La reforma de pensiones puede ser la madre de todas las reformas de esta década. Posiblemente determinará más que nada si Chile llega a ser, o no, un país desarrollado al fin de la próxima década. Aquí plantearé mi explicación de porqué lo considero así, y hasta dónde insistir en sacar una reforma ahora si saldría algo tan deficiente como la reforma educacional de Bachelet II.
La forma más simple y directa de mostrar la trascendencia de la reforma previsional es señalando que determinará si en 10 a 15 años más terminamos como Argentina o como Alemania hoy. Tiene que ver con las posibilidades de que Chile eleve su crecimiento económico, saliendo así de la “trampa de los países con ingresos medios”, o se estanque como nuestros vecinos.
Observemos lo que está en juego, no en términos de teorías económicas, de ideologías o de la popularidad que tengan algunas nociones (como “No + AFP” y otras), sino en términos de la experiencia de países que tomaron un camino u otro. Por ejemplo, lo que le ocurrió a Argentina comparado con Chile desde sus reformas previsionales del 2008, y a Alemania vs Francia con las suyas de 2005. Nótese que no pretendo comparar Argentina con Alemania (eso vale sólo para el fútbol).
En Alemania fueron derecho a lo difícil: elevar la edad de jubilación de hombres y mujeres de 65 a 67 años en una forma muy gradual que se completará recién el 2029 (en casi 25 años).
Cuando Europa enfrentó una época de dificultades económicas y estancamiento hacia mediados de la década del 2000, junto con problemas como el chileno de aumento de la edad de la población, Alemania adoptó a tiempo decisiones impopulares pero necesarias. Una reforma laboral y otra del sistema de pensiones elevaron la flexibilidad del empleo y la tasa de cotizaciones junto con la edad mínima para jubilar. Esa tasa la subió desde 19,3% al 19,9%. Parece poco, pero en Chile queremos llegar recién a 14% y tener pensiones equivalentes a las alemanas.
Esto se hizo a partir de un acuerdo firmado por el Gobierno de la DC bajo Ángela Merkel con el Partido Socialista a inicios del 2005. Fueron derecho a lo difícil: elevar la edad de jubilación de hombres y mujeres de 65 a 67 años en una forma muy gradual que se completará recién el 2029 (en casi 25 años). Ese aumento se inició 7 años después de ese acuerdo, en 2012. Desde entonces hasta hoy, la edad de jubilación de los alemanes sube a razón de un mes por año hasta el 2024. Desde allí al 29, sube 2 meses por año. O sea, los nacidos en 1946 se pudieron jubilar a los 65 el 2011, pero los nacidos en 1947 lo hicieron a los 65 y un mes el 2012, y así sucesivamente. Los nacidos en 1958 lo harán entonces a los 66 años, y los nacidos en 1964 ya se jubilarán a los 67 años el 2029.
Una gradualidad como ésta se debería acordar ahora, y no dejar pendiente. ¿Por qué no se hace? ¿Será por no querer que las AFP administren más fondos y obtengan más utilidades? (Remito al lector a mis columnas anteriores para una propuesta para enfrentar problemas como éste).
Cuando América Latina enfrentó problemas parecidos el 2008, el gobierno argentino bajo Cristina de Kirchner optó por un camino inverso. Mediante una ley, decidió estatizar los fondos de pensiones ahorrados por 9,5 millones de argentinos por U$28.000 millones para pasarlos al “Sistema Público de Retiros”, un régimen previsional único administrado por el Estado. Se dijo que iba a ser administrado por un ente autónomo del gobierno (el ANSES), pero nada impidió que se usaran los fondos para pagar déficits fiscales y la deuda externa (además de favores políticos, probablemente). Se justificó que era necesario para “restituir la confianza en la economía argentina”. Sin embargo, pasó exactamente lo contrario. Sólo en el mes que el gobierno anunció su plan hubo una fuga de capitales al extranjero de U$4.500 m, el equivalente a 15% del PIB (como si en Chile hoy salieran en un mes U$45.000 m). La Presidenta agregó que ese tipo de reforma era necesaria “para contrarrestar la crisis financiera global (de 2008) sobre las jubilaciones” y para “abandonar el resabio de neoliberalismo argentino de la década de los 90”. Lo que pasó es que esos fondos fueron una gota en el océano, los déficits y la inflación continuaron y a los 9 años llega un gobierno “neoliberal” y hace otra reforma previsional de signo opuesto.
El sistema previsional no puede desligarse de la marcha general de la economía.
¿Y cuáles fueron los resultados o consecuencias de estas dos reformas sobre ambos países? No es necesario dar muchas cifras. Todos conocen que Alemania, con la orientación y oportunidad de sus reformas, se transformó en la potencia dominante en Europa, sobrepasando con creces a Francia, Italia, España y el resto de la UE, que postergaron y todavía no llegan a reformas comparables. No sólo en crecimiento económico (que entre 2005 y 2017 fue 22% en Alemania comparado con 14% en Francia), sino también en tranquilidad política y social. Todo eso gracias a tomar a tiempo esas decisiones difíciles, a pesar de la oposición de los sindicatos, de algunos partidos y de otros grupos de interés.
De las consecuencias para Argentina, ni hablar. También es conocida su decadencia en todos los sentidos la última década. Mientras Chile, con su régimen previsional “neoliberal” reformado por una Presidenta socialista el 2008, sorteó mucho mejor que Argentina la crisis financiera global y, además, logró que ésta tuviera un mínimo y transitorio efecto sobre las jubilaciones.
En resumen, desde ese año hasta el 2018, Argentina logró un crecimiento del PIB de aproximadamente 10% y Chile consiguió uno de 33%. Además en Chile se ha hecho menos desigual la distribución del ingreso. O sea, dos familias que vivían a ambos lados de la cordillera que ganaban igual $500.000 mensuales en 2008, pasaron a ganar diez años después $550.000 allá y $665.000 acá. Es que es imposible tener jubilaciones dignas en una sociedad pobre. Para dejar de ser pobre es necesario ahorrar, invertir y cuidar los recursos. El sistema previsional no puede desligarse de la marcha general de la economía.
Entonces qué reforma previsional hacer importa, y si no se logra una adecuada antes de diciembre de este año y amenaza con ser posible aprobar una deficiente, es mejor esperar la elección de un nuevo poder ejecutivo y legislativo que logren acordar una reforma adecuada que permanezca estable y asegure el progreso del país y de todos sus ciudadanos, incluyendo los mayores.