Por estos días se publicaría la primera medición completa del efecto de la pandemia sobre la pobreza extrema en Chile: la encuesta Casen. Pero el Fondo Monetario Internacional hizo ya una estimación preliminar de dicho efecto. Indica lo que casi todos anticipábamos: habría subido considerablemente el número de familias en situación de pobreza extrema. La incógnita mayor es cuánto exactamente subirá, junto a otra cuestión importante para las peleas entre los políticos que es ¿cuánto habría subido sin las ayudas del Estado? Pero lo principal es: ¿qué hacer ahora y cómo?
Las estimaciones preliminares del FMI muestran que las familias pobres aumentaron en casi 800.000 personas: de 1 millón 600 mil a 2 millones 400 mil (del 8,1 al 12,2 por ciento del total de familias del país). Pero sin las ayudas del Estado, ese número de personas habría subido a 3,3 millones, o sea a casi 900.000 más, o el 18,8%. El que haya un número menor de pobres que lo estimado habría sido el efecto mitigador de la pobreza de seis programas públicos implementados desde el año pasado: el Ingreso Mínimo Garantizado, Bono Covid-19, Ley de Protección del Empleo, IFE, Bono Clase Media y Bono Navidad Covid-19.
Considero que hay tres grandes desafíos y tareas a partir de esta evidencia. Lo serán también para el próximo gobierno que ya comenzamos a elegir. Primero, cuánto priorizar las necesidades agudas de este segmento de población, no muy numeroso, pero muy afectado. O sea cuánto mejorar la distribución de los ingresos en general (como ha sido la demanda más formulada a raíz del estallido social) comparado con comenzar a hacerlo poniendo más foco y esfuerzo en los más pobres. Hacerse cargo que esto implica postergar un tanto los intereses de los grupos medios, como empleados bancarios, funcionarios públicos, profesores y otros.
El segundo desafío sería estudiar bien cuáles de esos seis programas de subsidio han funcionado mejor. Seguramente necesitamos simplificar el sistema y focalizarnos en los más efectivos. Eso será una condición, además, para dejar recursos al resto de población afectada y para alcanzar a hacer las inversiones necesarias para mayor crecimiento económico.
El tercer desafío es identificar con más precisión quiénes son y dónde están los más afectados por la pandemia para llegar con los programas adecuados para que salgan adelante en esta etapa. Aquí va a ser muy valioso estudiar qué nos muestra la nueva Encuesta Casen. Estudios preliminares, del FMI y del Banco Mundial indican que las familias más afectadas son las de mujeres que han perdido sus ocupaciones y no pueden reemplazarlos por teletrabajo y tienen niños pequeños que cuidar. Según el FMI, la participación laboral femenina habría caído de 53 a 45 por ciento entre 2019 y 2020. Es el caso de mucamas y cocineras de hoteles, cabañas, residenciales, etc. Sobre todo, mujeres que tienen niños a su cuidado y por eso no pueden tomar otros trabajos, como podrían ser incluso labores agrícolas de cosecha de frutas de exportación y otras. Es muy necesario estimar bien el número de personas en estas condiciones.
Aquí es donde se requiere ser innovador y abierto. Donde cabría por ejemplo introducir un programa de cuidado infantil que sea muy rápido de implementar, con mínima burocracia y gastos de administración, y que genere mucho empleo femenino. Para estos efectos, podrían aprovecharse los motivos esgrimidos en el Senado para rechazar el Proyecto de Ley para ampliar la Educación Pre-Escolar, o sea, la cantidad de niñas y niños menores de 5 años que pueden acceder gratuitamente a educación o cuidado especializado. Como se sabe, esto ocurre a pesar de existir un consenso técnico y político amplio sobre la conveniencia de esta medida, sobre todo para reducir desigualdades de ingresos posteriores como adultos generadas por diferencias en acceso a educación pre-escolar.
Entre los argumentos (algunos confusos y contradictorios) para rechazar el proyecto, estuvo el de que implicaba una “excesiva escolarización”. Al margen de que probablemente esa era una materia susceptible de corregirse con un poco de buena voluntad, propongo una alternativa que cumpliría con ese requisito. Se trata de usar en Chile el sistema ampliamente usado en Europa y otros países desarrollados (especialmente Francia y Canadá) que es el cuidado compartido de hijos en sus casas por personas certificadas por el Estado. Se realiza en grupos pequeños, que pueden ser de 3 a 6 niños que son vecinos o viven tan cerca como para trasladarse a pie. Esta modalidad puede ser llevada a cabo por mamás con experiencia, o abuelas que han sido profesoras y que ahora están jubiladas, todas ellas previamente certificadas por una agencia especializada. Para las encargadas sería una valiosa fuente de empleo. Las abuelas obtendrían así un ingreso extra por sobre sus bajas pensiones y aprovecharían espacio disponible en sus casas después de la partida de los hijos. Esto ya se ofrece en Chile, pero para familias de altos ingresos que pueden pagarlo y se pueden encontrar en internet bajo nombres como playgroup o homeschooling.
Podría criticarse esta propuesta caracterizándola como el PEM o el POJH de la crisis de los 80. También imagino al Colegio de Profesores aliándose con grupos de parvularias reclamando que esto debe hacerse en escuelas estatales con instalaciones y personal especializados. No me parece. Puede hacerse y bien supervisado tanto por entidades públicas como por iniciativas privadas. Es un programa que, por cada puesto de trabajo para una mujer con bajo costo fiscal, liberaría a unas dos a tres mujeres para salir a trabajar fuera de su casa. Y los niños y niñas puede que estén incluso mejor cuidados que en sus casas, al estar a cargo de personas capacitadas, acompañados de otros y supervisadas.
Espero que algún candidato presidencial promueva desde ahora una iniciativa como esta.