2021 fue el año en que finalmente se puso en movimiento el proceso de recambio de la elite política chilena. Parte de este proceso resultó del intenso ciclo electoral que desde octubre de 2020 incluyó un plebiscito constituyente y elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales municipales, convencionales constituyentes, Presidente de la República, diputados, senadores y concejales regionales. En la práctica, se renovó la mayor parte del plantel de cargos representativos del país. Y en casi todas estas instancias —con la mayor o menor claridad que permiten estos complejos procesos— se ha ido expresando esa renovación de la elite política que es, ante todo, de base generacional. Pero, a la vez, mucho más que eso. Sobre esto versa el presente ensayo.

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En efecto, comienzan a hacerse cargo del poder político —en su parte electoral-representativa— los miembros de la generación nacida al término de la dictadura y formada a lo largo de los últimos 30 años. Son las hijas e hijos de la democracia hacia la cual transitó la sociedad chilena a partir de 1990; de la modernización capitalista, la revolución educacional que universalizó el acceso a la educación superior, y de la gradual mayor autonomía personal y moral que acompañó a estas transformaciones; de los intensos procesos de individualización y socialización del consumo que hizo posible crecimiento económico y la expansión del crédito (como advirtió tempranamente T. Moulian); de la apertura hacia el mundo global, la revolución de internet y las redes sociales; de la aparición de nuevas capas bajas no pobres y medio bajas. Y también, cómo no, de la vivencia del conjunto de contradicciones, malestares y experiencias de frustración de expectativas y oportunidades vividas durante la trayectoria formativa de esa generación. 

La socialización política de esta generación, atendiendo a su núcleo directivo o de liderazgo conformado durante aquellas tres décadas, se realizó, habitualmente, en el seno de hogares técnico-profesionales y de variados segmentos medios, que lucharon contra, o disintieron de, la dictadura; en familias en rápida evolución respecto de las estructuras tradicionales del hogar; en una sociedad en rápida transformación que dejaba atrás la pobreza y se abría  al consumo masivo de bienes (materiales y simbólicos) y a la expectativa de acceder a oportunidades de movilidad, mejores servicios y un mayor reconocimiento social; y en una cultura que alimentaba la promesa de una carrera de vida sustentada en el mérito, el esfuerzo, el trabajo y la competitividad (capacidad de competir). 

En seguida, tuvo lugar dentro de una trayectoria colectiva marcada por hitos educacional-político-ideológicos que seguramente moldearon las orientaciones de valor propias de ésta generación. En 2006 irrumpen, en plena adolescencia, con la protesta de los pingüinos en las calles de las principales ciudades y las pantallas de la TV. Este movimiento levantó por primera vez un discurso crítico contra el ‘modelo educacional’ de mercado, reivindicó una educación pública de calidad y planteó la derogación de la LOCE heredada de la dictadura. En 2011 la misma generación pingüina, convertidos sus participantes ahora en estudiantes de la educación superior, promueve una segunda ola de protesta, esta vez contra la institucionalidad universitaria que acusan de encarnar un modelo neoliberal de sociedad, reclamando fin del lucro, término al endeudamiento estudiantil y universidad pública gratuita y de calidad. Los líderes de aquel movimiento se convertirán, con el tiempo, en los integrantes más visibles de la nueva elite que en 2021, tras una trayectoria inauditamente rápida, llega finalmente al poder. Como señala una tesis doctoral que estudia con detalle este fenómeno, “por primera vez en Chile, los protagonistas de un movimiento social estudiantil ingresan por la puerta grande al parlamento, puesto que en las elecciones de noviembre de 2013, Giorgio Jackson, Camila Vallejo, Gabriel Boric y Karol Cariola, fueron electos diputados. Jóvenes de no más de 26 años, todos ellos líderes del movimiento más grande post dictadura” (C. Ponce, 2017, De los libros a la calle: La transformación cultural y política de los jóvenes militantes chilenos a partir de las movilizaciones estudiantiles de 2011). Nueve años más tarde, esos mismo dirigentes estudiantiles presiden la generación que se hará cargo de dirigir el gobierno del país y, desde ya, ocupan posiciones claves en la Convencion Constitucional (CC) y en el Parlamento.

Sin embargo, la socialización política de esta generación —y su conciencia de ser una ‘clase’ protagonista de la historia— no se detuvo con su ingreso a las instituciones formales de la esfera política. El siguiente hito de este Bildungsroman  (novela del aprendizaje y maduración psicológica y moral de nuestro personaje-protagonista generacional) gira en torno al mayo feminista de 2018, como fue llamado por algunas de las voceras intelectuales del movimiento; un movimiento de estudiantes universitarias y académicas mujeres contra el abuso y el patriarcado, el sexismo y la discriminación de género, de carácter separatista, emancipatorio, horizontal y contra-cultural que terminó expresándose en la consigna “todas las mujeres contra todas las violencias”.  

Esta vertiente de liberación feminista —con alcance estructural y simbólico, conectada al potencial de transformación más radical de la segunda parte del siglo XX  y primera mitad del siglo XXI— se convertiría también, a la postre, en un componente central en la configuración de la nueva generación, cuya eclosión final se produce con el estallido social del 18-O de 2019 y las protestas del último trimestre de ese año hasta la aparición de la peste.

En estas protestas confluye una gran variedad de grupos, demandas y movimientos representativos de estudiantes endeudados, profesionales semi ocupados, cesantes, expresiones del feminismo, el ecologismo y los pueblos ancestrales, así como colectivos y comunidades agrupados alrededor de variadas experiencias e intereses como LGBT, derechos humanos, veganos, animalistas, especistas, regionalistas y expresiones artísticas y contra-culturales de diferentes ámbitos, además de organizaciones de sociedad civil, grupos anti-institucionales, inmigrantes, trabajadores, pensionados, de reivindicación de derechos sociales y asuntos éticos vinculados a la vida y la salud, la naturaleza y el medio ambiente, los recursos naturales, el agua y los océanos, etc., que, en conjunto, manifestaban variados malestares, rechazos y demandas frente a la sociedad y el Estado, al mismo tiempo que cuestionaban la legitimidad de las instituciones y el sistema imperante y a las elites establecidas.

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El hito del 18-O agregó a esa abigarrada conjunción de una sociedad revuelta —que quiere decir turbia, por haberse levantado el sedimento de fondo— una inusitada cuota de violencia, que se desplegó coetáneamente, y a la sombra de esa protesta aluvional, dando lugar a una verdadera revuelta política. Nombrada como “insurrección, levantamiento, huelga general, rebelión y otras tantas nociones”, según señala M. Salazar (2021, Acumulación, Facticidad y Constitución. Hacia Un Nuevo Consenso Juristocrático), esa ‘revuelta derogante’ habría producido la destitución —al menos temporal— del imaginario modernizante de la sociedad chilena, centrado en acceso, consumo y disciplina laboral, con su ‘armatoste de violencia estructural’ que, a su turno, estimularía “una cadena de violencias promovidas en el nivel micropolítico de las subjetividades: violencias de género, de clase, racistas, urbanas, securitarias, todas ellas violencias que permiten que el toque de queda, antes de ser decretado, ya esté trabajando a los sujetos en sus performances cotidianas” (ibíd).

No es que esta explicación de la violencia asociada a la protesta del 18-O sea la única ni la más original que circula en el mercado —a fin de cuentas, Bourdieu empezó a escribir sobre la violencia estructural y simbólica y sus efectos ya en los años 1960 / 1970—, pero sirve para ilustrar lo difícil que ha resultado estabilizar una interpretación de este fenómeno y, por ende, de su impacto sobre el clima político-cultural en que culmina la formación de la nueva generación en su ascenso al poder.

Efectivamente, como ha escrito Daniel Martuccelli (2019) en su bitácora sociológica del ‘largo octubre chileno’, respecto del estallido y sus ecos en las protestas de la época, todo sirvió de interpretación: los bajos salarios, la desigualdad, la concentración de la renta en el 1%, el aumento de las expectativas de las clases medias, el sentimiento de injusticia, el autoritarismo, la insuficiente calidad de los servicios públicos, el fin del modelo, las iniquidades del neoliberalismo, la privatización excesiva y la crisis de lo público, la represión, una clase dirigente y un sistema político desconectados de las realidades del país, la ausencia o debilidad de los actores sociales, el pueblo-unido contra la elite, la crisis del reconocimiento del mérito, el sobreendeudamiento familiar, altos indicadores de desconfianza interpersonal, una juventud reticente a los sistemas de reglas y a la necesidad de las instituciones, las distorsiones de un sistema de acumulación, etc. Cada lector podrá, sin dificultades, añadir algunos ítems a esta lista fortuita.

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La generación surgida de esa trayectoria social, política y cultural llega ahora a ocupar las posiciones de elite de la esfera política, provocando un recambio colectivo de aquella; o sea, un verdadero reemplazo de los incumbentes —hasta ayer— de esas posiciones. Se trata, por tanto, de algo distinto de la continua circulación individual que mantiene la vitalidad y renueve a los grupos de elite en las diferentes esferas de la sociedad. No hay que equivocarse, sin embargo, pensando que esta sería la primera vez que en Chile ocurre un fenómeno de esa naturaleza. Al contrario, ese tipo de recambio ha tenido diversas expresiones en Chile durante el último medio siglo, claro que con características propias, distintivas, en cada situación. 

Por ejemplo, la generación que accede al gobierno y a la administración del Estado con la Revolución en Libertad en 1964, genera un recambio, y no una mera alternancia, en la elite política de la época. Impulsa un proceso de reformas modernizadoras que afectan las bases sociales de la antigua hegemonía conservadora, dando expresión a nuevos grupos profesionales, la renovación del pensamiento social-católico, a los movimientos estudiantiles y contraculturales de la época, y a una nueva intelectualidad y tecnocracia que representaba un desarrollismo comunitario como una alternativa frente al modelo revolucionario de Cuba y el castrismo. 

Sin embargo, esta elite tecno-política, tras su breve experiencia en el poder, fue sustituida en 1970 por una configuración política de izquierdas, la UP, articulada en torno al eje socialista-comunista al que se sumaban fuerzas radicales y cristianas progresistas. Este conglomerado aspiraba a una mezcla de socialismo democrático y ruptura revolucionaria en un cuadro de intensa guerra fría entre los EEUU y el bloque soviético. Fenómeno claramente intergeneracional, la UP renueva la elite política chilena con la infusión de nuevos modelos de pensamiento referidos a los principales sectores de la sociedad: la economía, la organización industrial, la educación, las relaciones internacionales; todo esto en un ambiente ascendente de confrontación ideológico-política, de lucha de clases, de polarización de las instituciones y de alineamientos geopolíticos. 

El golpe cívico-militar de 1973  pone fin a la alternancia pacífica de las elites políticas y a su renovación desde dentro, ya sea por vía individual o de renovaciones colectivas. Una elite militar-burocrática pasa a ocupar las posiciones claves de la conducción del Estado y el control de la sociedad, junto con una elite civil-tecnocrática, jurídica y económica —de base empresarial y de derechas— que crea el modelo chileno de Estado autoritario y de economía neoliberal integrado a los mercados globales. El país se realinea geopolíticamente del lado de los EEUU y en 1980 adopta una nueva Constitución (de corte profundamente iliberal) y lanza un programa de modernizaciones privatizadoras en los principales sectores sociales: salud, previsión, educación, trabajo, vivienda, transporte, telecomunicaciones. En la esfera política —intervenida por los poderes militar y económico— se consolida una nueva elite, cuya ideología combina elementos doctrinarios de seguridad nacional y control sobre la población y los territorios; un modelo económico neoliberal que hace girar a la sociedad en torno a mercados bajamente regulados; y una cultura de valores católico-conservadores, de gremialismo anti-político y anti democracia liberal y de conformismo de masas a través de la integración en la esfera del consumo.

Durante la década de los años 1980, las diversas expresiones de resistencia a la dictadura, de protesta político-social y cultural y de convergencia inicial entre las fuerzas de la oposición civil, logran imponer eventualmente un plebiscito (5 de octubre de 1988) que permite a la población optar entre la continuidad del pinochetismo como elite en el poder o su recambio por una nueva configuración político-social y cultural del que diera paso a una transición hacia la recuperación de la democracia. Se impone esta última alternativa y, con ello, se inicia el tránsito pacífico hacia la gradual conformación de una nueva elite política organizada en torno a la Concertación de Partidos por la Democracia. A su derecha se reposiciona la elite pinochetista, buscando un lento y dificultoso desprendimiento de su condición de “cómplice  pasivo” de la dictadura y, a su izquierda, las fuerzas marginadas del pacto de la transición que habían buscado derrotar a la dictadura por las armas y reclamaban una ruptura radical con su herencia. 

De 1990 a 2020, los famosos 30 años, las elites en todas las esferas de la sociedad quedan sujetas a los procesos habituales de renovación individual de sus planteles o de alternancia colectiva entre incumbentes y contendientes. En la esfera política, estos procesos dan lugar a cuatro sucesivos gobiernos de la Concertación (1990-2010) y luego a doce años de alternancia entre un gobierno de derecha (Piñera I), uno de la Nueva  mayoría (Bachelet II), bloque que sucede a la Concertación como coalición de centro izquierda pero ahora con la participación adicional pero subordinada del PC, y luego otro de derecha (Piñera II) que en marzo próximo entregará el mando del gobierno a la alianza constituida en torno al eje del Frente Amplio (FA) y el PC.

A lo largo de este extenso ciclo de tres décadas, esa linealidad en la sucesión de la elite política no pasó desapercibida ni dejó tampoco de ser cuestionada, en ocasiones desde dentro de la propia elite  dominante —v.gr., la pugna entre ‘complacientes’ y ‘flagelantes’ a partir de 1997, o bien, las disputas programáticas en tiempos de Bachelet II—, pero, mayormente, desde fuera a través de la contestación proveniente de diferentes movimientos sociales, locales, de estudiantes, medio ambientales, por cambios del régimen de salud, previsional, educacional, etc., que —como vimos— desembocaría en la ola de protestas del 2019. 

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Esta última ola que revienta el 18-O de 2019, para poner una fecha simbólica de inicio al fenómeno más reciente de recambio de la elite política chilena, viene a agregarse pues a la serie de 1964, 1970, 1973 y 1990, cada una —según acabamos de revisar— con sus características, personal, orientaciones ideológicas y magnitudes distintivas. El periodo relativamente largo de la hegemonía concertacionista sobre la administración del Estado y la dirección de la sociedad —con continuidades y alternancias en las posiciones incumbentes— llega ahora a su fin. 

La nueva elite emergente, que comienza a desplegarse y está haciéndose cargo de una proporción significativa, pero desigual, de las posiciones de mando en la CC, el Parlamento (ambas Cámaras) y próximamente del gobierno, con sus varios ‘anillos del poder’ como los ha llamado el comando del presidente electo Boric, junto a posiciones a nivel de las administraciones regional y municipal, representa un recambio bastante completo de la composición y perfil de la elite política.

Su primer rasgo característico, más propio y llamativo, según se refleja en la prensa nacional e internacional, es la juventud de su composición; en realidad, la base social claramente generacional de la elite que llega ahora al poder, con su trayectoria y carácter distintivos, según mostramos en la primera sección. Para denominar a esta generación se han empleado diversos nombres: de la posdictadura, por su historia y socialización política; millennials, para otorgarle un toque internacional; educada, informada y digital, vinculándola así a fenómenos propios de las transformaciones experimentadas por la sociedad chilena durante los últimos 30 años; de redes sociales y un capitalismo de plataformas y aplicaciones.

El hecho indubitable es que la nueva elite emergente tiene una base generacional, a diferencia de todas las anteriores del último medio siglo, donde era posible encontrar juntos a padres e hijos, por decir así, dentro de una misma elite, como ocurrió también con la elite concertacionista.

Lo segundo que llama la atención en esta nueva elite, precisamente por su carácter marcadamente generacional, es que —si bien exhibe una filiación al menos temporal con el periodo de la Concertación y las transformaciones que durante él experimentaron la economía, la sociedad y la cultura chilena— ella representa un intento de quiebre, lo más radical posible, con respecto a la elite dominante de esa época. Y esto no solo en el terreno de la crítica que los contendientes formulan usualmente a los incumbentes en cualquier campo o esfera de la sociedad, sino también del propósito explícito de presentar una fisonomía e identidad en oposición a la vieja generación que se halla de salida. Como dice un politólogo de la Universidad de Chile, al explicar este fenómeno a la BBC, “el gran clivaje político hoy en Chile es generacional: entre la generación que nació en democracia y la más antigua, que vivió la experiencia del golpe de Estado, la dictadura, la transición a la democracia y aprendió ciertas lecciones […] Los más jóvenes están ahora por experimentar su propio camino” (R. Funk, 2021). La idea aquí es que la nueva generación sería más libre, cargaría con menos culpas históricas, le pesarían menos restricciones sobre sus hombros, se habría formado contestando un orden y no construyéndolo y manteniéndolo, tendría un horizonte cultural más amplio, aspiraciones más utópicas, disposición a correr los límites de lo posible, etc. De hecho, toda nueva generación, sobre todo si accede tempranamente al poder, necesita construir su propio mito y verse reflejada en  las leyendas que se relatan sobre ella.

En tercer lugar, la generación que se encuentra en fase de convertirse en elite del poder, trae consigo, también, su propio bagaje ideológico-cultural. Lo ha ido adquiriendo desde el terreno discursivo de las izquierdas pero sin ligazón orgánica con las tradiciones de éstas; ni de su filiación marxista-leninista conectada con la revolución bolchevique y la revolución cubana, ni con su renovación socialdemocratizante post-golpe militar, inspirada en el PSOE de Felipe González, el PCI italiano, las lecturas de Gramsci, el exilio europeo, la ‘tercera vía’, la recuperación de vertientes liberal-sociales y científico sociales del pensamiento democrático y, sobre todo, de la crítica y el rechazo (tanto intelectual como emocional) de las dictaduras tanto de derechas como de izquierdas. Para decirlo en términos de los mapas ideológicos actuales: la nueva elite generacional es posmoderna, en el sentido que no cultiva los grandes relatos revolucionarios de antaño ni parece tener raíces en los mismos topos discursivos de la izquierda renovada de la generación concertacionista.

Cuarto: sin embargo, las cosas relativas a los discursos, la semántica política y los topos ideológicos son siempre más complicadas de lo que aparece a primera vista. En efecto, en estos ámbitos la elite que hace su estreno en estas semanas es una curiosa amalgama de viejos y nuevos elementos y de una heterogénea mixtura  de pensamientos de izquierda. Por lo pronto, posee un componente tradicional, aportado por el PC que, efectivamente, conecta con un mundo periclitado, el de la URSS y los socialismos reales. Pero, en cuanto al futuro, el PC es una incógnita; mas bien un ‘arma organizacional’ que una fuente de pensamiento, mientras sus creencias son esencialmente burocráticas, centralistas y desconfiadas de la democracia liberal. Estratégicamente hablando, tiende a ubicarse hoy entre las fuerzas del nuevo socialismo latinoamericano, una suerte de populismo heroico de movilización social, propenso a la rebelión pero a la vez interesado en ser parte de la elite estatal. Para mayor complejidad interna aun, el PC posee una nueva generación dirigencial que a veces aparece más cerca del FA que de su casa matriz tradicional. A su vez, el FA es un abanico de amplio espectro, donde convergen diferentes pensamientos, grupos, movimientos y colectivos que cubren un espacio que va desde RD —con sus diversas vertientes socialdemócrata, de socialismo democrático, de nuevo socialismo y corrientes feministas y ecológicas, pero con una tendencia de sus liderazgos a ordenarse en función de expectativas de poder— hasta un variopinto elenco de expresiones alternativas de izquierdas antisistema, contraculturales, anti-globalización, con liderazgos que tienden más al movimientismo y el testimonio de los valores proclamados. 

Quinto, lo único que al momento mantiene la tensa unidad de esta alianza bifronte entre FA y PC, eje del futuro gobierno, es el discurso del anti-neoliberalismo, cualquiera sea el sentido que se atribuya a este concepto, pero que siempre apunta, como escribió Bourdieu en su momento más militante, a ser “un programa de destrucción sistemática de los colectivos” (Bourdieu, 1998). En Chile aquel discurso equivale por momentos a antipinochetismo, su Constitución y modelo impuestos en 1980 en condiciones de dictadura. En otras situaciones se entiende como crítica o cancelación de las políticas de la Concertación que habrían sido una mera prolongación del modelo impuesto por Pinochet. Retóricamente sirve, asimismo, para fundamentar la necesidad de refundar el país en sus estructuras institucionales, carta constitucional, armazón del Estado, modo de producción y perspectiva de orientación cultural de la sociedad, lo que bien podría llevar a concluir que propone sustituir el capitalismo para abrir otras avenidas (no-capitalistas) de desenvolvimiento de la nación. Sin embargo, forzada como está ahora a clarificar cuál es el carácter del programa propuesto y deseado por ese discurso, la nueva elite —interesada en dar garantías de buen gobierno o, al menos, de gobernabilidad— entra en una zona de ambigüedades y contradicciones como experimentó la candidatura Boric entre la primera y segunda vuelta de la elección presidencial. En efecto, titubeó entre los varios sentidos posibles de su discurso anti-neoliberal, tal como suele ocurrirle también al FA y el PC, y a sus respectivos aliados, dentro de la CC. ¿Se trata de avanzar hacia un modelo refundacional que deje atrás, de alguna forma, al capitalismo y abra las anchas avenidas a algún tipo de socialismo? ¿O se trata, en cambio, de modificar un paradigma de políticas públicas y su ‘caja de herramientas’ para avanzar hacia alguna versión de capitalismo de bienestar socialdemócrata, en la medida de lo posible? Como Hamlet, la coalición de izquierdas se debate en esta materia clave entre ser y no ser.

Sexto, pero, ¿ser o no ser qué? Una dimensión de esta cuestión, que he explorado en otras oportunidades (aquí y aquí), es entre reformismo en serio o revolución al estilo de las nuevas izquierdas latinoamericanas, cuyos ejemplos son, sin embargo, deplorables (Cuba, Venezuela, Nicaragua). El reformismo latinoamericano, en tanto, ofrece ejemplos muy variados, al punto que termina por no servir como referencia: peronismo-kirchnerismo, el proceso de cambio encabezado por Evo Morales, sucesivos gobiernos autoproclamados de izquierda o populares que terminan fracasados en Perú, el programa del buen vivir de Correa en Ecuador, las experiencias de reformismo pragmático de Lula y el PT, o la Cuarta Transformación de AMLO en México. Frente a todas ellas, nuestra elite política emergente guarda distancias o prefiere no entrar en el juego de las comparaciones que podría forzar a sus dos pilares —FA y PC— a tener que despejar ambigüedades. Más bien, desde el propio FA o en algunos de sus círculos intelectuales afines, se ha avanzado la idea de que los referentes más próximos podrían ser Podemos, de España, o el Frente Amplio uruguayo, cuyas semejanzas y diferencias con el FA chileno han pasado a ser parte incluso de la conversación pública.

Lo cierto, en suma, es que el fenómeno chileno de una elite con base social generacional y una plataforma ideológica esencialmente anti-neoliberal pero sin un programa de transformaciones relativamente perfilado, representa un desarrollo particular, todavía en plena evolución y con un futuro incierto pero que, de todas formas, parte con un promisorio apoyo de opinión pública.

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Hay todavía tres cuestiones adicionales del mayor interés para el análisis, en perspectiva futura, de la elite emergente encabezada por la nueva izquierda chilena. Aquí solo las enunciaremos.

Una, de interés propiamente sociológico, es el de la red más amplia de factores en que se apoya y que alimenta a esta expresión renovada de la elite política. Podría ser, por lo que se observa inicialmente o se especula, aunque todavía sin suficiente respaldo empírico, que las bases de reclutamiento de este estamento sean más variadas que aquellas de las de elites anteriores, en el sentido de las familias de origen, género (número muy superior y mayor visibilidad de mujeres), colegios e instituciones formativas superiores, origen local y regional y trayectorias de participación en organismos de la sociedad civil y movimientos sociales. En cuanto al trasfondo de orientaciones cognitivas habría también, se dice, una diversidad mayor de disciplinas o áreas del saber, profesiones y oficios, lo cual sería congruente con la diversificación de la educación superior. Asimismo, existiría un mayor pluralismo de lecturas que en la anterior generación de izquierdas, donde el marxismo tenía un peso incontrarrestable en la formación de la mirada sobre la sociedad y el vocabulario empleado para su análisis. Hoy, en cambio, el peso de las estructuras materiales de reproducción de la vida parecen haber perdido fuerza frente a los fenómenos de superestructura, trátese de las variadas epistemes, las ideologías y sus relatos, las emociones en acción, las perspectivas y las miradas, y cierto mayor cosmopolitismo en la consideración de experiencias o prácticas valiosas. Incluso hay entre los trecnopols del FA, voceros de la candidatura Boric, una cierta obsesiva referencia a las evidencias, modelos y ‘buenas prácticas’ provenientes de países de la OECD, particularmente países nórdicos, Australia y Nueva Zelanda, Inglaterra, Alemania y Francia.

Cuestión número dos es la relación entre esta elite en tren de asumir sus posiciones de poder y las demás elites, en cualquiera esfera de acción y valor: económico/empresarial, de los principales gremios sectoriales, de los medios de comunicación y think tanks, militar, religiosas, de los demás poderes del Estado, financiera, del establishment de política exterior, la academia e instituciones universitarias, las artes, del capital social y los apellidos tradicionales, de la comunidad científica y otras. A fin de cuentas, se trata de una nueva elite política que nace, más bien, de la crítica y la lucha contra las elites en general y, particularmente, contra aquellas que C. Wright Mills llamó ‘las elites del poder’ propiamente; esto es, en EEUU en la época de Wright Mills, la elite política, la industrial y la militar. No es el caso de Chile, donde las elites del poder son a la vez más numerosas y fragmentadas y menos fuertes, pero donde efectivamente la elite política y la elite económica se hallan al centro del desarrollo de la sociedad y movilizan recursos de poder esenciales para una y otra.

Durante el tiempo de la Revolución en Libertad y de la UP, la coexistencia entre ambas elites fue hostil en diversos grados hasta llegar a un enfrentamiento generalizado. El gobierno militar fusionó en la práctica la esfera política y la económica, organizándolas bajo un mismo mando con una misma estrategia de liberalización capitalista. La dialéctica entre ambos grupos —ya autonomizados tras el regreso de la democracia— volvió a ubicarse en un terreno de conflictos y cooperación, pero desembocó en una creciente intromisión del dinero privado en la esfera pública de la política, lo que luego contribuyó a la deslegitimación de los partidos y de los procesos de intermediación democrática. Hoy nuevamente se abre una incógnita respecto de la relación futura entre ambas elites y de la nueva elite política con las diversas otras elites sectoriales de la sociedad, asunto vital para el funcionamiento de la democracia y la renovación de los liderazgos. 

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La tercera cuestión de las tres anunciadas, seguramente la más complicada y a la vez apasionante desde el punto de vista de la sociología, gira en torno a la pregunta de cómo un grupo generacional que buscó demoler la idea y el hecho del fenómeno elitario, ahora se convierte en elite política e internaliza y ajusta sus formas de pensar, de ver, de trabajar y comunicarse a su nueva condición que, inevitablemente, lo convierte en partido del orden, de la estratificación, de la distinción; en ‘nobleza de Estado’, según la potente expresión de Bourdieu. No es una cuestión de formas ni de voluntad ni de cómo cada cual, puesto en la posición del Príncipe, puede individualmente salvar su alma. Pues, como muestra la teoría de las elites —desde sus precursores hasta sus exponentes contemporáneos—, la existencia de las elites es un hecho inevitable en la organización de la sociedad. Las revoluciones crean su propia elite a partir del triunfo, como muestra la historiografía de las grandes revoluciones y puede observarse hoy en China o, de una manera decadente, en Cuba. Los procesos democráticos, en cambio, están continuamente generando balances e imbalances entre las elites y dentro de ellas, dando lugar a procesos individuales de renovación o a procesos colectivos de recambio y reemplazo, como observamos hoy en Chile.

Las elites, en efecto, son consustanciales a la organización de las sociedades. Según escribe un reconocido investigador contemporáneo del tema, John Higley:

«Las élites pueden definirse como individuos y grupos pequeños, relativamente cohesionados y estables con un gran poder de decisión. Están formados por los principales responsables de la toma de decisiones en las organizaciones y movimientos más grandes o fundamentales de una sociedad: los principales líderes gubernamentales, empresariales y militares, así como los líderes de partidos políticos, asociaciones profesionales, sindicatos, medios de comunicación, organizaciones religiosas, educativas y culturales. Los asuntos que se ven afectados decisivamente por las élites incluyen la estabilidad o inestabilidad básica de los regímenes políticos, las formas y el funcionamiento de las instituciones políticas y las principales políticas de los gobiernos. Por lo general, las personas y los grupos de élite disfrutan de estatus social elevado, a menudo de celebridades, y reciben recompensas y beneficios de diferente tipo».

Está por verse, a lo largo de los próximos meses y años venideros, cómo se constituirá nuestra propia, rejuvenecida, elite política, ese pequeño grupo con una importante cuota de recursos de poder. Y cómo se comportará internamente en términos de permeabilidad a la circulación individual de liderazgos y grupos de influencia e irá adquiriendo su propia estratificación y relaciones con las demás elites de la sociedad, también ellas en procesos de renovación y mutuos reacomodamientos. Serán tiempos de intensa recomposición del status y la influencia. A su turno, estos procesos, operando en red, producirán necesariamente efectos de internalización y subjetivación del poder posicional adquirido, del status y reconocimientos simbólicos que el poder trae consigo, y afectarán el carácter de los liderazgos y el comportamiento individual y los estilos grupales de acción en el seno de la nueva elite. Todo esto está ya a la vista, desenvolviéndose como un drama en los múltiples escenarios que conforman la sociedad de la información, el espectáculo y la rotación de los signos.

Con esto se ha abierto, entonces, un periodo de máximo interés sociológico, político y cultural. El recambio de la elite política en curso es, sin duda, el proceso más importante de transformación de la sociedad chilena en lo que llevamos recorrido del presente siglo. De él dependerá, críticamente, nuestro futuro. Hoy este proceso está recién en sus inicios. El nuevo Príncipe, si se puede usar para una nueva elite la misma denominación de Maquiavelo, debe ser precavido. Porque, como escribió el florentino, “aunque se tenga un ejército poderoso, para entrar en una región siempre hay que contar con el apoyo de sus habitantes. Por estas razones el rey de Francia Luis XII tardó muy poco en conquistar Milán, pero también tardó muy poco en perderla; y, para arrebatársela, la primera vez bastó sólo con las fuerzas de Ludovico [Sforza, duque de Milán], porque las mismas gentes que le habían abierto las puertas, al sentirse defraudadas en sus convicciones y en sus esperanzas de futuro bienestar, no pudieron soportar los inconvenientes de tener un nuevo príncipe”.

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