Hace ya más de dos años, presentando mi libro Inmigración y emprendimiento: Experiencias de Estados Unidos y recomendaciones para Chile (FPP 2019, puede verlo aquí), advertí que la inmigración era una materia altamente inflamable y que el país corría un grave peligro de ver como la situación se desbordaba y las pasiones destructivas se desataban.
Lamentablemente, ese sombrío futuro es ya presente. La hoguera de Iquique no fue sino la erupción de una barbarie previsible que merece todo nuestro repudio, pero sus impactantes y vergonzosas imágenes no deben impedirnos ver aquel trasfondo de irresponsabilidad y caos que fue apilando los materiales inflamables que ardieron en la ciudad nortina.
La irresponsabilidad conoció sus puntos álgidos durante el absoluto descontrol migratorio del segundo gobierno de Michelle Bachelet, pero no ha sido menor la incapacidad presente de resguardar eficazmente nuestras fronteras y las trabas impuestas por el poder judicial a una política de expulsión de inmigrantes en situación de ilegalidad a la altura de los desafíos migratorios actuales.
Más graves aún, ya que los tristes resultados del descontrol migratorio están a la vista de todos, son los despropósitos del candidato presidencial Gabriel Boric, que de hecho propone legalizar, e incluso premiar, la inmigración ilegal, potenciando así un efecto llamada que ya tiene al país sumido en una difícil crisis. Y no hablemos del Partido Comunista y otros sectores de ultraizquierda que se solidarizan con el causante último de la tragedia migratoria, que no es otro que el gobierno depredador de Nicolás Maduro, y agitan las turbias aguas de la crisis con el único propósito de desestabilizar al país para poder finalmente imponer su estrategia de conquista insurreccional del poder.
Frente a este panorama cabe repetir las principales recomendaciones en materia de inmigración e integración de los inmigrantes que hiciese en mi libro ya citado de 2019. Se trata de seis principios ordenadores de una situación que, de no ser enfrentada con sentido de urgencia pero igualmente con una perspectiva de largo plazo, se seguirá desbordando y trastocando todo el acontecer político nacional.
- Legalidad
La legalidad debe constituir el principio central e intransable de nuestra política de inmigración-integración. Transigir al respecto genera, por una parte, un descontrol migratorio que pone en riesgo cualquier política de integración y, por otra, un mundo de relaciones extralegales o directamente ilegales que puede atrapar a los nuevos inmigrantes y conducir a la formación de estructuras paralelas de resolución de conflictos y uso de la fuerza.
Se trata de canalizar hacia la legalidad las actividades, redes sociales y organizaciones de los inmigrantes mediante una política categórica respecto de cualquier actividad que la vulnere. La permanencia de un extranjero en el país debe estar condicionada, como exigencia básica, por el apego a la legalidad, tanto en su forma de entrar al país como de permanecer en el mismo.
La importancia de no transigir al respecto tiene también que ver con los conflictos con la población local, ya que nada inquina tanto la convivencia ni produce tanto rechazo como la conexión entre inmigración e ilegalidad, así como la percepción de que existe un descontrol migratorio que hace irrelevante el respeto de la legalidad por parte de quienes quieren avecindarse en Chile. La conclusión que muchos pueden sacar de ello es obvia y deriva en esta pregunta clave: ¿por qué deberían los chilenos respetar la ley si los extranjeros no necesitan hacerlo?
- Integralidad
Las políticas de inmigración e integración deben ser vistas y tratadas como un conjunto ya que son profundamente dependientes la una de la otra. Toda política exitosa de integración depende de un control del flujo migratorio que esté en concordancia con sus metas y, más en general, con las necesidades y capacidad de absorción migratoria del país.
Un flujo migratorio que conduce a situaciones conflictivas con la población local como las recientemente observadas, a la formación de guetos, al desborde de los servicios sociales básicos en determinados barrios y a formas de supervivencia marcadas por la informalidad y/o la ilegalidad provoca casi sin excepción una reacción antiinmigración que no solo inquina gravemente la convivencia social, sino que termina modificando, a veces de manera abrupta, las políticas migratorias vigentes y enrareciendo en clima político general del país.
Esto nos pone frente a una compleja discusión y a la necesidad de cambios regulatorios que estructuren la política de inmigración en función de la de integración y de nuestra capacidad de absorción migratoria. En esta materia es recomendable la cautela, es decir, no exponerse a flujos migratorios de una magnitud tal que pueda dar origen a situaciones difíciles de controlar y a reacciones de carácter xenófobo.
Sobre ello, la experiencia de muchos países es concluyente. Basta hoy mirar a Europa, donde prácticamente todo su horizonte político gira en torno al tema migratorio y a la presencia disruptiva y amenazante de sociedades y estructuras de poder paralelas en gran parte de aquella multitud de barrios altamente segregados que frecuentemente se observan en las ciudades grandes y medianas del viejo continente.
- Estabilidad
Las políticas de inmigración e integración deben ser tratadas como políticas de Estado, es decir, basadas en consensos amplios que eviten los cambios bruscos, las improvisaciones y la falta de coherencia. Se trata de diseñar una visión compartida de largo alcance acerca de la integración de los inmigrantes, lo que implica discutir no solo el modelo de integración más deseable y la capacidad de absorción migratoria del país, sino la idea misma del Chile que queremos construir en base a la creciente diversidad de nuestra población en una era de intensa globalización.
En este sentido, es clave entender que cuando la inmigración cobra un cierto volumen, como lo ha hecho en Chile durante el último decenio, el fenómeno de la integración no puede ser abordado como si fuese algo exclusivamente individual. Por lo común, los migrantes son parte integrante de procesos colectivos y redes que se retroalimentan. Por tanto, debemos articular respuestas políticas coherentes que involucren tanto a los individuos como a las redes sociales de las que forman parte.
Se trata de determinar el delicado equilibrio entre los elementos comunes necesarios para que nuestra sociedad se mantenga cohesionada y aquellos divergentes, que la diferencian. Entre estos dos elementos puede existir una complementariedad que fortalezca a ambos, pero también una tensión que puede fragmentar la sociedad y generar conflictos difíciles de resolver. Al respecto, es importante ser observante con la formación de submundos segregados, donde impera un orden ajeno a la institucionalidad del país en su conjunto.
- Progresividad
El acceso a los derechos sociales y políticos debe ser progresivo y condicionado. Su adquisición, más allá de un mínimo que hace al tratamiento digno de cualquier ser humano, debe ser el resultado de un determinado lapso de permanencia en el país, una conducta irreprochable y el haber demostrado, en casos normales, capacidad de mantenerse y mantener a su familia si ésta también se avecindase en Chile.
Esta progresividad debe estructurarse claramente, señalando un camino que puede finalmente conducir a la ciudadanía plena con plazos y requisitos que se van cumpliendo sucesivamente. La idea rectora debe ser que los derechos, más allá de un mínimo, se ganan y que la permanencia en Chile, así como llegar a adquirir la nacionalidad chilena, requieren del cumplimiento de un conjunto de deberes.
La “generosidad” en esta materia conduce probadamente a la generación no solo de un potente efecto llamada, sino también de incentivos perversos que contaminan la convivencia social y son profundamente resentidos por la población local. Sobre ello baste mirar, nuevamente, la que ha ocurrido en Europa.
En suma, no hay forma más segura y rápida de generar tensiones y xenofobia al interior de una sociedad que la igualación inmediata de derechos sociales entre población inmigrada y población autóctona. Aún más grave es, como propone el candidato Boric, si este tipo de derechos se extiende a la población migrante en situación de ilegalidad.
- Igualdad de oportunidades productivas
Un aspecto clave de la integración de los inmigrantes es su pronta incorporación al mundo del trabajo, ya sea como empleados, autónomos o emprendedores. Por ello, se debe impulsar una política de igualdad de oportunidades al respecto, aboliendo la mayoría de las barreras que bloquean o demoran de manera innecesaria la entrada a ciertas profesiones, actividades o mercados. Un ejemplo típico de ello es el engorroso y costoso proceso de validación de estudios superiores realizados en el extranjero, el que debe ser reformado con urgencia ya que implica pérdidas significativas para el bienestar tanto de los directamente afectados como del país en su conjunto. En este sentido, trabajar por la apertura plena de la mayor cantidad de actividades y mercados es una de las mejores políticas de integración que pueda pensarse.
Esta facilitación de la inclusión laboral o empresarial legal no deja, ni dejará, de producir tensiones y, eventualmente, conflictos con los sectores de la población chilena que se verán afectados en el corto plazo por la competencia que necesariamente implica esta incorporación de fuerza de trabajo, capital humano y capacidad emprendedora. Ello debe ser considerado con seriedad, pero no para obstaculizar la rápida incorporación productiva del inmigrante legal, sino para, al menos en parte, paliar sus impactos más problemáticos en el mercado de trabajo y el mundo empresarial.
- Primacía de la sociedad civil
Finalmente, es clave fortalecer las redes de cooperación civil establecidas ya sea por inmigrantes o chilenos. No hay mecanismo más eficiente de integración, y esto lo documenta bien la historia migratoria chilena, que la solidaridad civil cuando esta se orienta hacia la creación de alternativas productivas y organizaciones capaces de darle respuestas a los problemas sociales de los individuos que conforman esas redes o comunidades.
Esto implica formular las políticas públicas de una forma que promueva el fortalecimiento de las organizaciones civiles y las iniciativas que surjan en su seno. Se trata, en otras palabras, de empoderar de manera prioritaria a la sociedad civil y no al Estado. Esto va desde las políticas pro emprendimiento a las educativas o de salud.
Lo decisivo es, como ya se dijo, que estas actividades se encuadren dentro del marco de legalidad e institucionalidad del país. Sobre ello hay que ser extremadamente observantes ya que la historia migratoria de otros países muestra lo problemático que puede llegar a ser la formación de mundos cerrados, institucionalidades paralelas y ruptura del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, como en el caso de las tristemente célebres mafias surgidas a la vera de los grandes flujos migratorios llegados a Estados Unidos antes de la primera guerra mundial.
La hora de la responsabilidad
Es sobre la base de estos principios que podemos construir un Chile abierto, diverso y, a su vez, cohesionado. Lo urgente es restablecer el control migratorio y enfrentar las situaciones más agudas que afectan tanto a la población migrante en situación de ilegalidad como a la seguridad y bienestar de la población local. En suma, hay que apagar la hoguera de descontentos y tensiones ya generada por una irresponsabilidad política de larga data. Pero lo urgente no debe obstar para que enfrentemos lo importante que es establecer una política de inmigración e integración sustentable en el largo plazo. Para lograrlo se requiere una alta cuota de responsabilidad de parte de los principales dirigentes políticos de nuestro país. Es demencial agitar aún más las pasiones que derivan en hogueras, pero también lo es el lanzar promesas que solo pueden agudizar los problemas, generando un efecto llamada que finalmente imposibilite todo control migratorio y multiplique así las hogueras que nunca más querríamos ver arder en Chile.