Era de esperar que los representantes de las formaciones políticas condenasen la agresión cometida al presidente de Chile cuando una mujer vació una botella de agua sobre su cabeza al grito de “el peor”, en la conmemoración de los dos años del primer caso de Covid en el país -aunque hubo también silencio de muchos sectores del nuevo gobierno, incluido el próximo mandatario. Esas condenas no deberían llevar a nadie a olvidar, sin embargo, la comprensión, cuando no justificación, que muchos brindan a la violencia cuando se reivindica como revolucionaria y antifascista. 

No se trata de una reivindicación teórica que algunos políticos todavía hacen en Chile de autores como Marx o Engels, abiertos defensores de la violencia como medio de conseguir sus objetivos. Tampoco de la apología que formaciones como el PCC o el PCR hacen de los regímenes venezolano y cubano que se sustentan en la violencia. Se trata de una forma de hacer política que considera legítimo generar violencia para imponer la propia visión del mundo a la sociedad mediante la coerción institucionalizada. Dicen estar bajo amenaza y usan la fuerza del estado para coaccionar conductas. Y redefinen palabras para obligar a comportamientos.

Cuando en el 2019 ardió Chile, buena parte de la oferta política decidió justificar los graves disturbios como una protesta legítima. La desigualdad, decían, era el motivo por el que la violencia sería comprensible y justificable. De nada sirvió mostrar que el país era abiertamente menos desigual por la gran movilidad social que se había registrado, especialmente en los deciles más pobres, y que el mundo hablara del milagro chileno por ser el país más seguro y próspero de la región. El neoterrorismo subvencionado que defendía a las clases oprimidas se encargó de destrozar los medios de transporte de esas clases, sus templos, saquear sus comercios y romper su tranquilidad. El monopolio de la fuerza que los ciudadanos ceden al estado, y que es la razón de su existencia, no estuvo a la altura de la afrenta y lograron el premio a la delincuencia, al atropello y a la astucia de aplicar un método que consiste en despreciar todo principio democrático. 

Desde hace años, también, otra faceta del activismo más violento se desarrolla en la Araucanía con la Coordinadora Arauco-Malleco y otras organizaciones terroristas que se la pasan asolando la región: perpetran atentados en hidroeléctricas, usurpan tierras, cortan rutas, secuestran, roban ganado y cometen asesinatos y torturas. El descubrimiento de América como el epítome del mal sería la justificación que avala tal violencia y que incluso habilita la franca ausencia del estado. Se trata de un relato infantil que pasa por alto que los grandes imperios precolombinos eran salvajes conquistadores en los que el desarrollo humano no superaba la ley del más fuerte, y el derecho absoluto del vencedor sobre el vencido; en donde la esclavitud era una institución aceptada, y las mujeres y los niños eran objeto de intercambio y sacrificio. 

Imposible no referirse, cuando de violencia se trata, al tema del momento. Por años la izquierda del mundo se la pasó desfilando por foros internacionales dando la murga para que Occidente eliminara el gasto militar, pero haciendo la vista gorda cuando se trataba de las bombas nucleares de los rusos o de las dictaduras comunistas. Ahora que se cayó el chiringuito, Cuba, Nicaragua, Venezuela y el líder boliviano Evo Morales respaldaron la invasión de Rusia a Ucrania como una supuesta reacción contra el antiimperialismo. Los mecanismos para defender a Putin se perciben en múltiples giros. El más llamativo es la caracterización como “neonazis” a los ucranianos. Tamaña canallada: calificar como nazis a familias bombardeadas que no le hicieron el mal a nadie. Otro de los giros consiste en dar por hecho la existencia de un genocidio en la zona oriental de Ucrania, en explicar la invasión como consecuencia lineal del avance de la OTAN hacia el Este, o en calificar como un golpe de Estado la caída del último gobierno proruso de Ucrania en 2014. Son recursos propagandísticos típicos de la izquierda para justificar una matanza. Pese a los avances de la OTAN, Rusia nunca fue agredida desde la Segunda Guerra Mundial. En cambio, participó de guerras o invasiones en Crimea, Georgia, Siria, Chechenia y Ucrania. Y en 2014 no hubo un golpe en Ucrania sino una rebelión popular que fue reprimida brutalmente.

Y es que en el exitoso trajín de rediseñar cosas, la izquierda ha logrado rediseñar el sentido de muchos términos políticos, empezando por la violencia. Ese aval para su ejercicio cuando el mundo no es como la izquierda pretende que sea es, en parte, consecuencia del fin de la igualdad ante la ley, del abandono del principio de la división de poderes frente a una justicia que es una velada caja de resonancia de la izquierda, del desajuste de la delicada maquinaria llamada democracia liberal y de la degradación consensuada de todos sus principios, arrodillados ante un mecanismo de extorsión que brinda mayores beneficios.  

Pero la banalización y relativización del concepto de violencia es un ejercicio peligroso. Porque cuando se empieza a equiparar la violencia de quien mata o roba con la “violencia estructural o violencia social”, no puede identificarse a nadie que la ejerza: el responsable sería el sistema o algún grupo. El argumento acaba reducido a una tautología: violencia es todo y responsables somos todos. Así, el criterio de definición pasa a ser relativo y, en consecuencia, manipulable políticamente. La trampa de establecer todo como una cuestión social trae aparejada, además, una ruptura de la responsabilidad individual por los propios actos, lo que sirve para estigmatizar y también para atizar odios porque deja al antojo del manipulador las responsabilidades, de suerte que un grupo puede ser culpable de violencia aunque no haya cometido ningún acto delictivo. 

Y para muestra nada mejor que lo que acaba de ocurrir en la Argentina. A plena luz del día, a la vista y en grupo de seis, se violó a una mujer de veinte años. Su difusión señaló como culpables a personas militantes de la “perspectiva de género”. La paradoja evidente de la circunstancia hizo que la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad tuviera que salir a defender dicha doctrina. Dijo: “Es tu hermano, tu vecino, tu papá, tu hijo, tu amigo, tu compañero de trabajo. No es una bestia, no es un animal, no es una manada ni sus instintos son irrefrenables. Ninguno de los hechos que nos horrorizan son aislados. Todos y cada uno responden a la misma matriz cultural”. Esto significa, por un lado, que la violación sería parte de pulsiones masculinas inherentes a su crianza machista y no una responsabilidad individual. Pero además, si violar es un delito y para la ministra “es la forma de ser de los varones que se aprende desde niño”, entonces ser varón es ser delincuente. 

Toda esta violencia creciente expone también otro descontrol progresivo: este dejar en manos de las turbas el monopolio de la violencia mientras los ciudadanos tienen que contemplar callados y sufrir con resignación esta apropiación de su paz y su libertad. Porque cuando se habla de control y de orden, la política entra en pánico y recurre a la agenda social. No hay ninguna excusa posible ni malestar social que justifique la violencia. El orden es básicamente cuidar a aquellos más frágiles y débiles, y la violencia se aplaca con orden. La agenda social no es para eso.

¿Es nuestro destino vivir en una sociedad sin reglas, sin ley y sin certezas? ¿Zonas enteras padecerán violencia y barbarie? ¿Qué viabilidad puede tener un país así? ¿Se puede justificar la violencia achacándola a la cuestión social? Sólo las tragedias recuerdan, cada tanto, que así la cosa funciona mal. Y que nunca en la historia de la humanidad los débiles han salido beneficiados del caos y de la arbitrariedad. 

*Eleonora Urrutia es abogada y máster en Economía y Ciencias Políticas.

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