Los partidarios de limitar la reelección de los parlamentarios incumbentes argumentan que ella terminaría con los políticos “apernados”, cuyo control sobre sus distritos restringiría la competencia electoral ante nuevos candidatos desafiantes. Así, el sistema actual afectaría la igualdad electoral entre desafiantes e incumbentes, reduciendo la competitividad del sistema político. Por el contrario, los partidarios de preservar el sistema actual argumentan que adoptar dicha reforma sería una medida populista que generaría incentivos perversos, en tanto desestimularía a los parlamentarios a obedecer las preferencias de sus votantes. Ambos argumentos tienen que ver con la calidad de la política. Mientras para el primero la seguridad de ser reelecto genera caciques inamovibles y rigidiza la política, para el segundo la imposibilidad de reelegirse castiga a los políticos que han sido capaces de conquistar a su electorado por más de un período.
La naturaleza instrumental de este tipo de propuestas no debería generar posiciones absolutas, sino un debate que persiga identificar, en su conjunto, los mejores instrumentos para mejorar la política. La Comisión Engel fue un paso positivo en esa dirección, pero la manera en que sus recetas pueden influir la agenda futura es todavía un misterio.
¿Necesita Chile aprobar un sistema que limite la reelección de sus parlamentarios? La respuesta a esta pregunta depende de dos cuestiones previas: (1) del objetivo que se persiga y (2) de la regulación actual de la política en torno a dicho objetivo.
Los objetivos dependerán del diagnóstico que exista. Si el diagnóstico es la falta de competencia, entonces deben estudiarse otras alternativas que la estimulen, dentro de las cuales el límite a la reelección es uno de los muchos instrumentos disponibles. Y si bien se trata de un instrumento eficaz (generará más competencia electoral), tiene costos que hay que considerar: primero, el posible deterioro del Congreso frente al tremendo poder del Presidente; y segundo, la reducción del accountability de los parlamentarios frente a sus electores. Los parlamentarios estarán menos tiempo en sus cargos, siendo menos relevantes para los procesos políticos de largo plazo, y al mismo tiempo tendrán menos estímulos para acercarse a los intereses de su electorado. Estos costos pueden reducirse si se adoptan reglas intermedias (e.g., que se permitan 2 ó 3 períodos; que se permita competir en distritos distintos; que la medida sea transitoria y sujeta a evaluación), pero no pueden eliminarse completamente. También se ha sostenido que esta medida debilita a los partidos políticos, aunque ello dependerá de la mantención o reforma de otras reglas. Con el esquema electoral actual, las cúpulas de los partidos preservarían su enorme influencia en la designación de candidatos.
Ninguna de estas consideraciones representa un argumento absoluto a favor o en contra del límite a la reelección. Ello se debe a que incluso cuando se comparta el diagnóstico (la falta de competencia), tendremos que considerar otras regulaciones que afectan al mismo: el sistema electoral (respecto del cual no tenemos evidencia atendida su reciente promulgación), la regulación del financiamiento de la política (una materia cuyo futuro es incierto) y la ley de partidos políticos (la que probablemente también será modificada). Si vamos a optar por reglas que disminuyen la competencia (e.g., manteniendo una ley de partidos políticos que no garantiza la democracia interna), entonces los argumentos a favor de impedir la reelección se vuelven más fuertes. En esto no podemos tener una mirada parcial, ya que el análisis sistemático es necesario, incluso cuando ello signifique postergar una reforma que hoy parece apresurada.
Los análisis del sistema electoral recién promulgado son sólo teóricos (no hay, obviamente, evidencia aplicada a Chile respecto del mismo). Como el límite a la reelección se justifica más cuando el sistema es menos competitivo, la pregunta sobre los efectos del nuevo sistema no es menor. Algunos especialistas sostienen que el nuevo sistema también tendrá problemas de competencia, dado que (1) el incremento en el tamaño de los distritos debiera restringir las posibilidades de los candidatos desafiantes en contra de los parlamentarios incumbentes; y (2) un sistema proporcional como el recién aprobado no debiera alterar el control de los candidatos realizados por las cúpulas de los propios partidos políticos. Si ello es así, entonces la posición a favor del límite a la reelección debiera crecer. Otro camino es exigir más democracia interna a los partidos.
A pesar de que este tipo de análisis deben ser centrales en la discusión, el debate público parece distraído por dos consideraciones: (1) el problema de la retroactividad del límite a la reelección (¿afectará el límite a la reelección a los parlamentarios actualmente en funciones?), y (2) el problema de los “resquicios” (¿podrán los parlamentarios en funciones competir como candidatos en otro distrito?). Ninguna de estas dos cuestiones debe ser elemental. Respecto al problema del “efecto retroactivo”, resulta absurdo que los parlamentario crean poseer una suerte de derecho por el sólo hecho de ingresar al Congreso bajo reglas pre-establecidas. Estas reglas deben diseñarse considerando los intereses del electorado y no los intereses individuales del parlamentario. Por otro lado, el problema de los “resquicios” no es, en realidad, tan importante. Si los parlamentarios al cambiarse de distrito enfrentan un nuevo electorado, entonces la necesidad de conquistar nuevos votantes hará que las elecciones sean competitivas.
El debate sobre el límite a la reelección parlamentaria debe ser una discusión instrumental y, como tal, no debe olvidar el problema específico que se quiere corregir, y coexistencia de regulaciones relacionadas con dicho problema. Las posiciones absolutas en el debate de hoy debieran dar paso a un análisis sistemático que considere de manera consistente las otras reformas que están en la agenda. De lo contrario, los costos de limitar la reelección de los parlamentarios no serán necesariamente más bajos que los beneficios que podamos recibir de dicha reforma. Aproximarse al debate con matices instrumentales en vez de compromisos dogmáticos es hoy una necesidad.
Sergio Verdugo, Centro de Justicia Constitucional, Derecho UDD – Doctorando en Derecho, Universidad de Nueva York (NYU).
FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI /AGENCIAUNO