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Publicado el 14 octubre, 2020

Enrique García: Incongruencias frente al proceso constituyente

Abogado Enrique García

Si ya muchas personas sienten temor de participar ante la posibilidad de contagiarse, hay otro grupo de la población que siente temor de la violencia en torno al plebiscito.

Enrique García Abogado
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A todos los argumentos que han entregado connotadas figuras públicas de distintas sensibilidades respecto a la inconveniencia de iniciar un proceso constituyente, que tiene como fuente de origen la violencia insurreccional que se viene organizando en Chile desde el 18 de octubre pasado, hay otros factores menos discutidos que es importante abordar para dar cuenta de las incongruencias que marcan precisamente este proceso.

Uno de los principales es esa obstinación de las fuerzas políticas de oposición, algunas del oficialismo y hasta el propio gobierno, de realizar el plebiscito a todo evento, desconociendo el complejo escenario sanitario que vive el país debido a la persistencia de la pandemia.

Contra todo sentido común, un número importante de dirigentes y autoridades está empeñado en desconocer las dificultades de realizar un plebiscito en las actuales condiciones, cuando hay regiones del país que continúan confinadas por el incremento de contagios por Coronavirus, siendo el emblema de aquello la zona de Magallanes, que estaría registrando un segundo brote de la enfermedad.

Esta situación no se puede soslayar, porque puede tener un efecto directo en la participación en el referéndum, que en caso de ser muy baja, por temor de las personas a contagiarse si acuden a las urnas, podría afectar de manera grave la legitimidad del proceso electoral, donde se decide un asunto de la mayor relevancia para Chile.

Un anticipo de lo que podría significar esa baja participación es el hecho de que un 30% de las personas que fueron designadas vocal de mesa para el plebiscito en el primer llamado realizado por el Servel, se excusó, cuando en la última elección presidencial ese porcentaje llegó al 10%, pero incluidos aquellos que no llegaron a constituir sus respectivas mesas. No hay que ser pitonisos para advertir que si un 30% no quiere ser vocal de mesa, habrá un número importante de personas que no llegará el día de la votación a cumplir esa labor, lo que puede significar un problema grave para constituir las mesas. Participación que será especialmente baja en el segmento de adultos mayores, que no participará del proceso por el alto riesgo que tiene para ellos contagiarse.

Pero nada de esto parece importarle al gobierno y las fuerzas políticas que quieren realizar el proceso a como dé lugar; algunos porque les molesta que se suspenda por segunda vez, y otros por temor a que aumente la violencia.

Y aquí viene la segunda incongruencia. Porque si ya muchas personas sienten temor de participar ante la posibilidad de contagiarse, hay otro grupo de la población que siente temor de la violencia en torno al plebiscito. Violencia que venimos observando estos días, especialmente en la Región Metropolitana, demostrando que sólo se detuvo por la irrupción de la pandemia, pero que vuelve a las calles pese a que se mantiene el estado de emergencia.

Aquí hay muchos ingenuos, particularmente en el oficialismo, que piensan que si se suspende por segunda vez el plebiscito, o que si gana el Rechazo, recrudecerá la violencia, y que la única forma de detener a sus instigadores es realizar el referéndum y que triunfe el Apruebo. Lo que no quieren entender es que la violencia no se detendrá aunque ocurran ambas cosas (haya plebiscito y gane el Apruebo), porque el objetivo de los violentistas no es hacer cambios mediante la vía institucional, sino que es echar abajo el sistema político e institucional, que como hemos visto se encuentra muy debilitado para enfrentar la actual crisis con capacidad resolutiva.

Esos mismos ingenuos no entienden que para mantener y controlar el orden público, lo que cabe hacer es que el Estado haga uso de la potestad exclusiva que le otorga la Constitución para el uso legítimo de la fuerza en materia de seguridad y control del orden público. Cuestión que lamentablemente este gobierno ha desestimado reiteradamente, con las lamentables consecuencias que podemos observar en la macrozona sur del país, o en puntos como Plaza Baquedano, cuyos habitantes han sido groseramente abandonados por el gobierno y los políticos en general.

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