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Publicado el 7 noviembre, 2020

Ernesto Tironi: Las reformas más urgentes

Economista Ernesto Tironi

¿Cuáles serían los principales e impostergables defectos de la organización política, socioeconómica e institucional que deben corregirse de la actual Carta?

Ernesto Tironi Economista
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Llegó el tiempo de pensar en serio en las reformas más urgentes, indispensables o claves que necesita nuestra Constitución Política. Algunos temen que el número de propuestas sea tan grande que el debate se eternice o las posibilidades de acuerdo se minimicen. Otros hablan de un texto que puede parecer a un árbol de Pascua, lleno de regalitos colgando para todos.

Propongo hacerse otra pregunta: ¿Qué es lo más importante y urgente de cambiar de la Constitución actual? O puesto de otra forma: ¿Cuáles serían los principales e impostergables defectos de la organización política, socioeconómica e institucional que deben corregirse de la actual Carta?

Mi respuesta es que las principales deficiencias a corregir de la Constitución de hoy son dos:

1) La ausencia de un mecanismo que permita superar o resolver las diferencias o confrontaciones que surjan entre el Poder Ejecutivo (Presidente) y el Legislativo en algunas materias claves para la marcha del país. Un ejemplo obvio de esta situación es la reforma del sistema de pensiones, que sigue postergándose por más de una década. Lo mismo con la reforma para establecer un Plan Mínimo de Salud, único, igual y obligatorio que deban proveer todas las Isapres.

2)  La instalación casi a perpetuidad de los políticos en el Parlamento, las municipalidades y algunos otros organismos, a través de un entramado de arreglos y distribución de dinero público a los partidos políticos, que actúan, en la práctica, como agencias de empleo para asegurar una especie de “carrera profesional o funcionaria” para quienes escogen esta ocupación de “políticos”. Saltan, a menudo desde muy jóvenes, de los centros de alumnos de las universidades a los concejos municipales o alcaldías, o a secretario o dirigente de su partido, a jefes de gabinete, luego diputado y finalmente senador. Parecido a quienes de la Escuela Militar salen como subtenientes, y luego ascienden a capitán, coronel y general. Con el agravante que en la carrera de político profesional no hay fecha de retiro obligatorio ni un reglamento suficientemente transparente y conocido para determinar los ascensos. Sería poco elegante dar nombres o escribir aquí ejemplos de lo recién señalado. Basta que el lector interesado lea con atención el currículo completo de la mayoría de los parlamentarios. La máquina para adquirir y conservar el poder se cierra y retroalimenta con la alianza entre dirigentes de partidos y parlamentarios para elegir candidatos a cargos públicos (el cuoteo), con los fondos que se asignan para personal subalterno (que a menudo trabajan como operadores políticos para asegurarles las reelecciones) y con programas de gasto público que se conservan para favorecer a grupos de interés para los parlamentarios. Ellos se lucen distribuyendo fondos con dineros fiscales, y se resisten a cerrar programas de gasto público evaluados como deficientes y que ya no se justifican.

Las consecuencias más dañinas de este sistema organizativo de las funciones y carreras políticas tienden a ser la conformación de una élite política muy autoreferente, poco penetrable, aislada de las urgencias de la gente común y sin experiencia en el mundo real o el trabajo normal en organizaciones y empresas. Nunca han tenido que pagar PPM ni Previred a principio de mes. Pasan más ocupados en sus luchas políticas o ideológicas e intrigas partidarias, que en sesionar para revisar y aprobar a tiempo las leyes que se necesitan (que es para lo que se les paga el sueldo). Un ejemplo claro de esto son la cantidad de horas dedicadas a acusaciones constitucionales comparadas con las dedicadas a encontrar una fórmula, aunque sea provisoria,  para subir las pensiones mínimas. Por eso puede estarse generando el  gran rechazo de la mayoría de los ciudadanos a la política. También el desprestigio de la labor del Parlamento, de los partidos y de otras instituciones públicas. Sin embargo, cuando la gente protesta por la poca respuesta que reciben del Estado en materia de pensiones dignas, mejor salud, bajas pensiones, etc., esa elite política se da como explicación del descontento que la gente comparte sus teorías ideológicas del neoliberalismo, la mala distribución de ingresos o el abuso empresarial. Cero autocrítica ni capacidad de hacerse cargo de su escasa dedicación a legislar bien, a corregir los programas públicos deficientes y a hacer más eficiente al Estado.

Seguramente pueden haber muchas fórmulas o disposiciones constitucionales para resolver esos dos problemas que considero los más graves, básicos y urgentes de nuestro sistema de gobierno. Propongo sin embargo dos medidas muy simples, directas y creo que efectivas. Para la paralización de decisiones claves por bloqueo mutuo de Presidente y Congreso, simplemente instituir la facultad para cada uno de llamar a un plebiscito, para que sean los ciudadanos quienes tengan que dirimir materias en que ellos están en desacuerdo. Por ejemplo, entre la propuesta de uno que plantea 6% de cotización adicional a un sistema de reparto y el otro que plantea una distribución igual de 2% a reparto, fondo individual y seguro de cesantía. Punto. Se redactan en 6 líneas la Propuesta A y la B y los ciudadanos decidimos, de tal manera que así se resuelve el tema y no se posterga hasta que explote.

Para el problema de la “carrera de político profesional” alejado de la gente común  por sus privilegios y trenzas de poder, dos medidas: una, terminar los sueldos de millones de pesos que a menudo superan en 10 veces el sueldo que ganaría ejerciendo la profesión que tenga. Hacer que el sueldo de todo parlamentario no pueda ser superior a 5 veces el sueldo promedio de un chileno según lo calcula cada año el INE; o sea, $3 millones de pesos mensuales (el sueldo medio hoy es como $600.000). Así es que nadie siga acariciando la idea de que al llegar al parlamento ganará  $7 o $9 millones. Como ocurre en la mayoría de los países cultos y avanzados, como los nórdicos, Alemania o Australia, llegar al parlamento es un servicio público por el cual uno se sacrifica  y por un tiempo limitado. Las otra medidas clave son: a) terminar con los altos estipendios para sus “gastos distritales” (en realidad fondos para sus reelecciones), b) terminar también con las reelecciones por más de un período. c) poner períodos más largos (mínimo 2 o 3 años) para poder acceder a otro cargo remunerado por el Estado. Así se hará menos fácil que se constituya y conserve una élite de políticos que se dediquen a este oficio como una profesión para toda la vida.

Espero que medidas como estas sean las reformas que mejoren nuestro sistema de gobierno y por ende nuestra sociedad.

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