La sostenida caída de apoyo ciudadano que viene experimentando la Convención Constituyente desde que inició sus labores hace cuatro meses -reflejado con nitidez en distintos sondeos de opinión- ha abierto un intenso debate respecto de las razones que han motivado esta pérdida de legitimidad de la instancia.

Si nos atenemos a hechos objetivos, este progresivo desprestigio tiene su origen en una serie de situaciones que se vienen registrando al interior del órgano constituyente, muchas de ellas impulsadas por la propia mesa directiva de la Convención y por gran parte de los representantes de la izquierda radical que integran la entidad encargada de redactar una propuesta para una nueva Constitución.

La principal, es que quienes controlan la Convención, agrupados en distintas colectividades de izquierda, desde el primer momento han irrespetado y transgredido las normas que hicieron posible el proceso constituyente, que mediante un plebiscito determinó la creación de esta instancia. En una prolongación de “saltarse los torniquetes del Metro”, que derivó en el estallido de violencia de octubre de 2019; esta mayoría circunstancial ha optado por saltarse también las reglas de funcionamiento establecidas para la Convención, y definir las propias.

Este sólo acto ha levantado la inquietud y sospecha de muchos chilenos respecto del proceso y sus resultados, ya que el eslogan la “casa de todos” (refiriéndose a una nueva Constitución) que enarboló esa izquierda radical para lograr el triunfo en el plebiscito de octubre de 2020, al poco andar ha quedado desvanecido por el modo autoritario con la que la mesa directiva y una parte significativa de la Convención están definiendo las reglas y el funcionamiento de esta.

Hasta ahora, la Convención ha actuado más bien como una asamblea constituyente (anhelo de esa izquierda radical), y no como un órgano deliberante que busca alcanzar acuerdos sobre la base del diálogo. Hasta aquí, la imposición es lo que ha primado, sin que exista el más mínimo interés de esos sectores radicales por lograr posturas de consenso.

A esta cancelación de quienes piensan distinto, se suma otro factor igual de grave: que esa misma izquierda radical no sólo busca implantar un nuevo régimen político, social y económico, sino que pretende hacerlo desconociendo la historia de nuestro país, de nuestros antepasados, de nuestros héroes y emblemas patrios, destruyendo así el alma nacional.

Lo anterior es una pretensión tan grandilocuente como inconducente, porque redactando una nueva Constitución no se logrará extirpar aquello que está enraizado en nuestras conciencias, costumbres y prácticas, por más que la izquierda radical considere que ha triunfado culturalmente.

Si a ello sumamos otras chapucerías que condimentan este desprestigio autoinfligido, como pasearse con corpóreos por el hemiciclo de la Convención, realizar una tocata guitarreada, como si se tratara de una fogata playera, y no el espacio donde se trazará el camino que adopte Chile hacia adelante, y muchas otras actitudes propias del infantilismo revolucionario, está claro que el desprestigio de la Convención ante los ojos de la ciudadanía no se debe a una operación orquestada desde sectores de derecha, como acusan en la izquierda radical, sino a la evidencia de que estamos frente a un proceso alejado del espíritu cívico y democrático que la mayoría de los chilenos esperábamos que se diera en una instancia que es fundamental para esta y las nuevas generaciones.

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