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Publicado el 14 de diciembre, 2018

Eleonora Urrutia: Un golpe mortal a la tiranía administrativa 

La Constitución de los Estados Unidos sea posiblemente el documento más efectivo y poderoso que se haya escrito para restringir la tiranía y preservar la libertad.
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El pasado 10 de diciembre la Corte Suprema de los Estados Unidos hizo titulares, pero con el caso equivocado. El Tribunal se negó a conocer en Gee v. Planned Parenthood of Gulf Coast, que hubiera decidido si un beneficiario de Medicaid puede demandar a los estados en un tribunal federal por restringir o eliminar proveedores de sus programas de salud.

 

El caso llegó a las primeras planas porque la pregunta es relevante para la financiación de Planned Parenthood, organización sin fines de lucro que provee servicios de salud sexual reproductiva, abortos y planificación familiar. Muchos estados excluyeron de la lista de proveedores a esta organización a partir de informes acerca de la recolección ilegal de órganos fetales y de facturación fraudulenta, basados en que la ley les permite excluir a proveedores de Medicaid en tanto haya causa autorizada por una ley.

 

En el caso rechazado se jugaban cuestiones básicas del federalismo y la separación de poderes: si los tribunales federales pueden obligar a los estados a reincorporar a los proveedores de Medicaid, las ramas políticas de la administración se vuelven subordinadas al Poder Judicial y se abroga la relación entre el estado y el gobierno federal. El caso fue rechazado 6 a 3.

 

Auer y Bowles son los dos casos de la Corte Suprema que “obligan a los tribunales a respetar la interpretación razonable de la propia regulación ambigua de una agencia federal”.

 

El juez Thomas no escatimó reproches en su disidencia firmada con Alito y Gorsuch y acusó a sus colegas de “abdicar” de sus deberes judiciales, quizás para evitar tomar una decisión sobre un caso relacionado con el aborto. “¿Qué explica la negativa de la Corte a hacer su trabajo aquí? Sospecho que tiene algo que ver con que alguno en el caso se llama Planned Parenthood. Eso hace que la decisión de la Corte sea particularmente preocupante, ya que la pregunta presentada no tiene nada que ver con el aborto”, escribió. “Una conexión tenue con un tema políticamente complicado no justifica la abdicación de nuestro deber judicial. En todo caso, la aplicación neutral de la ley es tanto más importante que los temas políticos”, agregó. “Los Fundadores nos otorgaron la estabilidad vital en el cargo para promover el espíritu independiente, esencial para el desempeño fiel del papel de los tribunales como baluartes de una Constitución limitada”.

 

Pero el caso es pequeño, desde un punto de vista jurídico.E s relevante sólo para la lucha por el aborto financiado de una institución y no será la última oportunidad que escribamos sobre el tema. El mismo día el Tribunal sí aceptó revisar en cambio un caso mucho más grande, aunque también más aburrido, que podría resultar un golpe a la yugular del estado administrativo. El caso es Kisor v. Wilkiee involucra a un marineque busca beneficios retroactivos para su desorden de estrés post traumático.En su petición de revisión de la Corte Suprema, Kisor presentó dos preguntas de las que la Corte aceptó revisar una:si debe anular Auer v. Robbinsy Bowles v. Seminole Rock and Sand Co.

 

Se trata de la madre de las batallas contra la metástasis del estado administrativo. Auer y Bowles son los dos casos de la Corte Suprema que “obligan a los tribunales a respetar la interpretación razonable de la propia regulación ambigua de una agencia federal”. Son los pequeños demonios que ayudan al gran demonio -la deferencia de Chevron– en el crecimiento explosivo del poder ejecutivo.

 

Los temores iniciales acerca del autoritarismo de Trump resonaban en gran parte debido a este caso porque el Poder Ejecutivo, actuando a través de sus agencias, ha crecido hasta un punto en el que el presidente tiene una influencia desproporcionada e inconstitucional sobre la vida estadounidense.

 

Así es como funciona. El caso Chevron U.S.A. v. Natural Resources Defense Council se decidió en 1984, dos años antes de que Antonin Scalia tomara su asiento en la Corte Suprema. Su principal punto es que cuando un tribunal se enfrenta a la interpretación de un estatuto de una agencia federal debe remitirse a la opinión de la agencia siempre y cuando el Congreso no se haya “expedido directamente” sobre el tema y haya habido una “construcción admisible” del estatuto. Estas palabras de semántica frágil han conducido a una enorme cantidad de travesuras presidenciales y ejecutivas y han fogoneado el impresionante crecimiento del estado regulador. La decisión de Chevron facilitó la transformación de las agencias federales en entidades que combinan las tres funciones del gobierno (elaboración, interpretación y ejecución de leyes) y las colocan bajo el control presidencial. De hecho los temores iniciales acerca del autoritarismo de Trump resonaban en gran parte debido a este caso porque el Poder Ejecutivo, actuando a través de sus agencias, ha crecido hasta un punto en el que el presidente tiene una influencia desproporcionada e inconstitucional sobre la vida estadounidense.

 

Auer se basa en Chevron y lo amplía al exigir que los tribunales defieran a la agencia incluso si la regulación es ambigua. El resultado es un régimen de deferencia sobre deferencia que otorga a las agencias reguladoras una enorme autoridad para elaborar y luego interpretar sus propias regulaciones. Es la piedra angular de la presidencia imperial y la raíz de gran parte del autoritarismo presidencial moderno. Tal como expresara el juez Gorsuch cuando era la estrella en ascenso en el Décimo Circuito de la Corte de Apelaciones: “transferir el trabajo de decir lo que la ley dice desde el judicial al ejecutivo enciende las alertas sobre el debido proceso (la justa notificación) y la protección igual frente a la ley, cuestiones que tanto preocupaban a los Padres Fundadores si las ramas políticas habrían de entrometerse en funciones judiciales… Bajo Chevron el ciudadano común no solo debe conocer y conducirse conforme la lectura más justa de la ley que haría un juez; está obligado a conocer la doctrina Chevron, debe adivinar si el estatuto se declarará ambiguo y debe volver a adivinar si la interpretación de una agencia será considerada razonable. Incluso si la persona de alguna manera lograra sobrevivir a esto, debe permanecer siempre alerta ante la posibilidad de que la agencia invierta su visión 180° en cualquier momento basándose en el cambio de vientos políticos”.

 

Hubo un tiempo en que algunos conservadores celebraron Chevron. Incluso Scalia lo respaldó en un discurso a los estudiantes de derecho de Duke poco después de unirse al Tribunal, y hasta escribió la opinión unánime de Auer. Pero el juez estaba equivocado acerca de la doctrina y hay evidencia que lo sabía. Como señaló Adam White, de George Mason, “en los últimos años el juez Scalia expresó serias dudas sobre la deferencia judicial a las interpretaciones de la agencia de sus propias reglas”. Con el caso que aceptó revisar, esta Corte tiene la oportunidad de terminar el replanteamiento que comenzó Scalia y de comenzar el arduo proceso de reducir los poderes del presidente. La Corte puede finalmente tomar medidas serias para devolver la burocracia a la caja constitucional adecuada.

 

Si le pregunta a un gran número de estadounidenses conservadores y liberales qué palabra viene a la mente cuando escuchan el nombre de Donald Trump, la respuesta es “autoritario”. Busca el poder y no se preocupa por el proceso. Pero si Trump es un autoritario, simplemente le asestó un gran golpe a su propia agenda con los dos nombramientos que hizo a la Suprema Corte en cumplimiento de sus promesas de campaña: como jueces de la Corte Suprema, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh están resultando un cortafuegos contra la expansión del poder federal y defensores no solo de la Declaración de Derechos sino de la estructura de gobierno representativa, republicana y federal que establecieron los Fundadores.

 

La Constitución de los Estados Unidos sea posiblemente el documento más efectivo y poderoso que se haya escrito para restringir la tiranía y preservar la libertad. Los textualistas y los originalistas -y Gorsuch y Kavanaugh se encuentran entre los mejores- respetan el lenguaje del documento y la intención de sus redactores. Aplican los derechos constitucionales por igual a todos los estadounidenses, independientemente de su afiliación ideológica o resultado. Y al hacerlo, defienden los baluartes más críticos contra el autoritarismo: libertad de expresión para todos, debido proceso e igual protección ante la ley.

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