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Publicado el 06 de diciembre, 2019

Eleonora Urrutia: Violencia y derechos humanos

Hay quienes confunden la libertad de protestar con la impunidad para destruir propiedades ajenas y atacar físicamente a otras personas o a las mismas autoridades; así, cuando éstas les aplican sanciones gritan que se violaron sus derechos humanos. Pero no existe un derecho humano a agredir en la calle, aunque sí a manifestarse pacíficamente y respetando al que piensa distinto.

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Asistimos a una paradoja. En nombre de unos “Derechos Humanos” que fueron escritos por una asamblea política después de la II Guerra Mundial para evitar los crímenes de guerra que los mismos políticos producen, se están hoy vulnerando los derechos naturales que evolucionaron con la civilización, cuyo titular es el hombre por el mero hecho de haber nacido y que, por lo mismo, son previos a la existencia del estado. En ese nombre, individuos con una vida de trabajo y sacrificios están perdiendo sus ahorros, su libertad y poniendo en riesgo su vida, sin que las fuerzas de seguridad puedan impedir la agresión y sancionar a los violentos.

El derecho a no ser sometido a torturas, penas o tratos crueles, degradantes o infamantes establecida en la Declaración Universal (DUDH) fue pensado para evitar estas conductas de parte de los estados totalitarios cuyos regímenes amenazaban arrasar con los derechos del individuo, pero no fue ideada para impedir que un gobierno democrático imponga las normas de seguridad y orden público mínimas para funcionar, las que asume como sucedáneo del derecho que le asiste a cada individuo en la defensa de su vida, libertad o propiedad.

Lamentablemente aquel acuerdo nunca pudo ser aplicado a la Unión Soviética, que impartió los crímenes más atroces a decenas de millones de personas, y en cambio fue mutando hacia la idea de reconocer estos derechos a los miembros de bandas armadas que caen en manos de la Policía aunque aún no se sabe, sin embargo, de ningún caso en que se les hayan reconocido a la víctima de secuestro o asesinato a mano de esas bandas esos mismos derechos. Para esta visión impuesta y defendida por porciones minoritarias pero violentas de la sociedad, no cuentan los derechos humanos de las víctimas, sino los de los presuntos victimarios, y un régimen será sanguinario o decente según rechace o asuma ese criterio. No tiene por sanguinarios, sino por humanitarios, a los regímenes en los que se da vía libre a la delincuencia, y en cambio condena inapelablemente a los regímenes que tienen el atrevimiento de dar su merecido a los delincuentes.

No es casual que esta concepción mutada de derechos humanos sea hoy defendida principalmente por marxistas de corazón como Michelle Bachelet -que no ha condenado las dictaduras de Cuba o Nicaragua y sólo muy presionada se expidió sobre el régimen de Nicolás Maduro- o éste mismo quien en octubre pasado se aseguró un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Hoy, una sola mención de la izquierda y sus seguidores a los “derechos humanos” y el mundo se paraliza. Teniendo casi siempre las riendas de la cultura en sus manos, la izquierda ejerce, no sólo sobre la derecha sino sobre todo aquel que no piense igual que ella, un dominio rayano en la tiranía. Ha sembrado el terror, ha paralizado y penalizado el pensamiento llevándolo a una sola dirección, la de sus propios intereses  -que la mayoría de las veces tiene que ver con la corrupción y la manipulación indecentes, disfrazadas de moralismo ideológico. Esa izquierda mató la discusión de ideas para implantar una ideología afín a ella, en múltiples casos mantenida, sostenida e impulsada por la alta tecnología.

Y sin embargo, la realidad objetiva que produce la izquierda es universalmente conocida: genocidios, hambrunas terribles –muchas veces provocadas ex profeso–, ejecuciones sumarias y dictaduras feroces. Cuando finalmente cae el velo que cubre tanto oprobio las personas que no estuvieron sometidas a estos regímenes –sus víctimas los condenan indefectible y terminalmente- se horrorizan y se indignan. Y no logran comprender cómo es posible que esos líderes de izquierda hayan sido inmensamente populares en sus respectivas épocas siempre entre personas no sujetas a sus designios. Lo preocupante es que la gente no termina de vislumbrar los mecanismos que conducen a tales tragedias humanas. Y mientras perdure esa ignorancia se producirán horrores similares.

¿Qué derechos?

El respeto a los derechos humanos es fundamental para el progreso y la convivencia, pero, rectamente entendidos, los derechos humanos son una forma de llamar a los anteriormente denominados derechos naturales, los que tiene la persona humana desde que nace por el hecho de ser tal. El derecho a la vida, el derecho a la propiedad y el derecho a la libertad. Es por ello que las sociedades modernas condenan el asesinato, violación al derecho a la vida; el robo, violación al derecho de propiedad y el obligar a profesar una religión o realizar un trabajo en contra de su voluntad a cualquier ciudadano, pues violan el derecho a la libertad de elegir.

De esos derechos naturales o humanos se derivan otros, como la libertad de prensa y de creencias. Las sociedades que evolucionaron y fueron exitosas sacando de la pobreza a cientos de millones de personas y haciéndolas más iguales fueron las capaces de validar estos derechos individuales o naturales. Los países que los respetaron alcanzaron mayores grados de libertad y dignidad para sus ciudadanos y un mayor crecimiento económico como corolario. En cambio en los totalitarismos, donde se pisotearon los derechos de los ciudadanos, tuvo lugar un pobre desarrollo durante el siglo XX plagado de miserias de diverso tipo, y la historia se vuelve a repetir en la actualidad donde quiera que los dictadores de izquierda gobiernen.

Esta película de atinos y desatinos no es arbitraria ni fue producto del azar. Los derechos individuales son anteriores y superiores a la existencia de los gobiernos porque proceden de las propiedades y las características de la condición humana, que requieren de facultades para usar y disponer de lo propio a fin de seguir sus proyectos personales de vida. En el derecho natural, la propiedad privada desempeña un papel de primera importancia comenzando con el derecho al propio cuerpo y al pensamiento para continuar con el derecho a lo adquirido de modo legítimo, es decir, sin lesionar derechos de terceros. Este es el sentido por el que desde tiempo inmemorial -tal vez desde Antígona de Sófocles- se viene aludiendo explícita o implícitamente a los derechos “inalienables”, es decir, no sujetos a la invasión por parte de otros y, como decimos, naturales en el sentido de indispensables para que cada uno pueda realizarse como persona actualizando sus potencialidades. Porque el respeto a los derechos naturales no solo significa acatar normas morales de convivencia y cooperación social sino que permite la producción máxima de riqueza que se trasmite en cada transacción libre a través de contratos voluntariamente pactados y hace que los no participantes se beneficien con ingresos más elevados debido a crecientes tasas de capitalización. Esa es la razón central del progreso material, que se deriva necesariamente del progreso moral. Esa es la diferencia entre un país “desarrollado” y uno “subdesarrollado”.

Así las cosas, desde la Carta Magna de 1215 en adelante, toda sociedad que logró prosperar se sustentó en la protección de esos derechos frente a la invasión de terceros pero muy especialmente frente a la invasión del aparato estatal, sea un rey, el emperador o el parlamento. Ese derecho se consideró el requisito previo para todo lo demás a que pudiera aspirar el ser humano. Las constituciones estaban dirigidas a evitar estos abusos y atropellos porque de no hacerlo provocan la autodefensa, el surgimiento del instinto más básico del hombre para protegerse y proteger a su familia y cosas de la agresión de terceros, situación justificada incluso por Santo Tomás.

Es por ello que dentro de esta concepción evolutiva y natural de los derechos, la policía o cuerpo de seguridad de que se trate puede actuar con los límites que una sociedad establezca y sin que ningún otro país o juez extranjero pueda dudar de su legitimidad. Está en la facultad de cada sociedad en un tiempo determinado, establecer las reglas y normas bajo las cuales van a guiarse sus miembros, y nadie ajeno puede imponer su visión u opinión. Es la razón por la que las sociedades se mueven en un péndulo entre violencia y seguridad, buscando el mejor equilibrio.

Resultados de alterar los derechos humanos

En primer lugar, se logra paralizar a la sociedad en la defensa de los derechos que la han convertido en tal y dejarla expuesta frente a la violencia. En efecto, en las últimas décadas han proliferado organizaciones y grupos que protegen a delincuentes y activistas dedicados a subvertir el orden público. Hay quienes confunden la libertad de protestar con la impunidad para destruir propiedades ajenas y atacar físicamente a otras personas o a las mismas autoridades; así, cuando éstas les aplican sanciones gritan que se violaron sus derechos humanos. Pero no existe un derecho humano a agredir en la calle, aunque sí a manifestarse pacíficamente y respetando al que piensa distinto. Esos provocadores profesionales encuentran eco en muchos grupos que se jactan de ser defensores de esos derechos, pero que más bien tienden a desprestigiar la verdadera necesidad de defender y garantizar los derechos fundamentales. Y esto no porque sea un capricho ideológico, sino porque es el orden surgido a lo largo del tiempo tras pruebas y errores, guste o no a los relativistas que confunden sus criterios subjetivos –perfectamente válidos- con la objetividad de las cosas.

Con su prédica de años, la izquierda y más genéricamente el populismo han logrado además hacer sentir a un grupo importante de la sociedad que estos derechos arbitrariamente modificados están siendo injustamente vulnerados provocando la inevitable, aunque no justificada, violencia. En cualquier país del mundo en que haya un número de personas suficientemente convencidas de que su necesidad es una obligación que otros tienen que satisfacer, la violencia es la consecuencia inevitable. Como decía el escritor y periodista británico Gilbert K. Charleston, “para corromper a un individuo basta enseñarle llamar ‘derechos’ a sus anhelos personales y ‘abusos’ a los derechos de los demás”.

Impide, finalmente, que las legítimas protestas o expresiones minoritarias – recordemos que las mayoritarias se dirimen en las urnas– puedan canalizarse coherente y civilizadamente para que sean dignamente atendidas, y los reclamos de estas minorías encuentren un cauce democrático sin provocar grietas ni afectar brutalmente los derechos de los demás provocando caos.

El resultado práctico que buscan es destruir la democracia para tomar el poder y pisotear todos los derechos a manos de la cúpula. Pero recordemos que la democracia fue construida como un edificio que dé cimiento al Estado de Derecho, para ser más precisos a la santidad de la libertad individual y la seguridad del derecho de la propiedad privada como única protección del hombre corriente frente a los atropellos de otros individuos, especialmente  los procedentes del poder político. Si ella falla, el poder de unos pocos se lleva puesto todo.

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