Si bien lo peor del conflicto en Ucrania está aún por ocurrir, prácticamente toda la comunidad internacional ha condenado con firmeza el uso de la fuerza utilizada por el gobierno de Vladimir Putin para obligar a un país vecino (y miembro de Naciones Unidas) a integrarse a su esfera de influencia. 

El argumento racista y pseudo-cultural empleado (los ucranianos son “rusos del suroeste”) recuerda la retórica nazi que justificó la anexión de parte de la ex Checoslovaquia (1938) y la unión con Austria (1939). A partir de estas “anexiones pacíficas” se crearon las bases del “espacio vital” del Tercer Reich. Como sabemos, la incorporación de dichas comunidades germano-parlantes al imperio nazi constituyó el preludio de una guerra de alcance planetario, que no solo arruinó a decenas de países, sino que costó millones de vidas humanas. A partir de sus resultados se gestó la guerra fría, que hasta 1991 dividió a Europa y al mundo en dos bloques antagónicos.

La masiva violación del Derecho Internacional y de los derechos humanos de 40 millones de ucranianos nos está obligando a presenciar un ejercicio de “banalidad” de un tipo que la sociedad moderna creía superada. El concepto medieval de la política de Putin ha demonizado a la democracia occidental (Unión Europea, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá) para así justificar mantenerse indefinidamente en el poder. Esto no solo ilustra que la “banalidad del mal” es parte esencial de la psiquis de un gobernante de rasgos psicopáticos, sino que su imago mundi representa una concreta y gravísima amenaza para la paz mundial.  

El último gesto de esa personalidad psicopática lo constituye la interpretación de sanciones económicas como equivalentes a una amenaza que justifica poner en estado de alerta a las fuerzas nucleares rusas. Putin ya ingresó al bunker de su propia cancillería en el Kremlin.

Ante todo esto, el gobierno chileno no ha tenido opción sino condenar la agresión rusa a Ucrania, ocurrida luego de meses de acumulación de tropas y sistemas de armas en las proximidades de la frontera común; esto es, después del reiterado uso de la amenaza de la fuerza (otro crimen internacional). 

Gabriel Boric ha expresado con firmeza su condena (también lo han hecho otros líderes políticos, incluido el presidente del Partido Republicano), lo cual indica que Chile permanecerá crítico de una guerra mediante la cual un miembro del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas unilateralmente intenta validar la amenaza y el uso de la fuerza militar como herramienta política. “Normalizar” este proceder permaneciendo neutrales solo contribuiría a validar políticamente el uso regular de la fuerza en otras circunstancias y en otras regiones del mundo.

A través de Brasil y México -actuales representantes del grupo Latinoamericano y del Caribe (GRULAC) en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas- nuestra región también ha condenado la agresión rusa. 

En el caso del primero de esos países, la condena ocurre pocas semanas después de una bullada visita de Jair Bolsonaro a Moscú. Dicha visita motivó críticas de diversos sectores, toda vez que se realizó en un contexto en que todo hacía suponer que la invasión de Ucrania comenzaría -como ocurrió- finalizados los juegos olímpicos de invierno en China. 

En el caso de México, el veto de Rusia a una Resolución condenatoria del Consejo de Seguridad le aseguró al gobierno de López Obrador la oportunidad para insistir en su argumento de que el anacrónico veto de las cinco potencias vencedoras de la segunda Guerra Mundial representa una limitante estructural no solo para dicho organismo, sino para la paz y la seguridad internacional.

Al igual que el gobierno del Brasil, el gobierno argentino tampoco tuvo opción más que condenar la invasión de Ucrania. Esto ocurrió pocos días después de que, como su par brasilero, Alberto Fernández visitará Moscú para invitar a Putin a transformar a su país en su “puerta de entrada a América Latina”. Si bien en términos ideológicos esto puede entenderse como un ejercicio de la equidistancia entre Washington y Moscú que históricamente el peronismo ha intentado practicar, en los hechos la “oferta” de Fernández estuvo dirigida a obtener inversiones rusas, pues su país enfrenta graves limitaciones para optar al crédito internacional. Consideradas las masivas sanciones occidentales contra las empresas, los oligarcas, los bancos, el transporte y el comercio rusos, ese propósito se ve -al menos por ahora- mucho más que difícil. 

El escenario político global ha convertido las visitas de los presidentes de Argentina y Brasil a Moscú en ejercicios totalmente fútiles. Es sobre todo el caso de la visita de Bolsonaro, quien, además, no tiene asegurada su reelección en los comicios de octubre próximo. Para entonces, lo más seguro es que las sanciones y el bloqueo occidental sobre Rusia sigan en pie, y el horror de la guerra en Ucrania le pasen la cuenta.

La nota totalmente disonante la han puesto -como era previsible- los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, todas pequeñas dictaduras enquistadas por décadas en el poder que, como el régimen de Putin, han normalizado las restricciones a las libertades individuales. No es descartable que, en la coyuntura, esos países -víctimas de sus propias crisis estructurales- aspiren al dinero fácil de los oligarcas que sostienen el régimen de ruso. Nicolás Maduro incluso se permitió llamar a Putin para “felicitarlo” por su victoria en Ucrania. Fuera de esas tres autocracias subdesarrolladas, y además de Irán (una teocracia) y Bielorrusia (un gobierno títere), Putin se ha quedado sin aliados en el planeta. 

Sobre el punto baste anotar que, en el Consejo de Seguridad, China y la India solo se abstuvieron, dejando entrever que, si bien expresamente no condenan la invasión de Ucrania, tampoco parecen dispuestas a avalar una aberración política que solo la personalidad de Putin puede explicar. Vale la pena mencionar el ensayo “Vladimir Putin en la cima de una pirámide de poder que se desploma” del intelectual ruso exiliado en Alemania Vladimir Sorokin, publicado esta semana en distintos medios europeos. En él explica cómo la autocracia de Putin no es sino la continuación de una manera “medieval” de hacer política iniciada en el siglo XVI con “Iván el Terrible”, un psicópata genocida para el cual no existían adversarios, sino solo enemigos y traidores. 

Estas últimas son las categorías a las que Putin -según Sorokin, un funcionario “criado en la teta de la KGB”- reduce a cualquier persona o país que no esté de acuerdo con sus objetivos. Para Putin, como para “El Príncipe” de Maquiavelo, es “mejor ser temido que amado”, para lo cual siempre está disponible una adecuada cuota de crueldad. La viralizada reprensión a su jefe de servicios de espionaje ilustra con claridad este aspecto de la personalidad del presidente ruso.

Para el gobierno que asumirá el próximo 11 de marzo, la condena transversal que en nuestra sociedad ha causado la vulneración de la integridad territorial de Ucrania (y sus consecuencias para millones de sus ciudadanos), ofrece un “piso” para un diálogo con la futura oposición en una materia -los derechos humanos- que se entiende será uno de los pilares de la administración Boric. Desde este ángulo la canciller designada -una especialista en la materia- debería aprovechar ese “piso” para fortalecer cualquier acción que, en este ámbito, interna o internacionalmente, el próximo gobierno decida impulsar. 

Inesperadamente, una materia en la que las interpretaciones dividen a las fuerzas políticas chilenas nos ofrece la oportunidad para -con amistad cívica- converger hacia consensos que reflejen el sentir de una opinión pública horrorizada por la gravedad de un conflicto que, todo indica, está inaugurando una nueva etapa en la historia del mundo. 

Desde un punto de vista muy egoísta, esta es quizás la única consecuencia positiva de un conflicto en el que lo peor está aún por venir.

*Jorge Guzmán es profesor de la Universidad Autónoma

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