En medio de los ya inocultables desafíos que vivimos los chilenos como sociedad todos, en conjunto, y las debilidades del gobierno que tenemos para enfrentarlos, esta semana se dieron a conocer los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES).  250.000 jóvenes que empiezan a enfrentar el mundo, viendo si pueden o no desarrollar sus carreras profesionales. Más de un millón de familias y padres expectantes. 

Esa Prueba PAES no sólo determina vidas individuales, sino que muestra cuánto responde el sistema escolar a las expectativas de jóvenes y padres sobre un aspecto importante de sus vidas. Y a la sociedad y sus responsables mide, además, si progresa o mejora la educación escolar chilena.

Obviamente no es la única medida relevante. Pero importa mucho además hoy, porque comprende la primera generación de estudiantes escolares de Nivel Medio que egresan después de la segunda mayor reforma educacional chilena del último medio siglo: la de “Los patines de Eyzaguirre-Bachelet 2014-18”. Sí, esa reforma impulsada por el Movimiento Estudiantil del 2011 que acogió las propuestas para “gratuidad, calidad e igualdad” impulsadas desde la calle por Boric y quienes hoy ocupan el gobierno.  Central en ese proyecto, se dijo, sería desarrollar la educación pública (léase estatal), para lo cual se hizo otra reforma que elevó sustancialmente los impuestos para financiar los mucho mayores gastos en educación realizados estos últimos años.

¿Y qué mostraron los resultados concretos de la PAES? Pues, muy poco o nulo  progreso. Más todavía: casi nada de lo que se prometió. Se habría incrementado la diferencia (brecha) entre lo que aprenden quienes van a colegios particulares comparado con los públicos, reconoció el ministerio y la prensa. Se entregaron menos datos detallados que otros años.

En promedio los estudiantes de establecimientos públicos obtienen puntajes como 20% más bajos que los de colegios particulares. Eso significa que quienes vienen de familias de clase media o más pobres tendrán menos oportunidad de estudiar en las mejores universidades, comparado con las posibilidades que tenían hace seis o más años atrás. 

Se entregan principalmente datos de los 100 establecimientos con mayores puntajes. Interesaría conocer mucho más detalles y resultados comparables por estratos, comunas, dependencia, etc. Algo de eso -cada vez menos- se entrega en abril.

Pero entre los 100 de mayores puntajes hay sólo tres públicos el 2023. El 2016 eran más del doble: siete. Lo más alarmante fue el retroceso de la educación pública en términos de sus mejores establecimientos, los emblemáticos. Los resultados que se empiezan a observar son catastróficos. Desde el 2005 la posición del Instituto Nacional en el ranking de mejores puntajes cayó del 5º al 201; el Liceo 1 del 118 al 541; Liceo de Aplicación de 352 a 944; Barros Borgoño de 363 a 957 y Barros Arana de 523 a 883. 

Paradojalmente quienes más levantaron la voz para criticar o advertir de estos resultados no fueron personeros de la derecha, sino de la centroizquierda. Los datos anteriores los twitteó Landerretche y Max Colodro declaró: “La izquierda destruyó la educación pública”.

¿Es sorpresivo este resultado, después de tanto debate y tanto gasto durante todo un período de gobierno completo? Para los verdaderos expertos en educación y quienes no buscaban usar ideológicamente la educación para sus proyectos políticos, esto no es ninguna novedad; lo esperaban. Tampoco para la mayoría de los docentes y directivos que trabajan en los colegios y salas de clases. Ni para la masa de los apoderados y ciudadanos, aunque éstos se dieron cuenta más tarde de los errores de la última reforma y lo expresaron en la no elección de un sucesor de Bachelet y,  por sobre todo, en el Rechazo en el Plebiscito del 2022. 

Porque, pensándolo bien, ¿es razonable pensar que las últimas “desprolijidades” reconocidas por el propio presidente Boric con los indultos, y todos los errores cometidos por este gobierno en sus primeros 10 meses,  son una cosa circunstancial o aislada? ¿No son acaso demasiados los errores, repetidos y repartidos a lo largo de muchos sectores (Relaciones Exteriores p.ej.), como para pensar que es algo sólo fruto de inexperiencia? ¿No será algo más profundo?

Pienso que la generación del Frente Amplio, hijo del Movimiento Estudiantil del 2011, en alianza con el Partido Comunista y sectores diversos de izquierda, conforman un grupo que para llegar a gobernar ni estudiaron ni se formaron adecuadamente.

Sólo levantaron consignas populistas “fin al lucro”, “No más Afps”, etc., con lo que galvanizaron descontentos diversos para conseguir adeptos y votos. Pero no sabían cómo gobernar, ni qué hacer para alcanzar lo que prometían. Necesitaron ya estar en el Gobierno para que la gente se diera cuenta del engaño. 

Ahora recién el 2023 se empieza a ver que la reforma que hicieron para alcanzar la “Educación pública de calidad” que prometieron, no resultó. No hay, y anticipo que no habrá, mejor calidad ni menos desigualdad educativa con las actuales políticas. Los resultados Simce que vienen lo mostrará, y escucharemos de nuevo las letanías contra el termómetro.

Desde ahora se dedicarán a seguir reduciendo las mediciones de calidad y desempeño educativo, como los Simce, para ocultar cifras y minimizar las comparaciones con la excusa que ellas “estigmatizan y dañan la educación pública” (Demre). Además, que “incentivan la competencia” (¿por qué eso en sí mismo?). 

Seamos un poquito más consistentes y autocríticos. Preguntémonos: ¿Qué nos puede llevar a pensar que las políticas que propusieron los líderes del Frente Amplio para la educación hace ocho años cuando ellos apenas egresaban de la universidad, pueden haber sido mejores que las que nos propusieron para gobernar el país en su conjunto? ¿Y por qué podrían tener mayores habilidades para dirigir el sistema educacional y para administrar mejor los servicios estatales?

Me hago esas preguntas no para buscar culpables. Es para salirnos de ese juego; del de buscar soluciones a la educación desde la mirada de las ideologías.

Aunque tenga razón Colodro, de que “la izquierda destruyó la educación”, no sigamos por ese camino. También la destruyó la derecha de Pinochet y la otra, la posterior, no la pudo corregir ni con Lavín a la cabeza del Ministerio. Y en la Concertación tampoco conseguimos abrir un camino sostenible que nos uniera a todos en un propósito más común.

La educación debiera ser un asunto de Estado, una ocupación de la sociedad entera dando lo mejor de sí. Es demasiado influyente y compleja como para usarla para ganar batallas políticas o ideológicas. Con eso perdemos todos y la evidencia la tenemos a la vista y la veremos cada vez más no sólo por los resultados PAES. 

Las deficiencias actuales de la educación están también detrás de la violencia social, de la delincuencia, los portonazos y el narcotráfico. En eso hay demasiados jóvenes envueltos. Y caen allí porque no encuentran ámbitos mejores donde trabajar ni quienes los orienten y acompañen a crecer desde la niñez.

Reconozcámoslo de una vez. Educar es una tarea muy compleja, especialmente en estos tiempos de redes sociales masivas. Necesitamos menos culpabilización y más cooperación, especialmente entre apoderados y profesores. Más foco en las escuelas y sus salas de clases. Más comprensión con los que ejercen ese trabajo cada día, y menos pontificación desde la academia, los partidos políticos y el gobierno central. Menos todavía del sindicato de profesores ultraideologizado que tenemos.

El sector educacional está muy golpeado y herido por muchos lados. Creo que es tiempo de recuperación, de  apoyo a cada profesor en su sala, de humildad y cooperación.

*Ernesto Tironi es economista.

Ernesto Tironi

Economista

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