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Publicado el 28 de marzo, 2020

Ernesto Silva: Modernización del estado a la fuerza

Abogado, ex diputado Ernesto Silva

La pandemia del Coronavirus es por definición un momento de anormalidad. Y en tiempos anormales, los costos de transacción cambian, las urgencias ciudadanas se realzan, la capacidad de coordinarse para buscar soluciones aumenta. En síntesis, se abre una ventana de oportunidad para acelerar cambios.

Ernesto Silva Abogado, ex diputado

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Ha sido un lugar común de la conversación del mundo de las políticas públicas en últimas dos décadas la necesidad de avanzar más rápido en los procesos de modernización del Estado.

Chile ha recorrido un camino acelerado para transitar de ser un país pobre a ser un país de clase media. Ello ha implicado que el tipo de necesidades de la ciudadanía ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. La organización del estado y la burocracia en un país pobre tiene una estructura y naturaleza diferente a aquella de un país de clase media. Chile ha ido haciendo ese tránsito en la estructura y organización del estado, pero a una velocidad más lenta de la necesaria, según la opinión de un cúmulo de expertos, y también, según el sentido común ciudadano.

Con el paso de los años y el avance hacia un país de clase media, el sector privado y la sociedad civil han tomado fuerza y protagonismo. Más allá de los discursos en la plaza pública que demandan más y más estado, en los hechos la ciudadanía ha ido buscando más autonomía, libertad, conexión y un mejor estado que lo acompañe en su desarrollo de vida. Se trata, así, no necesariamente de tener más estado, sino un mejor estado para apoyar a los más vulnerables y acompañar y facilitar la vida de la gran mayoría de las personas. 

¿Por qué cuesta tanto modernizar el estado? Por distintas razones: porque se afectan intereses de grupos que están en posiciones de poder, porque las estructuras son muy rígidas, porque las coaliciones políticas tienen distintas miradas sobre el rol del aparato público, porque la capacidad de organización y coordinación ciudadana en estas materias es más débil y difusa que en otros ámbitos. En fin, porque cada vez el Estado acumula más poder e influencia y se hace más complejo alterar el status quo imperante y reemplazarlo por uno nuevo. Así se funciona en periodos de normalidad. Se avanza lentamente en cambios y modernizaciones en la medida que se generan los acuerdos y se remueven las barreras que impiden progresar.

Pero eso es así en tiempos normales. La pandemia del Coronavirus es por definición un momento de anormalidad. Y en tiempos anormales, los costos de transacción cambian, las urgencias ciudadanas se realzan, la capacidad de coordinarse para buscar soluciones aumenta. En síntesis, se abre una ventana de oportunidad para acelerar cambios.

Estos cambios pueden tomar distintos caminos, aquí me concentro solo en dos. El primero, la adrenalina para generar acuerdos en el sistema político y el Congreso en particular, que destraben temas que en tiempos de normalidad era muy difícil de acordar. A modo de ejemplo, se han discutido con celeridad en las últimas semanas iniciativas como teletrabajo, funcionamiento legislativo a distancia en momentos excepcionales, prórroga de cédulas de identidad, extensión de plazos de pago de permisos de circulación, entre muchos otros. La urgencia manda y las barreras e intereses afectados pasan a un segundo plano. Es de esperar que algunas de estas medidas que se abren como propuestas incipientes, se puedan transformar en cambios relevantes en ámbitos como el empleo público, la incorporación de la tecnología y la eliminación de procedimientos y trámites que han quedado incrustados pero que hoy parecen tener menor sentido. 

El segundo corresponde a los directivos públicos y a su capacidad de innovar y liderar en tiempos turbulentos. El estado, al igual que otras organizaciones, funciona en base a reglas formales (aprobadas a través de procedimientos estructurados y de deliberación) y reglas informales (acuerdos y hábitos, rutinas repetidas, tradiciones y costumbres). No todas esas reglas se cambian por ley, decreto o decisión formal. Muchas se cambian con liderazgo, innovación, audacia y riesgo. La historia reciente muestra que los directivos públicos pueden innovar, alterar la trayectoria existente y modernizar el estado sin esperar un timbre que los autorice. Es cuestión de conectar las capacidades de sus servicios y sus equipos con las necesidades ciudadanas. Aunque difícil, es posible acelerar cambios.

El lamentable momento que vive Chile y el mundo como consecuencia del Coronavirus está desafiando las capacidades del Estado, y por ello, el momento es también una oportunidad de innovación y cambio. Aprovechar la ventana de oportunidad para modernizar el estado al servicio de las personas es un gran desafío, y los directivos públicos (en el gobierno central, regional o municipal) tienen la palabra principal.

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