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Publicado el 31 de mayo, 2019

Ernesto Tironi: Dos propuestas para pensiones más altas

Economista Ernesto Tironi

Para elevar la baja legitimidad social de las AFP privadas, propongo establecer una rentabilidad máxima de mercado a las AFP, es decir, un tope a las ganancias o utilidades de sus accionistas como porcentaje de sus patrimonios o capital.

Ernesto Tironi Economista
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Antes que pasemos a la probablemente belicosa y confusa discusión en particular del Proyecto de Reforma de Pensiones, tal vez ayude recoger algunas lecciones de la reciente etapa de aprobación de la idea de legislar y hacer un par de propuestas que recojan esas enseñanzas.

Primero, que el nivel de legitimidad social o ciudadana del actual sistema de pensiones sigue siendo excesivamente bajo. Además, que las diferencias respecto a él son fuertemente ideológicas o políticas. Estas discrepancias son las peores. Como guerras religiosas; del todo o nada. Despierta el fantasma de estado versus mercado, o socialismo versus capitalismo. Diferencias de este tipo, o que son fáciles de expresar así, abarcan convicciones muy profundas y despiertan emociones defensivas muy fuertes, además de rabia, molestia o envidia. Los comentarios en las redes sociales y en internet a artículos del tema son elocuentes. Con ese cuadro es difícil llegar a consensos y es probable que quede más gente herida que contenta. Entonces, hay que hacer algo más para mitigar este problema. En el reciente debate parlamentario, la DC lo abordó exigiendo al gobierno que el 4% adicional de cotización vaya obligatoriamente a una nueva AFP estatal que deberá crearse. Creo que es una propuesta insuficiente y con peligros y costos altos que debe complementarse con otras.

La segunda lección para mí es que, si bien el proyecto de ley del gobierno lo encuentro positivo y equilibrado, contiene una enorme omisión. Se trata de que no aborda una de las características del actual sistema que es más importante en la generación de bajas pensiones para los cotizantes: me refiero a la baja edad para jubilar. Los límites actuales de 60 años para las mujeres y 65 para los hombres son demasiado bajos hoy porque se fijaron hace 40 años atrás, cuando la edad promedio de vida era mucho más baja. Por lo tanto ahora se debe pagar pensiones durante muchos más años de los que había que pagar cuando se inició el sistema. Esto también daña mucho a los pensionados. Y esto tampoco se resuelve con un sistema de reparto.

¿Qué hacer entonces? Para elevar la baja legitimidad social de las AFP privadas, propongo establecer una rentabilidad máxima de mercado a las AFP, es decir, un tope a las ganancias o utilidades de sus accionistas como porcentaje de sus patrimonios o capital. Y la diferencia entre esa tasa máxima y la que efectivamente obtenga cada año se debe distribuir en dos tercios a cada afiliado en términos per cápita, y el otro tercio del monto sobre el máximo como utilidad para la AFP. Con esto se satisface la demanda de no más platas para las AFP o menos lucro. Esto no se contrapone con crear una AFP estatal, pero con este límite sí se podría permitir que el cotizante escoja dónde poner sus fondos. Canjear, entonces, este cambio por la obligación de imponer el 4% adicional en la AFP Estatal.

Esto lógicamente va a ser resistido por las AFP, calificándolo incluso de inconstitucional y de que afecta a inversionistas extranjeros. Pero eso no debiera ser obstáculo  para adoptar esta medida. La alternativa para las AFP a no muy largo plazo puede ser mucho peor. Considérese no más lo que les ocurrió a los accionistas de colegios particulares subvencionados por la presión de poner fin al lucro. Y eso que allí se trataba de un número no insignificante de pequeños profesores-empresarios (como 4.000), barridos por un tsunami político. Las AFP pueden llegar a perder más por el rechazo que despiertan hoy entre afiliados y ciudadanía. Además, en esos términos podrían conseguir competir por administrar el 4% adicional.

Esta propuesta tiene una serie de otros beneficios: 1) Bajaría mucho las críticas a las AFP de que ganan mucho dinero administrando los fondos de pensiones. En efecto, la gente no se equivoca. Un estudio reciente de un investigador de la Universidad Alberto Hurtado (Fernando López, 2018) con datos del 2006 al 2015 muestra que las AFP tuvieron una tasa anual promedio de rentabilidad de 25,4%. Esto es exagerado. No lo tiene casi ningún otro sector de la economía chilena, excepto tal vez los grandes bancos. Ni las grandes mineras del cobre tienen esas rentabilidades en el largo plazo. Un pequeño empresario sueña con alcanzar la mitad de esa tasa. No lo debieran tener empresas que trabajan en un sector social y semi-regulado, porque los trabajadores están obligados a cotizar. 2) Otra ventaja de esta propuesta es que tiene precedentes en Chile (y en otros países). En los sectores de servicios públicos regulados y monopólicos, como el agua potable y hasta ahora la distribución eléctrica, tienen tasas de rentabilidad máxima de mercado que se calculan como parte del sistema periódico de fijación de precios. Entonces esto no es ajeno al orden económico chileno, donde prevalece una fórmula bien conocida (y reconocida internacionalmente) de tasa de rentabilidad de mercado de un sector. 3) Esta propuesta beneficia directamente a todos los trabajadores que están cotizando. 4) Es igualitaria, porque la parte repartida entre los cotizantes para una persona con $300,000 de sueldo mensual sería  igual a la que obtendría la que gana $3 millones mensuales. 5) Esta propuesta es sencilla, fácil de entender, y de efecto al año siguiente de promulgada la nueva ley.

¿Cómo funcionaría esta propuesta y cuánto representaría en dinero para cada afiliado? Supóngase que ella hubiera estado vigente el 2018, en que las AFP tuvieron $347.000 millones de ganancias (US$500 m). Si  eso fue equivalente a una tasa de rentabilidad de 25,4%, y la de mercado máxima en ese año fuera 10%, entonces el máximo que las AFP podrían obtener con mi propuesta sería $207.000 m y se debiera repartir la diferencia entre los afiliados: $140.000 m. Como fueron 10,4 millones de afiliados, el monto a repartir este año 2019 habría llegado a $13.500. “¡Insignificante!”, pueden decir muchos para invalidar esta propuesta. “No tanto”, respondo yo, si se sabe que en promedio los afiliados pagaron cada uno $63.500 anuales en comisiones. Esos $13.500, que les aparecería con signo positivo en sus cartolas de abril, le equivalen en promedio a los afiliados no pagar comisiones durante dos meses al año. Que alguien estime cuánto subiría una pensión de $300.000 con ese monto extra durante 40 años.

Finalmente, la medida anterior podría hacer menos impopular la indispensable alza de la edad mínima para jubilar, que le dio miedo al gobierno incluir en su proyecto. Esto no se puede dejar de empezar a hacer ahora, aunque sea en forma mínima al principio y muy gradual. Por ejemplo, que se establezca que todos quienes empiezan a cotizar hoy se jubilarán a los 70 años; los que llevan menos de 3 años cotizando lo harán a los 69, y así hasta los 12 años de cotización. Todo el resto, o más de la mitad de los actuales cotizantes, no verán  extendida su edad para jubilar. Pero habremos empezado a corregir esta deficiencia de la actual ley. Si no se hace ahora, pasarán demasiados años antes que se pueda volver a legislar sobre este tema tan importante.

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