La defensora de la Niñez le echa la culpa a la pandemia, que hizo suspender las clases presenciales, y al mal ejemplo de los adultos.

La alcaldesa de Santiago, cada vez que hay incidentes con algún alumno de liceo emblemático de esa comuna, empatiza con la rabia de los agresores y culpa a la anterior administración municipal y presidencial por el abandono de la educación pública. Y por supuesto, aunque le cuesta porque no es su reacción inicial, termina condenado la violencia.

Pero, ¿de tomar medidas? ¡Nada! No desaloja las tomas, no se le ha oído señalar que aplicará el Manual de Convivencia o la Ley de Aula Segura contra los overoles blancos o los estudiantes que salen de sus colegios en excursiones de incendio para luego buscar refugio en ellos. Es que quizás la alcaldesa comunista no considera suficientemente grave que alumnos se tomen los liceos, produzcan bombas molotovincendios en su interior (dos veces este mes en el Instituto Nacional) o que intercepten buses del transporte público, obliguen a descender a sus ocupantes con violencia y los hagan arder (alumno del Liceo de Aplicación detenido por este hecho el lunes y ninguno por el incendio de otro bus, poco después, también en la Alameda). Ya van más de 30 buses del transporte público quemados este año.

¿Se pueden justificar estas protestas por el deterioro de la infraestructura en los liceos o la pandemia? Se trata de delitos, de violencia, de agresiones a los profesores, de murales pintados en los establecimientos con tipos disparando, de estudiantes anarcos, según muchos análisis. Grupitos fanáticos que clausuran las clases para 3 mil alumnos del Instituto Nacional. Son unos pocos, pero tienen el poder de hacer a la mayoría rehén de la violencia y de adultos pertenecientes a grupos extremistas que moverían los hilos como apoderados de padres silentes. 

Esto no comenzó ni se justifica con la pandemia, como quieren algunos disculpar. El ex alcalde Pablo Zalaquett, de la UDI, tuvo que vérselas con las tomas cuando la concejala Carolina Tohá las apoyaba, igual como lo hizo Irasí Hassler como concejala del alcalde Felipe Alessandri. Siempre el argumento es el mismo: no criminalizar la protesta.

Pero a Tohá se le salió de madre su tolerancia y le devolvieron los liceos tomados destruidos y a Hassler le ocurrirá algo parecido. Con sus señales, la situación de tomas, movilizaciones y violencia sólo puede empeorar. Únicamente propone diálogo, desechando las políticas que antes siguió Alessandri para enfrentar esta rebeldía delictual, y que la alcaldesa Hassler combatió hasta amarrándose a las rejas del municipio. Atrás quedaron las políticas “colegio tomado, colegio desalojado”, “el que rompe paga” o la Ley del Aula Segura que empujó el alcalde para tener instrumentos para poner coto al desmadre en los liceos públicos. Alessandri incluso obtuvo un fallo de la Corte Suprema estableciendo la obligación de los sostenedores de asegurar el servicio educativo, que respalda la acción de la autoridad, pero, ¡nada!

Es bárbaro lo que la izquierda progre y comunista ha hecho con muchos (porque no son todos) liceos emblemáticos. Pasaron de símbolos de la movilidad social, la integración y la excelencia académica a ser sinónimos del paro, la anomia y la violencia. Sin normas, sin rumbo, sin destino. Su desmantelamiento fue de la mano de autoridades que se atribuyeron el derecho a sacrificar la excelencia en el altar de la “inclusión” socioeconómica.  Combatiendo la selección (calificada de “descreme”) y el “mérito” (no reconocido como tal), le dieron un portazo a las familias que empujaban a sus hijos a salir adelante conquistando la excelencia académica para quizás llegar a dirigir el país, como lo hicieron antes 18 Presidentes de la República que pasaron por las aulas del Instituto Nacional.

Esa historia de excelencia, desde su creación en 1813, debiera apelar a la responsabilidad de las autoridades que utilizan la dialéctica para destruir lo que ellas no edificaron. Desde 2020 que este liceo emblemático salió del ranking de los cien colegios con mejor rendimiento en la prueba de admisión universitaria. Este año logró el puesto 132 y rankeó solo 3 puntajes nacionales (en 2020 fueron 230). En 2021 se quedó con 300 matrículas vacías. El año pasado logró por primera vez en 3 años llenar todos los cupos.  Probablemente se debió al ingreso de las mujeres por primera vez. Porque el declive terminal también es evidente para los padres que buscan lo mejor para sus hijos. 

Las chapucerías desde el Estado no son gratis y siempre las terminan pagando los más vulnerables, que son los mismos en cuyo nombre improvisa y destruyen los logros.

*Pilar Molina es periodista.

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