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Publicado el 08 de noviembre, 2019

Eleonora Urrutia: Reforma constitucional: Una rendición ante los violentos

Ceder en este momento a la presión para abrirle paso al asambleísmo constitucional sería legitimar no sólo los propósitos manipulativos de la izquierda sino, lo que es más grave aún, allanar el camino a futuros líderes de corte abiertamente populista que intentarán profundizar el uso personalista y anti liberal de la democracia.

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Muchos son los análisis sobre los dramáticos acontecimientos que están ocurriendo en Chile, pero aun así resulta imposible abstraerse de ellos y escribir sobre otra cosa. La mayoría de éstos interpreta los sucesos recientes en el país como un rechazo al sistema de economía social de mercado establecido en Chile en los 80 y que sacara al país de la miseria en la que lo había sumido el gobierno del comunista Salvador Allende. Nada importa que de haber sido Chile uno de los países más pobres y violentos de la región muestre ahora entre sus logros el ingreso per cápita más alto, niveles de pobreza muy bajos (del 53% a principios de los 80 a 6%), el mayor índice de desarrollo humano de la región (97% de los niños está escolarizado y el porcentaje universitario es comparable al de los países más ricos del mundo y muy por encima del promedio latinoamericano), una movilidad social ascendente (Chile es el país con mayor movilidad social entre 16 países de la OCDE en el que el 23% de los hijos de padres en el último quintil ascienden al primer quintil, es decir, pasan de formar parte del 25% más pobre al 25% más rico) y una drástica disminución de la desigualdad especialmente para el 10% más pobre donde la subida media de los ingresos ha sido del 70% (los ingresos del 10% más pobre de Chile han subido un 439% desde 1990, mientras que las rentas del 10% que más gana se aumentaron un 208%).

A su vez al momento de analizar la situación presente de salarios estancados, impuestos abusivos, delincuencia creciente, crisis migratoria y servicios públicos deficientes deciden soslayar las reformas tributarias, laboral y educacional impulsadas por la socialista Michelle Bachelet que asestaron un duro golpe al modelo de desarrollo del país, las que –junto con otras reformas realizadas incluso por el propio Piñera en su primera presidencia– llevaron al país de crecimientos cercanos al 7% a comienzos de los 90 a menos del 2% actual. Esto es, muestran una total desconexión en el análisis de causas y efectos que no sólo no explica el presente sino que ignora olímpicamente los efectos futuros en una incomprensible posición antisistema, la que sólo podría explicarse por la muestra de miseria y mediocridad de los analistas y por la existencia de movimientos políticos regionales exógenos que ven con agrado la renuncia del Presidente Piñera a manos de un socialista de línea dura. “Vamos mejor de lo que pensábamos. Estamos cumpliendo el plan”, reconoció el tirano venezolano Nicolás Maduro. Por su parte, la Secretaría General de la OEA dio también su opinión hace unos días: “Las actuales corrientes de desestabilización de los sistemas políticos del continente tienen su origen en la estrategia de las dictaduras bolivariana y cubana, que buscan nuevamente reposicionarse, no a través de un proceso de reinstitucionalización y redemocratización, sino a través de su vieja metodología de exportar polarización y malas prácticas, pero esencialmente financiar, apoyar y promover conflicto político y social”.

Esa mano negra chavista se apoya, en cualquier caso, en movimientos locales simpatizantes con modelos económicos como el que ha implementado la izquierda radical en Venezuela, con resultados conocidos: hiperinflación, hundimiento económico, colapso social, violencia generalizada… Pero en el caso de Chile es especialmente llamativo que quienes alientan la desestabilización lo hacen apoyándose en un relato absurdo, que contradice la evidencia disponible e insiste en presentar al país americano como un pozo de desigualdad y miseria.

Ceder en este momento a la presión para abrirle paso al asambleísmo constitucional sería legitimar no sólo los propósitos manipulativos de la izquierda sino, lo que es más grave aún, allanarle el camino a futuros líderes de corte abiertamente populista que intentarán profundizar el uso personalista y anti liberal de la democracia.

El dolor para la economía más exitosa de América Latina está recién comenzando. Ser incapaz de asegurar el orden y la paz social a la par que embarcarse en negociaciones con los terroristas y sus representantes políticos que piden concesiones a cambio de bajar las armas, rara vez termina bien. Sin embargo, esto es lo que parece tener en la cabeza Piñera al abrir las puertas a una reforma constitucional para dar cabida a las demandas de los socialistas, comunistas y otras minorías en la izquierda que, incapaces de ganar elecciones, acuden a la violencia pública para amedrentar y lograr sus propósitos.

Piñera se debe a sus votantes, mayoría que no está en las calles.

Si la historia de Latinoamérica sirve de algo, una reforma constitucional se llevará puesto los derechos políticos y económicos de los ciudadanos, concentrará el poder en manos de unos pocos grupos de presión y dejará al país más pobre y más injusto, siendo los grandes perdedores los pobres, a quienes se les negará el derecho a una mejor vida. Los comunistas, no solo en Chile sino en todos los lugares en los que se expresan al respecto, quieren constituciones de “marcado carácter social”, implicando todas propuestas que exigen la violación de los derechos individuales, empezando por la propiedad privada. Se llenan la boca con la palabra “derechos”, pero jamás titubean en pisotear los de los demás.

Recordemos además que mientras la Constitución de Estados Unidos sólo ha tenido 27 enmiendas menores desde 1787 -la última en 1992-, las de varios países en América Latina han sufrido grandes modificaciones o han sido redactadas de nuevo en los últimos años, siendo notorio el eje geográfico-político en el que se han producido: Nicaragua (Rafael Ortega), Venezuela (Chavez-Maduro), Ecuador (Rafael Correa) y Bolivia (Evo Morales).

Los chilenos eligieron hace menos de dos años por mayoría a un presidente de centroderecha que prometió fortalecer la economía, frente a una propuesta de izquierda que incluía la reforma constitucional donde el poder del Estado no conocía límites ni cortapisas, receta seguida por los experimentos autoritarios latinoamericanos de inspiración chavista. Ceder en este momento a la presión para abrirle paso al asambleísmo constitucional sería legitimar no sólo los propósitos manipulativos de la izquierda sino, lo que es más grave aún, allanarle el camino a futuros líderes de corte abiertamente populista que intentarán profundizar el uso personalista y anti liberal de la democracia.

Se trata de una rendición llamativa del Presidente Piñera que no calmará los ánimos de los violentos. Podrá argüir el Presidente que está respondiendo a la marcha de cerca de un millón de personas del 25 de octubre, pero resulta que no hay consenso sobre qué pedían entonces y además en su mayoría –que fueron una minoría- no votaron por él. Es entendible esta postura como político; finalmente quiere ser querido y aceptado y no correr ningún riesgo a futuro frente a un potencial juez Garzón. Pero el mecanismo democrático que tiene el país para regular la vida en común son las elecciones y Piñera se debe a sus votantes, mayoría que no está en las calles. Acordar ahora reformar la constitución debido a la violencia e intimidación es un acto equivocado de cobardía. Porque además no todas las demandas pueden ser solucionadas por el Estado, y muchas de ellas ni siquiera responden a asuntos económicos.

La política pública chilena puede ser mejorada de muchas maneras, por ejemplo, permitiendo que el país vuelva a crecer. Lo que no va a pasar nunca es que los problemas que existan sean solucionados por el socialismo porque es un sistema que promueve la envidia y el resentimiento y que no genera riqueza. Es todo un tema para pensar de parte del Presidente antes de abrirle gratuitamente las puertas a la izquierda y permitir que destruya un acuerdo social que ha sido el que más grandeza le ha dado a Chile. De alguna manera, en su primer mandato pavimentó el camino a las reformas de ese sector para que Bachelet las implementara; ahora podría darse la paradoja de que sea él quien complete la tarea que -según ellos- quedó inconclusa.

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