Hoy se cumplen 209 años del nacimiento de José Hipólito Salas, Obispo de Concepción entre 1853 y 1883 que jugó un rol fundamental en la historia decimonónica de nuestro país. De humilde cuna rural, destacó por su gran inteligencia, audacia oratoria y sabiduría teológica, cualidades que se reflejaron en su intensa colaboración con Rafael Valentín Valdivieso en la reestructuración de la Iglesia chilena en los primeros años de la República, en la evangelización del país y en su excepcional participación en el Concilio Vaticano I.

Su vida puede resumirse en una cruzada por la defensa de los derechos y libertades de la Iglesia frente al liberalismo —tanto católico como radical—, que se tradujo, en el ámbito interno, en la defensa de la infalibilidad del pontífice; y, en el plano externo, en la lucha de ella frente al creciente poder del Estado. Siendo un convencido republicano, su rol apostólico estuvo estrechamente ligado al acontecer político, a través de sus escritos académicos, periodísticos y epistolares, y su constante exhortación a los católicos para que colaborasen activamente en la vida nacional. Si bien no fue un historiador, tuvo la capacidad de comprender la realidad en la que se encontraba inserto y anticipar lo que habría de venir. El análisis de su obra resulta esencial a la hora de acercarse a la comprensión de aquel periodo, sobre todo en la relación Iglesia-Estado.

Sus primeros años

Nació el 13 de agosto de 1812 en El Olivar, un pueblo pequeño cerca de Rancagua. Su padre, un convencido patriota, su madre, católica practicante, le entregaron el amor a la Patria y la fe que guiaron el resto de su vida. Desde los ocho años colaboró con el párroco en las celebraciones litúrgicas y se interesó por las humanidades. Como en aquel pueblo no había escuela, su padre se encargó de fundar una particular a cargo de un sacerdote español que le enseñó latín, castellano, matemáticas y política. En 1831 se trasladó a Santiago al convento de San Agustín donde aprendió ciencia, retórica, y filosofía. Posteriormente profundizó sus estudios de Teología en la Universidad San Felipe, facultad de la que terminó siendo decano. Una vez ordenado sacerdote en 1835, asumió distintas cátedras y cargos eclesiásticos con el objeto de llevar a cabo su vocación educativa.

Uno de sus primeros escritos fue la Memoria sobre el Servicio personal de los indíjenas i su abolición, leída en sesión pública de la Universidad de Chile el 29 de octubre de 1848, en la que propuso una interesantísima interpretación histórica sobre la relación entre las autoridades coloniales y los indígenas, a quienes consideraba, en los hechos, víctimas de un “sistema de codicia y ambición” propiciado por conquistadores que no supieron acatar el fin evangelizador propuesto por los reyes de Castilla, señalando que “despojar a hombres libres por naturaleza del más precioso derecho que el cielo les concediera, condenarlos a perpetua servidumbre, y gravarlos con excesivos impuestos para satisfacer la codicia sin límite de sus amos, era, a más de un crimen horrendo, eternizar los estragos de una guerra asoladora, obstruir caminos a la predicación evangélica, cerrar las puertas a la civilización, y mantener a millares de indígenas en la ignorancia y en los vicios de la barbarie”. En este sentido, realizó un acucioso estudio de la Encomienda, su relación con el derecho indiano y las consecuencias, las que se constituían en la causa de la Independencia.

El problema del Patronato en la República y la “romanización” de la Iglesia

La Iglesia en América, tras la Independencia, se vio envuelta en una difícil e incierta situación, y, ciertamente, la chilena no fue la excepción. La República, constitucionalmente católica, tenía mucho de experimento político, de búsqueda de un modelo eclesiástico que siguiese siendo como el antiguo, pero sin entrar en conflicto con aquel nuevo Estado constituido sobre una soberanía jurídica y no religiosa.

Uno de los conflictos más relevantes dice relación con el Patronato, esto es, el conjunto de privilegios eclesiásticos otorgados por el Papa exclusivamente a los reyes de Castilla para que en el ejercicio de su soberanía pudiesen colaborar en la evangelización del Nuevo Mundo. En la doctrina eclesiástica, el Patronato era una concesión otorgada por el Pontífice puesto que él, como cabeza de la Iglesia, era el soberano. Por tanto, surgió un problema cuando las autoridades de las nacientes repúblicas americanas, pretendieron conservar dichos privilegios como un derecho propio de su soberanía. Aunque en ese momento, las relaciones eran razonablemente buenas, la historia de los últimos cincuenta años a partir de la Revolución Francesa (con las múltiples persecuciones y expropiaciones al clero) no había transcurrido en vano en Hispanoamérica, por lo que el peligro de un mal e ilegítimo uso del Patronato por parte de las autoridades republicanas estaba allí.

Por esta razón, Rafael Valentín Valdivieso, cuando asumió como arzobispo de Santiago en 1847, se propuso consolidar la jurisdicción territorial de la Iglesia con un doble fin: corporativo y pastoral. El primero consistía en defender los derechos de la Iglesia ante cualquier posible embate del Estado, puesto que éste, de forma paralela, estaba utilizando diversas herramientas administrativas y jurídicas para hacer efectiva su jurisdicción territorial que, eventualmente, podía limitar o someter, los derechos tradicionales de la Iglesia. Por otro lado, esta reestructuración obedecía también al objetivo pastoral o evangelizador, ya que a mediados de siglo gran parte de la población se encontraba al margen de la vida religiosa, simplemente porque los servicios no llegaban a todos los lugares.

Con dicho objeto en mente, Valdivieso creó la Secretaría Arzobispal cuyo primer secretario y principal colaborador fue Salas. El grupo era pequeño, pero se constituyó en una poderosa masa crítica. Eran sacerdotes sinceramente republicanos y, en consecuencia, sus ojos no estaban puestos en el catolicismo francés monárquico —en virtud del cual la fe sólo podía vivirse propiamente en un bajo la soberanía real— sino que se constituían como defensores de las libertades de la Iglesia y de la República, porque constitucionalmente esa República era católica. El problema que les interesaba no era el sistema político —eso ya lo tenían resuelto—, sino la construcción de una Iglesia alineada con Roma, que protegiera su independencia frente al Estado. Dicho proceso, denominado por Sol Serrano como romanización, resultaba esencial en aquel particular republicanismo católico que aceptaba las libertades modernas en la medida que el Estado comprendiera a la Iglesia como una sociedad perfecta anterior al Estado que obedecía primordialmente a Roma. El horizonte de lo posible a mediados del siglo XIX para la Iglesia chilena era que la soberanía nacional aceptara como propia la soberanía romana en materias de culto. Por tanto, en este primer período el dilema no era la separación Iglesia-Estado, sino este nuevo vínculo entre soberanías que ponía como eje la relación entre el Estado y Roma. Si ese era el supuesto que hacía posible y viable una República católica, entonces había que construir la soberanía de Roma sobre la Iglesia.

Una vez nombrado Obispo de Concepción en 1853, prosiguió con aquella tarea iniciada en la Secretaría. Entre otras actividades, organizó la curia del obispado; restableció el Seminario de Concepción; incrementó la presencia de las Órdenes Religiosas más antiguas en Chile; impartió el sacramento de la confirmación a más de ochenta mil fieles; y dio impulso a la creación de Cofradías para fomentar la participación de los laicos. El Estado difícilmente podía entrometerse en la dirección de la fe si aquellas instituciones se encontraban fortalecidas. Sin embargo, en la mayoría de aquellas actividades tuvo que enfrentarse a las pretensiones de las autoridades republicanas sobre la Iglesia.

Una clarísima muestra de ello fue el Juramento Civil de los Obispos, práctica a través de la cual los obispos, al ser nombrados, debían prestar obediencia ante la autoridad civil diciendo: “¿Juráis reconocer en el ejercicio del episcopado el patronato nacional que corresponde al Presidente de la República?”. La polémica derivada de esta práctica tuvo su cúlmine cuando José Manuel Orrego fue presentado por el gobierno para ser obispo de La Serena, pero tanto él como la Santa Sede se opusieron, ya que no toleraban la práctica de las tomas de posesiones del gobierno de una diócesis antes de las decisiones definitivas por parte de Roma para instituir obispo. El gobierno, sorprendido, decidió mediante decreto supremo de 24 de mayo de 1869 retener tres cláusulas de las bulas pontificias y exigió el juramento inmediato de Orrego, quien, ante la presión, asintió en ello. Ante esto, Salas realizó una exposición doctrinal del asunto en cuestión a través de la publicación de una de sus obras más relevantes, El juramento civil de los Obispos, en la que retrató con maestría la ilegitimidad del asunto.

Por otro lado, la famosa “Cuestión del Sacristán” constituyó un claro reflejo de la pretensión de la autoridad por inmiscuirse en la jurisdicción de la Iglesia. Como Obispo de Concepción, Salas estaba marginado territorialmente del conflicto, pero participó activamente en él mediante un río de publicaciones y cartas, todas fuertes, claras y polémicas. No es de sorprender, por tanto, que haya colaborado incansablemente en la formación de la Fusión Liberal-Conservadora, la cual fue apoyada por el clero desde su primera conformación en 1858. No obstante, su carácter lo llevó a que, más temprano que tarde, se opusiera a dicha Fusión, puesto que, si bien era políticamente conveniente, a largo plazo era peligrosa. Expresivo de ello fue el problema de los cementerios. La polémica causada por Salas fue de tal magnitud que el tema terminó siendo discutido en el Congreso.

Como en aquel entonces Federico Errázuriz era presidente bajo el amparo de la Fusión, el gobierno optó por buscar una solución de compromiso. A través de un decreto se estableció que en todo cementerio habría un espacio para aquellos a quienes las disposiciones canónicas negaran el entierro sagrado; los cementerios futuros creados con fondos del Estado serían “legos y exentos de jurisdicción eclesiástica”; y de forma particular se permitiría la creación de cementerios privados (sin financiamiento estatal). Con esta norma la crisis fue evitada puesto que asumía una lógica jurídica de la República católica para el pasado y la del derecho liberal hacia el futuro. Pero ni el liberalismo extremo ni el ultramontanismo cerrado (ambos entonces, minorías acorraladas por la Fusión), quedaron conformes. Monseñor Salas, si bien moderó su lenguaje en la prensa, no disimuló la molestia que le provocaba “el glorioso decreto”, propuesto por su amigo Abdón Cifuentes, cuando se dirigió por carta a Joaquín Larraín Gandarillas: “ese proceder inicuo, es un ataque brusco al derecho de propiedad que tiene la Iglesia sobre esa clase de establecimientos por el hecho solo de ser solemnemente benditos, y tras de él vendrá el proyecto de Santa María a declarar laicos todos los cementerios (…) entre tanto los católicos duermen, el clero calla, El Independiente aplaude, y la obra de volterianos con la careta de católicos siguen su camino. ¡Ojalá mi folletito despierte a algunos de ese sueño de muerte en que están”! Dicho folletito refiere a una de sus obras más relevantes: Los Cementerios y Los Despojos de los Cementerios. Paralelamente, el liberalismo penquista polemizó con la Iglesia erigiendo en el cementerio un monumento al coronel Zañartu, manteniéndose vivo, artificial y pasionalmente, un problema de hecho resuelto.

Pues bien, dichos sucesos no fueron sino un anticipo de las “Leyes Laicas” promulgadas durante el gobierno de Santa María, encaminadas a una lógica separación entre las jurisdicciones del Estado y la Iglesia en una sociedad que se veía influenciada cada vez más por la secularización. De alguna forma, Salas comprendía esto y por ello su principal misión era que la República respetase a la Iglesia y no la sometiese.

En este sentido, el conservadurismo en Chile, desde sus inicios, tuvo como ideal una Iglesia unida al Estado, pero sólo en la medida en que las autoridades fuesen efectivamente católica puesto que, de lo contrario, podía prestarse para diversos abusos, como efectivamente sucedió. Así, contra lo que suele pensarse, no fueron precisamente los liberales —salvo los más doctrinarios, que sin duda se entusiasmaban con la idea— quienes estaban, en aquel entonces, a favor de la separación entre ambas potestades. Zorobabel Rodríguez, por ejemplo, fue uno de los grandes representantes del conservadurismo incluso la promovía en aquel entonces. Por otro lado, con las leyes laicas, aquella separación, debió haber caído por su propio peso. Pero esta separación que no fue, como la denomina Gonzalo Vial, no se realizó sino hasta 1925. ¿Por qué? Porque para el gobierno liberal separarse implicaba perder el Patronato y, en consecuencia, el poder político sobre la Iglesia. Es decir, llegado el momento de coronar el movimiento secularizador, separando la Iglesia del Estado, el liberalismo retrocedió, no quiso hacerlo. Buscaban que la sociedad, la ley y el Estado se emanciparan de la Iglesia, pero no ésta de aquél.

Protagonista del Concilio Vaticano I (1869-1870)

La centralización de la Iglesia católica universal en torno a Roma en el siglo XIX fue un fenómeno poderoso y exitoso. Antes, las relaciones habían estado siempre mediadas por la monarquía, por lo que, una vez sacada ésta del medio, se requería, por parte de las Iglesias nacionales, un nuevo acercamiento con el objeto de evitar que los Estados nacionales sustituyeran aquella mediación. Por tanto, en la cuestión romana estaban envueltos el nacionalismo y el liberalismo, dos fenómenos que se entrelazaron en el siglo XIX, transformándose en una fuerza arrolladora que estaba a las puertas de la sede papal.

En dicho contexto, Pío IX convocó el Concilio Vaticano I (1869-1870). Si el último (Trento, 1545-1563), había sido convocado para enfrentar el protestantismo, el liberalismo también merecía el suyo. Así, el objeto fundamental del Concilio fue la declaración de la infalibilidad papal. José Hipólito Salas, pese a ser un obispo latinoamericano poco conocido entre los setecientos obispos asistentes, fue, sin duda alguna, el más apasionado ultramontano. Siendo profundamente republicano, se opuso a la vinculación de la Iglesia con un sistema político específico, particularmente con la Monarquía, puesto que su América había demostrado que la Iglesia podía desarrollarse perfectamente en otros regímenes. Monseñor Salas, para defender la infalibilidad papal, intervino con tres discursos en latín de alto contenido teológico que fueron tremendamente valorados por sus contemporáneos no sólo por sus grandes dotes como orador, sino que también por la originalidad política de su intervención puesto que había entrado de lleno en discusiones contra obispos europeos importantes. En una sesión plenaria se admiró del temor de aquellos: “¿Dice la Escritura que antes de predicar se debe pedir la venia de la autoridad? ¿Dónde están hoy los gobiernos católicos? Y los que se dicen tales, ¡cómo actúan! No es asunto de régimen, sino de personas. “Yo vengo de una república, yo soy republicano, pero católico, apostólico, romano y también, perdonadme, ultramontano”. No temamos las persecuciones: no nos martirizan; el pueblo cristiano y nuestra valentía triunfarán”.

Probablemente, aquello debió haber sonado excéntrico para los obispos europeos, pero para los americanos significaba una bandera levantada en aquella batalla de la Iglesia frente a los Estados nacionales de sus respectivos países, puesto que para ellos no era una propuesta de reivindicación del Antiguo Régimen. Monseñor Salas supo trascender la superficie y comprender que, en el fondo del problema, no se encontraba la naturaleza de tal o cual régimen, sino en la descristianización de las estructuras, lo cual es admirable. La solución a los problemas políticos-religiosos —insistía constantemente a sus feligreses— vendría del trabajo de aquellos laicos que incansablemente trabajasen, a la luz de la fe, en el ámbito público, educativo y social. Por tanto, podríamos considerar que el papel que jugó Monseñor Salas en el Concilio representa el espíritu evangelizador y doctrinario que lo acompañó a lo largo de su vida en la defensa frente al liberalismo que, como humilde servidor, realizó con maestría por su Patria, por la Iglesia, y por el papel de ésta al interior de aquella.

Deja un comentario

Cancelar la respuesta