Ya lo tenía claro Tucídides: ni las reglas del derecho ni las de la moral prevalecen cuando entran en conflicto abierto con las reglas del poder. Esta vieja lección recobra su frescura al cabo de tres décadas de aparente post-historia, cuando tanta gente dentro de nuestras sociedades occidentales, tras experimentar adelantos de toda índole a una escala nunca antes vista, parecía haberse ido convenciendo de que el deber ser siempre termina prevaleciendo sobre el ser. Esta confianza en la razón —y en una única razón—, a su vez, se hermana en nuestros tiempos modernos con la confianza en el progreso, induciéndonos a creer que estamos destinados a mejorar continuamente.

De acuerdo con esta perspectiva cognitiva y emocional, la fuerza que impulsa nuestra existencia sería la de una inercia que nos conduce colectivamente hacia lo mejor. Tan natural ha llegado a parecernos esta inercia que tiende a pensarse que sólo la perversa obstinación de un puñado de mentes obtusas y egoístas, por lo general ubicadas en posiciones de mayor poder, se interpone entre la gente y su espontáneo bienestar. ¡Ea, pues! Neutralicemos a estos seres anómalos; apartémoslos del Estado y la sociedad recuperará espontáneamente la senda del progreso a la que está predestinada.

Como consecuencia de este modo de ver las cosas, hemos tendido a dar por descontados los innumerables avances que la humanidad registró durante las últimas tres décadas, una vez consumado el fin de la Guerra Fría. Se tendió a confundir la tercera ola democratizadora con un tsunami irreversible, la caída de la Unión Soviética con la necesaria democratización de Rusia y el crecimiento de China con la domesticación del gigante asiático por parte de las grandes corporaciones transnacionales. Asimismo, se interpretó como una inevitable victoria de Occidente la afirmación de Deng Xiaoping sobre la irrelevancia del color del gato frente a su capacidad para cazar ratones. Llegamos a hablar de una Primavera Árabe y de exportar la democracia a Irak y Afganistán por medio de largas ocupaciones militares. 

Y sin embargo, ahí estamos nuevamente, asombrados de que Vladimir Putin se maneje bajo nociones geopolíticas “propias del siglo XIX”, según las han descrito varios voceros gubernamentales en la Unión Europea y los Estados Unidos. Dicho asombro deriva, a fin de cuentas, de nuestra dificultad para distinguir entre nuestra idea del deber ser y el ser propiamente dicho, entre lo que suponemos que deberían ser las cosas y lo que éstas son en realidad. Armonizar ambas esferas será en muchas ocasiones factible, pero en otras —por lo general las más decisivas en política internacional— puede resultar poco menos que imposible.

Ante países pequeños con regímenes autoritarios, por ejemplo, puede no sólo tener sentido sino ser plenamente deseable que las potencias occidentales impongan un marco de relaciones diplomáticas dentro del cual se espera que dichos regímenes se apeguen a las condiciones mínimas de un orden internacional demoliberal. La voluntad concertada de las grandes democracias occidentales tiene la capacidad para presionar a las autocracias de pequeño y mediano tamaño con la finalidad de que guarden un mínimo respeto por ciertos estándares democráticos internacionales; incluso pueden propiciar la democratización progresiva de tales regímenes.

No obstante, las cosas cambian cuando hablamos de la relación entre grandes potencias. En semejante terreno, lo que la experiencia histórica nos demuestra una y otra vez es que ninguna norma priva sobre las reglas del poder, según las cuales “el fuerte hace lo que quiere y el débil sufre lo que debe”. Desde este punto de vista, y por poner nuevamente un ejemplo, el deseo y la voluntad de que Rusia —con sus más de 6.000 ojivas nucleares, enorme territorio, larga historia de autoritarismo y muy fresca conciencia imperial— se comporte hoy como un Estado democrático no debería llevarnos a incurrir en el autoengaño de suponer que efectivamente se conducirá de semejante modo.

Es más: el hecho de que en Occidente existan grandes estados democráticos tampoco debería llevarnos a dar por descontado que su comportamiento en materia de geopolítica internacional necesariamente supeditará las reglas del poder político a las del deber ser democrático. En este sentido, con frecuencia se constata que las reglas de la casa no necesariamente se aplican en la calle, ya que ésta tiene sus propias reglas.

Por un lado es cierto que, tal como demuestra la evidencia empírica, prácticamente no existen casos de conflictos entre democracias que hayan sido dirimidos mediante la guerra: casi siempre que se ha producido un conflicto armado interestatal durante los últimos doscientos años, ésta ha tenido lugar sólo entre regímenes autoritarios, o también entre autocracias y democracias, pero no entre democracias exclusivamente. Según esta realidad, parece ser cierto que un  mundo compuesto del mayor número de democracias posible tendería, al menos en principio, a ser un mundo más seguro.

Pero por otro lado, y asumiendo que no existe ningún ente supranacional realmente capacitado para obligar a todos los estados a cumplir con todas las disposiciones del derecho internacional, nada nos asegura que ciertos estados, por muy democráticos que sean internamente, dejen de valerse de su poder para imponer la satisfacción de sus intereses primordiales. Esto quizás no se aprecie con demasiada regularidad cuando de asuntos secundarios se trata, pero sí podemos constatarlo cada vez que están en juego los intereses fundamentales de un Estado —su integridad territorial, el ejercicio de su soberanía, su supremacía en ámbitos específicos, etc.— o, incluso, de un gobierno en particular.

De modo que, en efecto, la confrontación entre Rusia, Ucrania y la OTAN es un conflicto en el que una visión democrática entra en colisión con una visión autoritaria acerca de cómo dirimir ciertas discrepancias de orden internacional. Pero es también un conflicto en el que una nación que aún conserva varios de los elementos que la erigieron durante dos o tres siglos como gran potencia se enfrenta a una alianza internacional que expresamente fue creada para contenerla. El orden internacional de la post Guerra Fría no modificó esa realidad de un modo suficientemente significativo como para conjurar los recelos mutuos entre Rusia y la OTAN, con lo cual dicha circunstancia ha terminado por estallar en un punto de fricción ineludible como lo es Ucrania. 

Así pues, la naturaleza de esta guerra sugiere que su eventual canalización distará mucho de conducirse a través de los canales del derecho internacional. Muy por el contrario, éste parece ser uno de esos conflictos que, en virtud de la cantidad de poder y de actores que involucra directa o indirectamente en su desarrollo, por fuerza conllevará algún tipo de desplazamiento o revisión de las normas internacionales que hasta ahora han prevalecido.

*Miguel Ángel Martínez es doctor en conflicto político y procesos de pacificación.

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