Dos de las prácticas más arraigadas en la vida jurídica chilena son las que han seguido los integrantes del Consejo Constitucional al presentar las enmiendas al anteproyecto de Constitución que elaboró la Comisión Experta.

Presentaron las enmiendas el último día que tenían para hacerlo y pocas horas antes que venciera el plazo para entregarlas. Y su número, centenares y quizá más de mil, son de la más variada naturaleza. Las hay supresivas, aditivas o sustitutivas de una disposición constitucional, pero en ocasiones la enmienda tiene por objeto una frase o alguna palabra. En una visión general es un conjunto minucioso, cuya lectura y comparación con el texto de los expertos exige horas de lectura detenida para apreciar su significado.

Son cuatro los documentos presentados que contienen las enmiendas. Uno, del Partido Republicano, otro de la UDI, el tercero de Renovación Nacional y Evópoli, y el último de los consejeros oficialistas. Y a esas enmiendas hay que agregar las treinta y una iniciativas particulares de normas que reunieron el número de firmas requerido para ser discutidas en el Consejo Constitucional. La labor del Consejo será ardua.

Una visión rápida de las enmiendas presentadas no sorprende. Como se esperaba, muestran los planteamientos constitucionales de los distintos partidos que tienen presencia en el Consejo Constitucional. Las hay de las más variadas materias, sea que afecten a los principios constitucionales básicos, a los derechos humanos, o a los capítulos en que el anteproyecto regula la competencia y atribuciones de los diversos órganos de rango constitucional. Incluso se propone la creación de algún órgano nuevo.

No me es posible analizar el contenido de las enmiendas, por lo que haré en este comentario sólo algunas consideraciones generales sobre la técnica utilizada en su redacción, y la idea constitucional que ellas reflejan.

Muchas de las enmiendas son minuciosas, las cuales, de aprobarse reforzarán el carácter detallista de la Constitución que se discute y que ya aparece en la propuesta de la Comisión Experta. Vamos camino de tener una Carta Fundamental extensa, con normas impropias muchas de ellas de un texto constitucional y cuyo lugar sería más bien el de una ley, e incluso en algún caso, el de un reglamento.

Las consecuencias de esta técnica de redacción de una Constitución son predecibles. Suscitará innumerables discusiones acerca del cumplimiento por el legislador de las numerosas exigencias de rango constitucional impuestas para las diversas leyes, y por otra parte, conducirá a un continuo reformar la Constitución para cambiar esa regulación minuciosa y sustituirla, quizá, por otras normas no menos detalladas.

Llama la atención, asimismo, en las enmiendas presentadas, la confianza que vuelve a tenerse en la eficacia de la normativa constitucional para solucionar problemas graves, cuales son, entre otros, la proliferación de partidos políticos, la corrupción y la delincuencia.

Se espera mucho de la Constitución, y lo que es peor, se espera lo que ella no puede proporcionar. La que algunos llaman ingeniería constitucional y que procura por medio de disposiciones y mecanismos resultados tangibles, como es, por ejemplo, la reducción de la fragmentación política, no se logrará sólo reduciendo el tamaño de los distritos electorales o exigiendo umbrales mínimos de apoyo ciudadano para cada partido, y aunque tuviera un efecto significativo, nada garantiza que los partidos que subsistan no lo sean fuertemente ideologizados, como ocurrió en Chile en los años anteriores a 1973.

Asimismo, que haya en la Carta Fundamental un Ministerio de Seguridad Pública, una Agencia Anticorrupción o se de rango constitucional a Gendarmería, por ese solo hecho poco se avanzará en la lucha contra el crimen. Más decisivo es la integración y funcionamiento de los órganos que ya existen, que es lo que ocurre con las policías, los fiscales del Ministerio Público y los tribunales del crimen.

Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de los Andes

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