo, uníos.

*Roberto Munita es abogado, sociólogo y master en Gestión Política George Washington University.

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