No es fácil predecir cómo será mirado el gobierno del presidente Sebastián Piñera en el futuro, una vez que hayan pasado los años y vayan quedando atrás las pasiones políticas del momento actual. Sí sabemos que llegó al gobierno por segunda vez en marzo de 2018; conocemos la evaluación que semana a semana ha tenido su administración a través de distintas encuestas; además, en noviembre y diciembre de 2021 tuvimos resultados de las elecciones parlamentarias y presidenciales. Hoy, cuando Chile experimenta el cambio de mando –un hito republicano de indudable trascendencia–, la percepción política actual sobre el gobierno resulta más negativa que positiva, no solo entre sus detractores, sino también entre muchos de los que apoyaron a Piñera en las elecciones de 2017. Predecir la evaluación futura es mucho más complejo, y excede las capacidades actuales de análisis. 

Algunos gobiernos tienen un tiempo presente difícil, con un juicio negativo, pero luego experimentan una reivindicación histórica. Hay tres casos muy ilustrativos al respecto, que conviene traer a la memoria, para comprender de mejor manera lo que mencionamos: José Manuel Balmaceda (1886-1891), Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931) y Salvador Allende (1970-1973). Todos ellos con personalidades y líneas políticas muy distintas, y tiempos históricos también diferentes, tienen en común haber sido maltratados por la lucha de los partidos y por el poder durante sus respectivas administraciones, pero con la posibilidad de crecer, ser apreciados e incluso admirados con el paso del tiempo.

El caso de Piñera, de final menos dramático que el de sus predecesores –Balmaceda, Ibáñez y Allende– tiene al menos dos diferencias. La primera es que, a pesar de las dificultades, el actual gobernante logró terminar su periodo presidencial (lo que para muchos ya es un gran logro), que no se vio interrumpida por una guerra civil, una renuncia anticipada o una intervención militar. La segunda es que todavía tiene la posibilidad de reivindicación histórica –es su esperanza y la de algunos de sus ministros–, mientras que en los tres casos anteriores se ha presentado como una realidad que podemos estudiar y explicar. El tiempo dirá hacia dónde avanzan los pensamientos y las emociones de los chilenos del futuro.

Objetivos y resultados

En una entrevista de mayo de 2017, el futuro ministro Gonzalo Blumel –el principal autor del programa de gobierno de Piñera– planteaba que el objetivo más importante era “hacer de Chile un mejor país para vivir y en uno de los 30 países con mayor desarrollo humano en el mundo en los próximos ocho años”. A su vez explicaba que muchas medidas se presentaban precisamente por un periodo de ocho años, porque la propuesta era “una mirada a largo plazo, busca que pueda proyectarse a través de un segundo mandato de Chile Vamos, pero apuntamos a la construcción de acuerdos amplios en ciertos objetivos de largo plazo que puedan trascender a lo que es la mirada o el período de un solo gobierno”.

Sebastián Piñera, por su parte, la noche del 17 de diciembre, pronunció un discurso de celebración y agradecimiento por la sólida victoria alcanzada contra Alejandro Guillier. Gracias “por darme la oportunidad de liderar a Chile hacia los tiempos mejores”, dijo en esa ocasión. Además expresó: “Unidos recuperamos nuestra democracia en forma ejemplar, unidos reconstruimos nuestro país después del terremoto y unidos y contra pronóstico, rescatamos sanos y salvo a nuestro 33 mineros y vamos a transformar a Chille en un país desarrollado, sin pobreza y con oportunidades”. Todo parecía ir bien encaminado, mientras los partidarios del gobernante coreaban “Chile se salvó”. Las cosas comenzarían a cambiar posteriormente.

En el plano práctico, a sabiendas de contar con minoría en el Congreso, el gobierno optó por una política de búsqueda de acuerdos con la oposición. La iniciativa era positiva, aunque no siempre encontró agua en la piscina ni desarrolló un trabajo adecuado con las bancadas de la antigua Concertación y del novedoso Frente Amplio. En otro plano, llamó la atención la designación de un gabinete que repetía varios nombres de la primera administración y que se caracterizaba por ser muy estrecho social y políticamente, demostrando los mismos errores del primer gabinete del gobierno de Piñera I, con primacía de algunos colegios y universidades. Además perdió una oportunidad de renovación generacional para la centroderecha, con lo cual cometía el mismo error de la Concertación de ir envejeciendo sus cuadros. Estas definiciones, que podrían parecer menor o meramente simbólicas, tenían gran relevancia, considerando que una de las limitaciones más visibles de la centroderecha era y sigue siendo su falta de amplitud social, regional y profesional, a lo que se suma que no es capaz de competir contra la izquierda en la generación más joven. Todo esto ha llevado en dos administraciones a un penoso desperdicio de talentos y a ponerle tejado de vidrio al discurso de la meritocracia.

Aún así, los primeros 18 meses del gobierno transcurrieron con relativa normalidad, que llevaron a declarar al propio Presidente de la República que Chile era una especie de “oasis en América Latina”. Eso fue en octubre de 2019, pocos días antes de una de las jornadas más complejas de toda la historia de Chile republicano.

El difícil contexto

El 18 de octubre se produjo el “estallido social”, como fue rápidamente bautizado un proceso que nació con una violencia extrema, que se expresó en la destrucción de numerosas estaciones de metro. El tema era mucho más profundo: se había iniciado una verdadera revolución, y rápidamente dirigentes comunistas pidieron la renuncia del Presidente, surgieron demandas sociales y constituyentes, todo en medio de una movilización pocas veces vista. Ese 18 de octubre se acabó, de hecho y políticamente, el gobierno de Sebastián Piñera, aunque extendiera su administración hasta el 11 de marzo de 2022.

Desde luego, porque se acabó el programa de gobierno. Nunca más se habló de tiempos mejores ni de los ocho años de gobierno. La coalición Chile Vamos se sumó a la pérdida de iniciativa política del gobierno y se sumó al proceso de cambio constitucional. A ello se agregó el desastroso resultado en las elecciones para la Convención Constituyente, en alcaldes y concejales y ciertamente de gobernadores. 

Por otra parte, se terminó la vigencia del régimen constitucional, en la forma como lo habíamos conocido. Dos ejemplos ilustran esta situación: el fin del régimen presidencial y los retiros de los ahorros previsionales. En el primer caso, fue el presidente del Senado quien advirtió al presidente Piñera que, si quería gobernar tranquilo, debía aceptar el “parlamentarismo de facto” que se había instalado en Chile. En el segundo caso, hubo sucesivos proyectos para retirar “por única vez” el 10% de los ahorros previsionales, en una forma que el gobierno consideró inconstitucional, pero fue derrotado política y legalmente.

Un tercer tema que marcó el fin del gobierno fue el proceso constituyente. A diferencia de procesos anteriores de esta misma naturaleza –en 1833, en 1925 y en 1980–, los gobiernos se involucraron de principio a fin. En la elaboración de la constitución futura, el gobierno dispuso la mesa y parte del menú, pero no pudo hacer las invitaciones ni cerrar las condiciones bajo las cuales se realizaría la celebración. Cuando el Presidente de la República se refirió a los temas de fondo que debe contener una constitución –como lo hizo a fines de 2019 y en su discurso del 9 de marzo de 2022– siempre reivindicó una serie de conceptos y principios ya contenidos en la carta fundamental vigente, pero que no serán considerados por los convencionales en la actualidad.

A todo esto se suma otro problema de la mayor relevancia. Desde un punto de vista histórico y comparativo, el gobierno de Sebastián Piñera vivió uno de los momentos más complejos y difíciles de la historia republicana de Chile. Durante sus cuatro años de administración el país enfrentó una crisis plural, por un lado política e institucional y por otro de carácter económico y social. A todo ello se sumó la crisis sanitaria producto de la pandemia del coronavirus –algo inimaginable y ciertamente ajeno a las responsabilidades políticas de un gobierno–, que tuvo dolorosos resultados humanos para el país, pero que a su vez probó el temple de la población y la capacidad de su sistema de salud. 

No solo eso. La pandemia provocó una inmediata consecuencia relativa al proceso en curso: se detuvieron las protestas en marzo de 2020, cuando se preveía un mes muy difícil y lleno de manifestaciones sociales. Adicionalmente, la crisis sanitaria permitió ver al mejor Piñera –y a sus equipos liderados por los ministros Jaime Mañalich y Enrique Paris–, que tuvo un manejo impecable en el tema de las vacunas, mostrando una gran capacidad de gestión, y puso a Chile en los primeros lugares en el enfrentamiento de la pandemia en el mundo. 

Abandonos, contradicciones y legado

Una evaluación del gobierno de Sebastián Piñera en la hora de la despedida muestra visiones contradictorias que mezclan esperanzas frustradas en la centroderecha y confirmación de discrepancias en la izquierda. 

Camila Vallejo –diputada comunista y vocera de gobierno de Gabriel Boric– ha resumido su posición señalando que el de Piñera fue “el peor gobierno de la historia”. Muchos no están de acuerdo con esta afirmación y pueden mostrar otras administraciones fallidas. Sin embargo, lo que resulta interesante desde un punto de vista político e histórico es la instalación de la noción de mal gobierno, de fracaso. Lo ha resumido muy bien el periodista John Muller: “Han pasado cuatro años y el balance de la segunda presidencia de Sebastián Piñera es estremecedor. No sólo no cumple su propio pronóstico de éxito, sino que entrega un país plagado de incertidumbres, algunas de las cuales propició él mismo”.

Las defensas del gobierno de Piñera II tienden a ser pálidas, comprometidas y a la defensiva: han sido años difíciles, la historia va a reconocer de mejor manera al gobierno, la vacunación ha sido un éxito indesmentible, la oposición fue implacable y otros comentarios por el estilo. Algunos ministros incluso han esbozado –lo que a esta altura no sorprende– que la Convención constitucional y la nueva carta fundamental serían los legados claves de Piñera, lo que parece un intento de colgarse del proceso constituyente, pero hoy por hoy podría ser casi un autogol presidencial. 

El gobierno del presidente Sebastián Piñera puede analizarse por los detalles, como el cumplimiento aproximado del programa (un 30%, un 50% o un 65%, donde hay cosas valiosas y otras que se dejaron de hacer), o se puede comprender mediante un análisis más global, que muestre las grandes tendencias de la política chilena de los últimos años. En este último sentido, el segundo gobierno de Piñera culmina con dos legados objetivos, aunque no fueran ni prometidos ni esperados: la redacción de una nueva constitución y el gobierno de Gabriel Boric. 

El primero, producto de la revolución de octubre de 2019, es precisamente el proceso constituyente que está en marcha. Es verdad, como han sostenido dentro del oficialismo los promotores del Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que este fue una forma “institucional” de revertir la violencia dominante en las calles. Sin embargo, se trata de un análisis limitado, que no pondera que la revolución no ha terminado, que no hay noviembre sin octubre y que lo que sembró el Congreso con su Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución lo está cosechando la Convención, que ha sido bastante lejana al espíritu y a las mayorías de entonces. Adicionalmente, puede considerarse una especie de abdicación, pues la revolución de octubre se dirigía en buena medida contra el gobierno. Por último, los partidos y el Ejecutivo fracasaron en algunos aspectos electorales decisivos, como la definición de las listas de independientes y los escaños reservados para los pueblos originarios. A la larga, todo ello ha significado la conformación de una Convención que tiene una mayoría muy distinta a la que se expresó en noviembre de 2021 para la elección del Congreso Nacional, lo que ha conducido a izquierdizar el proceso constituyente, a radicalizar las normas y a permitir que el legado sea muy distinto a las ideas que la centroderecha promueve.

El segundo legado que Piñera deja es el gobierno a Gabriel Boric. Esta transición desde Chile Vamos a Apruebo Dignidad –coalición del Frente Amplio con el Partido Comunista– es la transformación más radical de la política chilena en los últimos treinta años, comparable quizá al traspaso de mando desde Arturo Alessandri a Pedro Aguirre Cerda o de Eduardo Frei Montalva a Salvador Allende. Se ha destacado mucho el cambio generacional –sin duda importante–, pero también estamos frente a la mayor contradicción ideológica entre dos administraciones, desde la restauración de la democracia en Chile en 1990. Los resultados están por verse, pero en modo alguno son los que anhelaba la candidatura de Piñera en 2017, ni tampoco Chile Vamos al llegar al gobierno. 

Todavía queda por esperar lo que significará la confluencia del gobierno de Boric con la Convención y luego con la nueva constitución, en caso de ser aprobada. Esto aparece más relevante cuando el nuevo ministro Secretario General de la Presidencia –que en enero sostenía que en la Convención había cosas “loquísimas y caricaturizables”– ha señalado que la aprobación de la carta fundamental es una condición básica para el cumplimiento del programa, pues su rechazo llevaría al gobierno de Boric a quedar “sin herramientas para ejecutar nuestro programa” (The Clinic, 9 de marzo de 2022). 

No es solo el gobierno

Un balance del gobierno debe considerar dos factores adicionales, que también son relevantes y que en ocasiones han dificultado e incluso impedido el avance de la agenda gubernativa. El primero considera a la oposición y el segundo se refiere a los partidos de gobierno.

En algunos militantes o dirigentes de la centroderecha no parece haber existido un compromiso doctrinal o político con el gobierno o siquiera con las ideas de la centroderecha, sino más bien parecieron representar orientaciones populistas, un factor clientelar e incluso un interés económico. Un análisis por hacer de la política chilena desde 1990 en adelante nos indica que el gobierno de Sebastián Piñera es el que ha tenido más deserciones y díscolos en el Congreso Nacional, menos respaldo de “sus” parlamentarios, muchos de ellos entregados a la lógica populista y electoral de los retiros. Como contrapartida, el propio Piñera ha abandonado a sus huestes en algunos momentos de su administración, en una fórmula que no puede tener un final feliz.

La oposición, por su parte, derivó en una postura de franca hostilidad hacia el gobierno. Solo en el primer año se pudo observar un cierto ánimo de colaboración, a través de la participación en mesas de trabajo y la búsqueda de acuerdos en algunas materias. Con el estallido de la revolución de octubre la situación cambió, y la oposición profundizó los ataques a los ministros, las acusaciones constitucionales y una postura negativa y extrema contra el gobierno. Muchas veces las izquierdas fueron tolerantes o justificaron la violencia y su ola destructora. Tras el 18 de octubre dirigentes del Partido Comunista plantearon que el presidente Piñera debía dejar el cargo, algunos parlamentarios promovieron acusaciones constitucionales contra el gobernante y su ministro del Interior, que eran votadas con y sin motivos, en una lógica más parlamentarista que presidencialista. Como decíamos, el propio presidente del Senado llegó a plantear el “parlamentarismo de facto”.

Nada de eso logra borrar el problema de fondo: quien tiene más poder tiene más responsabilidades. Un gobierno sin capacidad política, al que se le suman problemas múltiples y graves, con una oposición dura y muchas veces cerrada, representan una mezcla que difícilmente podría tener resultados positivos y de larga duración. No es casualidad, a esta altura, que el discurso final del presidente Sebastián Piñera haya omitido dos ideas que eran el corazón de su mensaje político en 2017, el año de su candidatura y de su sólida victoria: los “tiempos mejores” que anunciaba para Chile y los ocho años gobierno de Chile Vamos. 

Después de un periodo de cuatro años -sin duda de mucho trabajo por parte de la gente que fue parte del Ejecutivo-, no hubo reelección de la centroderecha en La Moneda (de hecho, el candidato del conglomerado obtuvo un pálido cuarto lugar). Los tiempos mejores no volvieron a ser tema, ni de gobierno, ni de balance, ni de legado. Fueron un lema de campaña, ilusión de un futuro mejor que chocó con una crisis múltiple, que seguiremos analizando y pensando durante mucho tiempo.

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